Si no es un delito de lesa humanidad al menos Keith Rowley demostró que es capaz de mandar al infierno a 16 niños desamparados, nacidos apátridas en la pobreza convocada por un cartel narcoterrorista, invisibles jurídicamente ante la opción nula de que un Estado vele por sus derechos, en medio de una de las peores crisis generadas por genocida alguno en el siglo 21, con tal de recibir su parte del suministro de gas prometido por Maduro.
Los deportó sin el mínimo tratamiento especificado según las instancias internacionales que velan por los derechos humanos, como desechos con vida inútil, obligados a abordar en botes precarios sin equipos salvavidas, mientras arreciaba una fuerte tormenta con alertas de vientos huracanados, sin comida ni agua, en un claro irrespeto por la vida humana.
Reportados como desaparecidos en altamar, los niños con altos niveles de deshidratación fueron rescatados ante la indignación del mundo civilizado que aún existe.
Fueron encontrados en La Barra de Mariusa, una pequeña isla desierta al límite con Venezuela, donde los esperaba un campo de concentración para aislarlos por más de 40 días bajo la excusa de la pandemia. Cuando se percataron del daño cometido los devolvieron a la isla para encerrarlos en una celda como criminales comunes.
La magistrada de Trinidad y Tobago, Avanson Quinlan Williams, había presentado un recurso para evitar la deportación del que hicieron caso omiso.
Quinlan Williams repudió el acto inhumano cometido por el primer ministro Keith Rowley, por desentenderse y no tener una respuesta clara sobre el paradero de las 29 personas (los niños y sus madres) que estaban bajo su responsabilidad como jefe de Estado.
No es la primera vez que se acusa al actual gobierno de Rowley de incentivar el maltrato contra los venezolanos que han huido a Trinidad, así como lo han hecho por Colombia para abrirse paso por toda Suramérica, Centroamérica, Europa y buena parte del mundo.
El desespero es tan grande que pocos entienden que se trata de la crisis migratoria más contundente del siglo 21. La ONU se queda corta al estimar en más de 5 millones el éxodo de venezolanos desde el 2015 por la aguda crisis que vive el país con 3 años de hiperinflación, sin servicios básicos, hambre, miseria, persecución, violencia y sin Estado de derecho.
La mayoría no posee documentos porque el régimen se los niega. No tienen como salir del país porque están secuestrados. Los que logran huir deben enfrentarse a otro infierno si lo hacen por Trinidad y Tobago, donde la persecución, humillación y maltrato de los venezolanos fue convertida en política de Estado.
Las mujeres venezolanas son asesinadas sin que impere la justicia, la xenofobia y el racismo por las condiciones miserables de la mayoría de los que huyen ha sido impuesto como una normalidad, incluso la amenaza contra aquellos que lograron sus papeles en regla. Los migrantes venezolanos son víctimas de maltrato por funcionarios policiales de la isla sin que medie un pronunciamiento oficial de las autoridades de Trinidad y Tobago ni de la dictadura de Nicolás Maduro.
Keith Rowley gobierna desde el 7 de septiembre de 2015 ayudado por la marea de recursos fáciles que le inyectan desde Venezuela representada ahora por Maduro.
Miembro del CARICOM que entregó su voto en las asambleas de la OEA y la ONU para favorecer todas las políticas del chavismo cuando correspondían a cambio de una tajada en el negocio del “petróleo to go”, esa ayudita cómplice que sirve para obtener recursos en los mercados internacionales, Rowley firmó recientemente, en el inicio de su segundo período obtenido en el 2020, un acuerdo con Maduro para que Venezuela suministre gas natural a las islas gemelas.
A pesar del rechazo internacional, el primer ministro de Trinidad y Tobago se ha mantenido firme partidario del gobierno de Maduro.
De hecho, se niega a etiquetar como refugiados a los venezolanos por temor a molestar al dictador venezolano, tal como lo expuso recientemente Rodney Charles, un legislador de la oposición en Puerto España, quien ha señalado que a pesar de los informes del hambre, la persecución a opositores y la miseria en Venezuela, Rowley se niega a reconocer que existe un problema y mantiene un pacto con el régimen para expulsar y entregar a todos los venezolanos que intentan huir desde el oriente del país.
Según el ex Ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago, Mariano Browne, Rowley seguirá persiguiendo y entregando venezolanos a costa del acuerdo para construir un gasoducto submarino entre Venezuela y Trinidad, con el que intenta reactivar el vital sector de gas natural de la isla
“Es una de las razones por las que este gobierno anda de puntillas con Maduro porque hay un interés monetario o pecuniario en adquirir gas venezolano. Y no quieren hacer nada que altere al gobierno venezolano”, subraya Browne.
Y ha sido parte de la política de chantaje del chavismo en el Caribe gracias a Petrocaribe, el Caricom y otros acuerdos logrados por Chávez y Fidel para obtener el apoyo internacional con el voto de los pequeños y sumisos países del Caribe.
Lo irónico es que con el petróleo y el gas de los venezolanos la dictadura de Maduro compra el rechazo de pequeños mercenarios políticos como Keith Rowley, contra aquellos que buscan ayuda y pretenden migrar por la isla que tantos recursos ha recibido de Venezuela.
Pero la abominable actitud del gobierno de Trinidad y Tobago ha provocado un repudio mundial por el poco respeto demostrado ante la vida de los niños venezolanos despojados de patria y futuro. En esta oportunidad quedó al descubierto el verdadero político que cambió su reputación por unas monedas entregadas por el cartel del crimen que se rehúsa a abandonar el poder en Venezuela.
@damasojimenez
