El dueño del extinto, Pilatus Bank, quien fue hallado culpable por un jurado en Nueva York por cargos de lavado de dinero, fraude bancario y violación de las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro a Irán, Ali Sadr Hasheminejed se salió con la suya, al lograr que el gobierno estadounidense le quitara los cargos alegando que supuestamente carece de recursos para ir a la apelación.
Ali Sadr Hasheminajed fue condenado por un jurado el 18 de marzo de 2020 por graves delitos financieros. Durante las audiencias frente al jurado, el iraní se presentó como un gran admirador y seguidor del expresidente Barack Obama, un enemigo del régimen de los Ayatolas islámicos, un torturado ‘física y mentalmente’ por el gobierno del Mohammad Khatami y perseguido por el exmandatario Mahmoud Ahmadinejad. La historia, que incluyó lágrimas, no fue creída por el panel de jurados que se centró —únicamente— en las evidencias presentadas por la fiscalía y no en las incoherentes confesiones de Sadr y los argumentos de sus abogados: Reid Weingarten, Brian Hebeling y Bruce Bishop de Steptoe.
Los fiscales neoyorquinos ganaron su caso contra Sadr y el millonario fue condenado por cinco cargos criminales, incluida la conspiración para cometer fraude bancario y hacer declaraciones falsas a funcionarios federales. La acusación se centraba en que Sadr había participado en un plan para canalizar ilegalmente $ 115 millones en pagos por un proyecto de construcción del régimen venezolano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a personas y empresas iraníes.
Este viernes 5 de junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. tomó una decisión inusual de retirar los cargos contra un prominente banquero iraní que ha estado vinculado en otros países a escándalos de lavado de dinero. Extrañamente, los fiscales en Nueva York dijeron que «no tenían los recursos para continuar procesando el caso en apelación».
La inexplicable decisión del Departamento de Justicia es difícil de entender porque el caso fue el resultado de una investigación que se inició en 2013. La sentencia de Sadr estaba prevista para agosto de 2020.
El equipo de abogados de Sadr presentó ante el tribunal varias mociones sobre el manejo de las pruebas por parte de los fiscales en el caso, incluidas preguntas sobre si los abogados del gobierno de los Estados Unidos habían revelado adecuadamente las pruebas que tenían a los abogados de Sadr.
El fiscal de los Estados Unidos en Nueva York, Geoffrey Berman le pidió al juez que desestimara el caso, diciendo que reconocía que Sadr habría seguido diferentes estrategias legales si se le hubieran revelado durante el juicio.
Geoffrey Berman dijo que había considerado para la decisión la cantidad de recursos que se necesitarían para abordar los problemas en el tribunal de apelaciones y tomó la determinación de que «no sería en interés de la justicia seguir procesando el caso».
El fiscal se pronunció cuando ganaron el caso en marzo 2020
El Fiscal Berman había dicho que la justicia había logrado su objetivo cuando Ali Sadr Hasheminejad fue condenado después de un juicio con jurado de dos semanas.
Berman dijo que el jurado comprendió como Sadr H. organizó un plan de varios años para canalizar más de $ 115 millones en pagos relacionados con un proyecto de construcción en Venezuela, a través del sistema financiero de los EE. UU., para beneficio de la empresa familiar iraní de Sadr, en violación de las sanciones de los EE. UU. contra Irán.
El fiscal sostuvo que «el Gobierno estableció en el juicio que estos pagos beneficiaron a las personas y entidades iraníes, incluida la Compañía de Vivienda Internacional de Irán y su propietario iraní, Mohammad Sadr Hasheminejad (padre de Sadr)».
Berman afirmó en marzo 2020: “El jurado descubrió que Ali Sadr Hasheminejad creó una red de compañías y cuentas bancarias para enmascarar los negocios iraníes en Venezuela y evadir las sanciones de Estados Unidos. Durante años, Sadr utilizó compañías de fachada en Suiza, Turquía y San Cristóbal y Nieves para ocultar el hecho de que $ 115 millones en pagos que eran realmente para su negocio familiar y parientes en Irán. La condena de Sadr muestra que las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán son reales, y los infractores serán expuestos y procesados».
Según la acusación, la evidencia presentada durante el juicio, los documentos judiciales y las declaraciones en audiencia pública el gobierno logró demostrar lo siguiente:
A partir de 1979, el presidente de EE.UU., de conformidad con la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia («IEEPA»), encontró repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior y la economía de los Estados Unidos y declaró una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza. De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Este régimen de sanciones prohíbe, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a los Estados Unidos o personas de los Estados Unidos destinadas al Gobierno de Irán o entidades y personas iraníes.
En agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela (Hugo Chávez Frías) celebraron un acuerdo, mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. Al año siguiente, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo mediante la celebración de un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistiría en la construcción de unidades de vivienda en Venezuela.
El Proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo.
En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Compañía de Vivienda Internacional de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto en Venezuela.
Posteriormente, IIHC celebró un contrato con una subsidiaria de la compañía energética estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que solicitó a IIHC que construyera 7,000 unidades de vivienda en el estado Zulia a cambio de aproximadamente $475 millones. Stratus Group creó el Comité del Proyecto Venezuela en Teherán para supervisar la ejecución de dicho Proyecto. Ali Sadr fue miembro fundador del Comité y fue responsable de administrar las finanzas del Proyecto.
En relación con su papel en el Proyecto, Sadr tomó medidas para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos y defraudar a los bancos estadounidenses al ocultar el papel de las partes iraníes en los pagos en dólares estadounidenses enviados a través del sistema bancario estadounidense. Por ejemplo, en 2010, Sadr y un co-conspirador, usaron los pasaportes de San Cristóbal y Nieves y una dirección de los Emiratos Árabes Unidos para incorporar dos compañías de fachada fuera de Irán para recibir pagos en dólares estadounidenses relacionados con el Proyecto en nombre del IIHC.
La primera entidad, Clarity Trade and Finance, se incorporó en Suiza, y la segunda, Stratus International Contracting, J.S., alias «Stratus Turkey», se registró en Turquía. Ambas empresas de fachada eran propiedad y estaban controladas por Ali Sadr y por los miembros de su familia en Irán, incluido su padre Mohammad Sadr.
Posteriormente, Sadr y otros llevaron a cabo una serie de transacciones financieras internacionales utilizando a Clarity y a Stratus Turkey en beneficio de las partes iraníes de una manera que ocultaba el nexo iraní a los pagos, en violación de las sanciones económicas de los EE. UU. Específicamente, entre abril de 2011 y noviembre de 2013, PDVSA, bajo la dirección de Sadr y otros conspiradores, realizó aproximadamente 15 pagos a IIHC a través de Stratus Turkey o Clarity, totalizando aproximadamente $ 115 millones.
Durante ese tiempo, Sadr tomó varias medidas para ocultar a los beneficiarios iraníes de estos fondos, incluyendo: (1) cambiar el nombre de la Compañía de Vivienda Internacional de Irán a solo las iniciales, IIHC; (2) ordenar a los empleados que eliminen sitios web y artículos de Internet donde aparecía el nombre de Irán o Iranian; (3) mentir sobre los propietarios de las empresas de fachada cuando los bancos lo solicitan; y (4) alterar los comprobantes de pago y los contratos anteriores para engañar a los bancos sobre la fuente de los fondos. Sadr y otros conspiradores, también ordenaron específicamente que los pagos se enrutaran a través de bancos en los Estados Unidos a las cuentas bancarias de Stratus Turquía o Clarity en una institución financiera en Suiza (Hyposwiss Private Bank AG).
La mayoría de los fondos se transfirieron luego a otra entidad offshore ubicada en San Cristóbal y Nieves, que había sido incorporada por Ali Sadr y Mohammad Sadr en 2009.
Mohammad Sadr Hasheminejad, padre del banquero convicto por crímenes financieros y violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
Entre 2011 y 2013, las compañías principales de Sadr enviaron más de $ 8.6 millones directamente a los Estados Unidos. Algunos de esos fondos se utilizaron para comprar bienes inmuebles en California en beneficio de la familia Sadr.
El convicto
Ali Sadr, de 40 años, nació en Irán. Fue condenado en el juicio por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, un cargo de conspiración para violar la IEEPA, un cargo de fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y un cargo de lavado de dinero. Sadr fue declarado no culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Caso del veterano Michael White y el de Alí Sadr
Llama la atención que el 4 de junio de 2020, el régimen de la República Islámica de Irán autorizó la salida del país del estadounidense Michael White, veterano de las Fuerzas Armadas que había sido condenado a 13 años de cárcel islámica, un día después de que llegase a Irán un científico retenido en Estados Unidos y de que ambos gobiernos negasen que hubiesen pactado canje alguno.
White fue el primer marine detenido y condenado por el régimen iraní durante el gobierno de Donald Trump en 2018. Fue acusado entre otros cargos, por insultar al líder supremo de la República Islámica, el ayatollah Alí Khamenei.
El Departamento de Estado norteamericano confirmó en marzo que había abandonado la cárcel por razones médicas, pero debía permanecer bajo custodia de la Embajada suiza, que representa los intereses diplomáticos de Washington en Teherán.
El presidente Donald Trump celebró el regreso de White. Fuentes consultadas han señalado de manera extraoficial a Venezuela Política que el hecho que el gobierno haya eliminado los cargos al banquero Ali Sadr y lo haya puesto en libertad, luego que el jurado lo halló culpable de graves crímenes financieros «corresponde a un acuerdo, a un intercambio entre los Estados Unidos y el régimen iraní». Es decir, que la libertad de Michael White fue a cambio de la liberación de Ali Sadr.
@maibortpetit
