La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional entregó cartas que exoneran a Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, cabeza principal del Grupo 7C C.A. y otras empresas, de supuestos hechos de corrupción denunciados en el ente parlamentario por los diputados Richard Arteaga y Conrado Pérez. Ceballos Jiménez aparece mencionado en varios casos de corrupción y lavado de dinero, incluyendo, el informe del Banco Central de Curazao y San Martín relacionado con la intervención del Banco del Orinoco, N.V, propiedad del banquero Víctor Vargas.
La investigación de la Comisión de Contraloría
Hace un año — específicamente el 2 de diciembre de 2018— se produjo una declaración del diputado de Primero Justicia, Richard Arteaga, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde anunciaba que se había abierto una investigación sobre la venta de unos terrenos en Barcelona, estado Anzoátegui, donde habría supuestas irregularidades.
Arteaga es uno de los 12 diputados que aparecen involucrados en la trama de corrupción vinculada al empresario colombiano, Alex Saab, y a su asociado, Carlos Lizcano. Los parlamentarios entregaron a Saab su socio unas misivas donde se establece que fueron exonerados de las investigaciones supuestamente realizadas por los parlamentarios. Las cartas de buena conducta son utilizadas por sus portadores como escudo protector ante las denuncias y acusaciones judiciales en su contra. El escándalo llevó a que el presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, anunciará la intervención de la Comisión de Contraloría y la separación temporal de sus cargos de los parlamentarios involucrados. Ver detalles aquí.
Ceballos Jiménez pasó de acusado a exonerado
Como referimos al inicio, en diciembre de 2018, el diputado Arteaga declaró que la Comisión de Contraloría adelantaba averiguaciones de lo que denominó el caso “Acapulco venezolano”.
El parlamentario explicó que este caso “es un entramado de corrupción” en el que empresarios, en complicidad con el ex alcalde de Barcelona, Guillermo Martínez y una la representación de la empresa Kamacuto, adquirieron terrenos del ejido municipal “a precios de regalía para comerciarlos en 250.000 dólares por hectárea, y que en su totalidad se calculan 3.000 hectáreas vendidas”.
Arteaga declaró que la Comisión de Contraloría llamó a comparecer al empresario Alejandro Ceballos “para que explique sus vínculos con la firma Kamacuto, así como para aclarar alianzas de la empresa Inversiones Alfamaq, propiedad de un familiar de Ceballos, con el empresario Franklin Durán, vinculado con Antonini Wilson y Gold Reserved”.
El parlamentario dijo que Ceballos Jiménez ya tenía un expediente por presuntas irregularidades en sectores económicos de la CVG, relacionado con la empresa Grupo 7C, responsable del saneamiento del río Guaire, por 430 millones de dólares, en la gestión de Jacqueline Farías.
A principios de 2019, se informó que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), continuaba con las investigaciones de corrupción que afectan a instituciones del país, entre ellas la que forma parte del caso que se ha identificado como «Acapulco Venezolano».
El 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una comunicación a la empresa Grupo 7C, C.A. donde se informa que ese ente parlamentario inició una investigación sobre la empresa KAMACUTO, C.A. en virtud de los señalamientos hechos por el diputado Richard Arteaga donde se presume irregularidades administrativas en la concesión de terrenos ejidos municipales para la ejecución de un complejo recreacional del Caribe denominado «La Gran Barcelona». En la misma se señala al Grupo 7C. C.A como acreedora de los terrenos, y careciendo de evidencias reales que permitan demostrar la veracidad de los señalamientos. Por ello se determinó la IMPROCEDENCIA del caso y se decidió no continuar con la investigación al respecto.
El mismo 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría envió una carta firmada por el diputado Freddy Superlano en la cual se informa a Alejandro Ceballos, presidente de la empresa Grupo 7C, C.A., que «sobre la investigación sobre presupuestas irregularidades administrativas cometidas en el extravío de 500 millones de dólares destinados para potenciar las plataformas de las Empresas Básicas de Aluminio y para ventas a futuro de aluminio, por parte del ciudadano Rodolfo Sanz, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y ex ministro de Industrias Básicas y Minería y por la ciudadana Lina Marcano, ex gerente de administración y finanzas de la (CVG), en la misma se pudo establecer una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión. Por tales motivos, se determinó la IMPROCEDENCIA del caso, y a su vez vez, hemos decidido que tanto su persona como su empresa, nada tiene que ver con la investigación que se lleva respecto al caso».
El 13 de mayo de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, emitió otra carta donde se le informa a Ceballos Jiménez que «la investigación realizada sobre el Saneamiento del Río Guaire, una obra adelantada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente por un monto de 430 mil dólares». Al respecto señaló que ese ente parlamentario «no pudo establecer, una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión y por tanto se determinó la IMPROCEDENCIA del caso, y se decidió que tanto Ceballos Jiménez como la empresa Grupo 7C, C.A. nada tienen que ver con el caso señalado».
El caso de los 500 millones de $ de la CVG
Una denuncia consignada el 29 de abril de 2010, ante el Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Ciudad Guayana, interpuesta por el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana de Aluminio (SUTRAPUVAL), Manuel F. Díaz señala que Alejandro Ceballos participó en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano. En esta denuncia también se menciona al bolichicho (señalado del gigantesco caso de corrupción en el sector eléctrico de Venezuela), Leopoldo Alejandro Betancourt López.
Los compradores a futuro transfirieron los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax… Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de éste, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”, señala la denuncia.
El dueño del Portal, Carlos Herrera aparece entre las personas mencionadas en el reportaje del Armando.info que destapó la crisis e intervención de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ver detalles aquí.
Conrado Pérez pidió enjuiciar a Alejandro Ceballos y repatriar los capitales robados.
Pérez declaró que la Asamblea Nacional «solicitó la congelación de las cuentas bancarias de los mismos, así como títulos, valores e inversiones que mantengan los ciudadanos y la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad» del caso.
El diputado dijo que «el Parlamento venezolano autorizó a esta Comisión para que hiciera la denuncia ante los órganos jurisdiccionales de Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China y países que conforman la Unidad Económica Europea».
Recordó que «la actuación de la Comisión de Contraloría estaba basada en lo dispuesto del numeral 3 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que es un deber ineludible de los Miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el control sobre el Gobierno y la administración Pública Nacional».
Asimismo, dijo que «la acción se realizaba dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que le otorga la función de la vigilancia, Control y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las entidades Públicas Sujetas a su Control».
Pérez sostuvo que «el artículo 65 del Reglamento faculta a la Comisión a dar inicio a las investigaciones, sustanciar y emitir un informe definitivo sobre las denuncias que se propongan ante su seno».
Explicó el parlamentario que «la denuncia presentada en contra de Rodolfo Sanz, en su condición de ex Ministro de Empresas Básicas y Minería de la República Bolivariana de Venezuela y Johel Orta Moros, es por estar relacionados con la presunta emisión y negociación de bonos emitidos por la empresa CVG, colocación de oro de la también empresa Nacional Minerven y negociación fraudulenta de cabillas, todo ello en perjuicio del Estado venezolano».
Argumentó que «debido a la gravedad de los hechos denunciados que involucran el interés público y patrimonio de la Nación se había dado inicio a la apertura del procedimiento correspondiente para la determinación de la responsabilidad política, administrativa de los funcionarios públicos y terceros que aparezcan relacionados con esos hechos e incluso la solicitud de apertura de la averiguación penal ante los órganos jurisdiccionales, de ser procedente».
Caso «Acapulco Venezolano»
En el año 2018 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció el inicio de investigaciones al llamado “Acapulco Venezolano” por presuntos hechos de corrupción.
En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la delegación permanente, explicó que el caso del “Acapulco Venezolano” fue una estructura de presunta corrupción entre funcionarios públicos de la provincia de Anzoátegui y empresarios vinculados al gobierno chavista.
El diputado Arteaga declaró sobre la consignación de un informe ante la Comisión de Contraloría, donde se destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de autoridades de la Alcaldía de Simón Bolívar en la provincia de Anzoátegui, denominada KAMACUTO C.A., donde aparecían como directores Zelim Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecían al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscilaba los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma alcaldía.
Arteaga denunció ventas con un 10.000% de sobreprecio”. Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del ex-alcalde Guillermo Martinez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán. Otro vinculado al caso, por el que todavía no se han impuesto sanciones, sería un abogado de nombre Augusto Adolfo Calzadilla. La trama de corrupción conllevó la repartición, saqueo y venta de terrenos en una zona donde se construiría una «ciudad hospitalaria» y dónde se desarrollaría un proyecto turístico llamado «Acapulco venezolano».Alejandro Ceballos publicó las cartas de buena conducta de la Comisión de Finanzas
En la página web de sus empresas, Alejandro Ceballos público las cartas con la siguiente información:
A Manera de Aclaratoria
El Grupo 7C, corporación de empresas de la familia Ceballos que durante 40 años ha venido desarrollando actividades en la industria de la construcción y sus extensiones, ha sido víctima de acusaciones infundadas producto de la ignominia de intereses malsanos que pretendían vilipendiar el prestigio ganado gracias al trabajo y honestidad que el consorcio ha mantenido a lo largo de su trayectoria.
En el mes de noviembre de 2018 Alejandro Ceballos, Presidente del Grupo 7C, fue citado a comparecer ante la Asamblea Nacional, totalmente opositora, para responder antes las acusaciones que sobre su persona y el grupo que preside, hiciera por diferentes medios digitales: Richard Arteaga, Diputado a la Asamblea Nacional por el partido político MUD (Mesa del Unidad). La convocatoria fue hecha por el Diputado por el partido Voluntad Popular: Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Las investigaciones que llevó a cabo la comisión fueron:
1 – Presunto entramado de corrupción en complicidad con el exalcalde del Municipio “Simón Bolívar” del estado Anzoátegui: Guillermo Martínez y bajo la representación de la empresa Kamacuto, por adquisición de terrenos del ejido municipal a precios de regalía para comerciarlos en un costo de doscientos cincuenta mil dólares (USD 250.000$) por hectárea.
2 – Presunta irregularidad en la adjudicación de cuatrocientos treinta millones de dólares (USD 430.000.000) para la obra “Saneamiento del Río Guaire” sin que esta fuera ejecutada.
3 – Presuntas irregularidades administrativas en el extravío de quinientos millones de dólares (USD 500.000.000) destinados a potenciar las plataformas de las empresas básicas de aluminio.
En mayo de 2019, una vez que Grupo 7C presentara a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional elementos y documentos en su defensa, dicha Comisión emanó los resultados de las investigaciones en documentos separados dejando claro que Grupo 7C, sus empresas y su Presidente: Alejandro Ceballos, no tuvieron relación alguna con los casos mencionados declarando IMPROCEDENTES las denuncias hechas por el Diputado Opositor: Richard Arteaga; los documentos resultantes fueron firmados por el Diputado Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Denuncias de lavado de dinero por autoridades de las islas de Curazao y San Martín.
Alejandro Ceballos Jiménez aparece mencionado en una investigación de blanqueo de capitales a nivel internacional, según un informe presentado por las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín que se realizó antes de la intervención del Banco del Orinoco N.V. propiedad del banquero Víctor Vargas, dueño del Grupo Banco Occidental de Descuento en Venezuela.
El informe de las autoridades de Curazao sostiene que el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo aplicables en Curazao y en las irregularidades aparece transacciones con empresas relacionadas con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, su viuda y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el operador venezolano Alejandro Ceballos Jiménez y el multimillonario de origen israelí, Diego Marynberg. Ver informe completo aquí.
