Los venezolanos se debaten entre votar o no votar en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El régimen ilegal de Maduro busca con estos comicios apropiarse de la última autoridad constitucional reconocida por 60 naciones como el único poder legítimo que queda en el país. En consecuencia, 27 partidos políticos que conforman el grueso de la oposición –incluyen a todos los que actualmente tienen representación en la Asamblea Nacional al margen del chavismo– decidieron no participar en lo que han llamado una farsa electoral. Mientras que los que están agrupados en lo que se conoce como “la mesita” o mesa nacional de diálogo, que participaron en el proceso electoral presidencial ilegítimo de 2018, van a concurrir.
Votar o no votar es una decisión que expresa la voluntad política del ciudadano. Recordemos que las elecciones constituyen uno de los pilares fundamentales de la democracia. Otorgan legitimidad de origen al ganador o ganadores de la contienda electoral, cuando esta es libre, justa y transparente.
La ilegitimidad de Maduro como presidente de Venezuela se basa precisamente en la violación de estas garantías. Resultó ganador de unos comicios realizados el 20 de mayo de 2018 que no contaron con la participación de todos los actores políticos de Venezuela y que no cumplieron en absoluto con los estándares internacionales de un proceso verdaderamente democrático.
Hoy, el sucesor de Chávez sigue actuando como autoridad de facto desde Miraflores, aun cuando 60 gobiernos democráticos reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela por su condición de presidente de la Asamblea Nacional, quien asume el mando en caso de usurpación, de acuerdo con la Constitución.
Desde 2019, la coalición internacional y el gobierno interino han aprendido y desarrollado capacidades para solucionar de manera pacífica la actual crisis en el país. El “Marco para la transición democrática y pacífica en Venezuela” de Estados Unidos del 31 de marzo 2020 apunta en ese sentido. Ofrece un camino para poner fin al sufrimiento del pueblo causado por la gravísima situación política, económica y humanitaria, y abre una vía hacia un futuro mejor para Venezuela.
No votar el próximo 6 de diciembre permitirá seguir construyendo consenso para la restauración del orden democrático en Venezuela. Los 60 países que desconocen a Maduro como el presidente de la nación seguirán adoptando, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras necesarias para restablecer la democracia.
Lo contrario, votar el 6 de diciembre, reforzará la contranarrativa de que Venezuela es un país democrático. Además, pondrá en tela de juicio la ilegitimidad de Maduro.
En este momento histórico es necesario seguir con la estrategia utilizada en la elección presidencial de 2018.
En el ámbito internacional ha permitido avanzar en el aislamiento de Maduro, y asegurar la disponibilidad de los activos de la nación, ubicados en Gran Bretaña (oro) y Estados Unidos (Citgo), para un futuro gobierno democrático. Además de consolidar la realidad de la ilegitimidad de origen para seguir ejerciendo el poder en Venezuela.
El fantasma de la abstención en las elecciones legislativas de 2005 no debe conducir a la participación en los próximos comicios, así como tampoco que “el venezolano quiere votar”. Son argumentos que rompen el respaldo internacional al esfuerzo de restablecer la democracia en Venezuela.
Si la elección del 6 de diciembre fuese a incrementar la probabilidad de ocurrencia de la transición hacia la democracia, votar sería la vía para recuperar el país.
En este sentido el comunicado ante las elecciones parlamentarias de la Conferencia Episcopal Venezolana invita a votar. “A pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá́ vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno”.
Pero votar legitimaría a Maduro y debilitaría la unidad de propósito de los 60 países con la causa de la restitución de la democracia en Venezuela.
Algo similar ocurrió de 2016, cuando la marcha a Miraflores fechada para el 3 de noviembre fue suspendida, hasta nuevo aviso, a petición del papa Francisco en una llamada a Henrique Capriles. Era el momento de mayor fortaleza de la oposición democrática. Venía de barrer en las elecciones parlamentarias el año anterior. El referéndum revocatorio presidencial a mitad de período contaba con la aprobación de la mayoría de los venezolanos –la solución pacífica a la crisis–. Sin embargo, la mediación del pontífice desmovilizó la protesta y sostuvo a Maduro en el poder, ganando tiempo al “enemigo”.
Votar no es la solución hoy. No hacerlo permitirá a los 60 países y las fuerzas democráticas seguir labrando el futuro democrático de Venezuela. Por lo que ante la cuestión votar o no votar, la respuesta es no votar.
@antdelacruz
Director Ejecutivo de Inter American Trends
