La mayoría parlamentaria, en Sesión Ordinaria, condenó por unanimidad la inconstitucional sentencia N°65 dictada por el ilegitimo Tribunal Supremo de Justicia en contra de la legitimidad de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y ordena remitir el Acuerdo reglamentario aprobado ante la Fiscal General de la República (FGR), a los fines de presentar las querellas o enjuiciamientos que corresponda de conformidad con las disposiciones legales, en contra de las actuaciones de los diputados Luis Parra, Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega y demás parlamentarios de la bancada oficialista, junto a los supuestos magistrados suscritores del referido dictamen, “los cuales pudieron constituir delitos”.
De igual forma, rechaza la írrita designación de la junta directiva de la AN para el periodo 2020-2021 comformada por los diputados Luis Parra, presidente; Franklyn Duarte, primer vicepresidente y José Gregorio noriega, como segundo vicepresidente; y declara dicha decisión “nula, ineficiente e inexistente que viola los artículos 194 de la Constitución de Venezuela y el Reglamento Interno de debates de la Asamblea Nacional.
A su vez, el texto expresa el rechazo categórico a la amenza de enjuiciar a cualquier persona pública o privada por cometer supuesto desacato por la instalación del legítimo parlamento de forma virtual.
De igual manera, acuerda alertar sobre las amenazas de privación de libertad y persecución política por parte del fraudulento TSJ contra el parlamento en contra de los diputados trabajadores y personas que facilitan la materialización de las sesiones parlamentarias, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Oficina del Alto Comisionado de DD-HH de la ONU; Unión Interparlamentaria Mundial; Parlatino; Parlasur y Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU.
No acatarán ninguna medida inconstitucional
En el debate, el diputado William Dávila, subrayó que esta acción constituye un crimen contra la soberanía nacional originado por un espurio TSJ, presidido por unos “prófugos” de la justicia internacional, que dicta una sentencia que busca desvirtuar la dirección de la función juridicional para otorgar al usurpador Nicolás Maduro, una Asamblea Nacional, “que avale todos sus improperios y abusos de poder”.
Dijo que los diputados “traidores” que se prestaron a conformar un parlamento ilegítimo, siempre serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia de Venezuela, pues en contubernio “quieren nombrar el nuevo CNE, a espaldas de los intereses de la soberanía popular”.
Por otra parte, añadió que utilizan un acta que uno de los diputados “traidores”, consideró que había sido sustraída, para justificar un quórum que nunca existió, y además revive la figura de un mini diálogo traidor para considerar la invalidez de la AN.
El parlamentario Dávila aseguró que no acatarán ninguna medida del TSJ y que continuarán realizando las sesiones virtuales mientras esté en vigencia el aislamiento social producto del Covid-19.
131 sentencias en contra de la AN
Entre tanto, la diputada Delsa Solórzano, denunció que el régimen ha ordenado a través del espurio TSJ, emitir 131 sentencias en contra de la legítima Asamblea Nacional, con el propósito de pretender acabar con el único poder independiente y democrático que existe en Venezuela y a su vez, quitar a Juan Guaidó, quien no solo encabeza la Junta Directiva del parlamento, sino que ocupa la Presidencia Encargada de la República, cumpliendo con el mandato constitucional estipulado en el artículo 233.
“El régimen ordenó al escritorio jurídico que usurpan el edificio donde funciona TSJ, emitir una decisión más, disfrazada de sentencia, un papelito mal hecho por malos abogados, que pretende cerrar la Asamblea para decirle al pueblo, que no tienen quien luche, por ustedes”, fustigó.
Por el contrario, reiteró “que los diputados no se rinden y seguirán luchando por los derechos de los ciudadanos”, aseverando que “está nación no quedará sola a merced de la bota militar que nos oprime y, que además, es cómplice de grupos terroristas con los cuales se sostiene indebidamente en el poder”.
Violación del artículo 138 de la Constitución
Prosiguió, el diputado Rafael Veloz argumentando que este adefesio jurídico y otros actos en contra de la AN que comete la administración de justicia venezolana al servicio del régimen madurista, viola el artículo 138 de la Constitución que dispone que: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.
Alertó que el régimen intenta a través de la Sala Constitucional del TSJ usurpado, desconocer a Juan Guaidó y la directiva legítima de la Asamblea Nacional; posteriormente, pretenderán ordenar las detenciones arbitrarias de los parlamentarios que infrinjan la írrita sentencia al considerarlos que cometen desacato y reveló que esta decisión “ya estaba tomada a principios del mes de enero, por la vía de los hechos”.
Solicitó denunciar las acciones arbitrarias del bufete judicial pesuvista ante la Relatoría Especial para la Independencia del Poder Judicial de Naciones Unidas; Federación Latinoamericana de Magistrados; Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana; Parlasur y Parlatino.
Veloz recordó que el pasado 5 de enero por orden del régimen fue militarizada los accesos del Palacio Federal Legislativo, sin embargo no impidió que más de 100 diputados, cumpliendo el Reglamento de Interior y Debates de la AN, y con el quórum válido reglamentario, procedieron a realizar la votación nominal eligiendo y aprobando unánimemente la designación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional conformada por los diputados Juan Guaidó Márquez, como Presidente; Juan Pablo Guanipa, como primer vicepresidente; y Carlos Berrizbeitia, como segundo vicepresidente, respectivamente.
Afirmó que “Venezuela es un estado forajido, donde no hay respeto a los derechos humanos, ni al Estado Derecho, se incumple la Constitución y los tratados internacionales, eso lo sabe el mundo”.
Múltiples amenazas y hostigamientos
El diputado Juan Pablo Guanipa, primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional se refirió a los hechos inconstitucionales que perpetró la dictadura en contra del Poder Legislativo desde el año 2015 entre las cuales mencionó: la designación de los magistrados del espurio TSJ; la defenestración de los diputados de Amazonas; anulación de leyes discutidos con rigor parlamentario; la declaratoria de desacato y anulación de sesiones futuras de la AN; ofensiva en contra de los parlamentarios que se traduce en persecución, exilio, cárcel, allanamiento írrito de inmunidades; intento de compra de diputados con millones de dólares de la nación para cambiar la configuración política de este cuerpo legislativo.
Aseveró que la dictadura chavista-madurista desde el año 2015, cuando fueron electos diputados a la AN, desarrolló “una estrategia inescrupulosa” para impedir el ejercicio de nuestras funciones constitucionales, “con el único objetivo de no tener contrapeso e imponer un régimen de proscripción de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales”.
Afirmó que en Venezuela no hay Tribunal Supremo de Justicia, porque la dictadura ha destruido la institucionalidad y ha puesto a su servicio la administración de justicia.
Recalcó que la única Asamblea Nacional legítima en Venezuela que sesiona todas las semanas los problemas del país, está presidida por Juan Guaidó junto a diputados electos por los ciudadanos.
A su juicio, “la farsa del TSJ, es el órgano chavista- madurista que sirve para perseguir diputados e instaurar un régimen totalitario en nuestro país, por eso se atreven a publicar sentencias sin fundamento que violan la justicia, el derecho y la lógica.
“Esta dictadura tiene que terminar por el bien de Venezuela. A estos delincuentes tenemos que expulsarlos de los cargos que usurpan para lograr que Venezuela transite por la senda de la sensatez, progreso y bienestar “, dijo a su vez, señaló que “el socialismo del siglo XXI es una plaga que ha atacado a toda nuestra sociedad. Es un virus peligroso que nos puede atacar por igual”, reiteró.
Respaldo al parlamento
Posteriormente, el diputado Luis Barragán en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio, manifiesta su rotundo rechazo a la “temeraria” decisión del ilegítimo TSJ, que pretende criminalizar a los parlamentarios electos por medio del voto universal, libre y secreto en los comicios legislativos celebrados en el año 2015.
De igual forma, se solidarizan con toda la ciudadanía venezolana que recurre y respalda a la Asamblea Nacional, único órgano independiente y legítimo del Poder Público, que ha dado testimonio de entereza y coraje necesario para seguir en defensa de las libertades públicas a las que aspira toda Venezuela como es: la democracia y la libertad.
Barragán señaló que, a pesar que el régimen despojó de forma arbitraria e injusta, a los parlamentarios de la sede física de la Asamblea Nacional, tuvieron que legislar en plazas y teatros reconocidos de la gran Caracas. No obstante, ante la llegada de la pandemia universal del coronavirus, indicó que el parlamento recurrió a los medios virtuales, “sin restarle de modo alguna eficacia política ni jurídica a los debates y decisiones adoptadas por la Cámara legislativa”.
AN indetenible con Guaidó
La legisladora Delsa Solórzano aseguró el parlamento legítimo y sus diputados continuarán firmes en la lucha y con usted a la cabeza- Presidente Juan Guaidó-, vamos a seguir transitando en el camino hacia la paz, la democracia, la libertad y el progreso. No existe ningún dictador silencie las voces de los diputados libertarios de la Asamblea Nacional de Venezuela”.
La diputada Mariela Magallanes en nombre del partido Causa R reafirmó que las arremetidas ofensivas en contra de la institucionalidad del parlamento siempre serán rechazadas por la comunidad internacional y nos solidarizamos con el presidente Juan Guaidó y con nuestros diputados democráticos y sobre todo con los colegas parlamentarios que están encarcelados por luchar por la libertad de Venezuela.
Para concluir, los diputados Rafael Veloz y William Dávila, proponen que para rescindir de este período de oscurantismo de la historia venezolana, es primordial la unidad de los venezolanos y la conformación urgente de un “Gobierno de Emergencia Nacional que permita reconstruir los canales de participación ciudadana para que se produzca un proceso electoral presidencial con garantías constitucionales y así sacar del poder a estos forajidos”.
