Inmigrantes que hayan sido condenados por reingresar ilegalmente a Estados Unidos, conducir en estado de ebriedad o cometer actos de violencia doméstica no podrán solicitar asilo, de acuerdo con una regulación propuesta por el gobierno del presidente Donald Trump, anunciada este miércoles.
La propuesta, que deberá pasar por un período de comentarios del público antes de ser finalizada, lista siete áreas penales, incluyendo algunos delitos menores, que impedirían que los inmigrantes solicitaran asilo, además de las restricciones federales vigentes. Eliminaría asimismo un requerimiento de que los jueces de inmigración reconsiderasen algunas negativas de asilo.
Se trata de un nuevo intento por restringir los asilos por parte del gobierno de Trump, que asegura que los inmigrantes están abusando del sistema para poder pasar años en Estados Unidos a pesar de ser inelegibles, en parte debido a requerimientos menos severos en las investigaciones iniciales. La mayoría de las personas que solicitan asilo escapan de la violencia, la pobreza y la corrupción en sus países.
Activistas por los derechos de los inmigrantes y grupos humanitarios han dicho que las políticas de Trump son inhumanas y dicen que Estados Unidos está renunciando a su papel como un país seguro para los refugiados.
Sin embargo, el retraso en el procesamiento en las cortes migratorias ha llegado a más de un millón de casos y las agencias fronterizas se vieron rebasadas este año por la llegada de cientos de miles de familias centroamericanas que requieren de más atención y no son fáciles de regresar a México.
En un intento para frenar el flujo de migrantes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha enviado a más de 50.000 migrantes de regreso a través de la frontera sur a esperar por la resolución de sus pedidos de asilo. Esos migrantes son a menudo víctimas de abusos en áreas violentas en México y se enferman debido a las condiciones insalubres en los campamentos para refugiados. Las autoridades de Seguridad Nacional, además, han alcanzado acuerdos con Guatemala y otros países de Centroamérica para enviar ahí a los solicitantes. Las primeras familias ya fueron enviadas a Guatemala.
“El gobierno ha restringido el asilo de una forma muy extensa _ primero, quién llega a la frontera en primer lugar; segundo, quién es capaz de solicitar asilo; y quién finalmente recibe asilo, y esto afecta a esa tercera fase”, dijo Sarah Pierce, analista de leyes para el programa de política inmigratoria de Estados Unidos en el centro de investigación Instituto de Política Migratoria.
El Departamento de Justicia a su vez ha centrado su atención en las llamadas ciudades santuario, como Nueva York y Chicago, que no colaboran con agentes de Seguridad Nacional en solicitudes relacionadas con inmigración. Las autoridades de Nueva York, por ejemplo, dicen que no creen que los inmigrantes deberían ser deportados por delitos menores y no le informa al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas cuando tienen a un inmigrante bajo arresto. El secretario de Justicia William Barr y el interino de Seguridad Nacional Chad Wolf han criticado estas posturas.
“Creo que lo que hacemos es jugar a la política con la seguridad pública”, dijo Wolf en una entrevista reciente con Fox News Channel sobre las leyes en Nueva York. “Es muy preocupante desde la perspectiva de seguridad nacional asegurar que los agentes del DHS tengan los datos y las herramientas necesarias para proteger a sus comunidades”.
La nueva propuesta volvería inelegibles a los solicitantes de asilo en caso de que fueran condenados por un delito grave o si fueron arrestados varias veces por cargos de violencia doméstica. Otros crímenes incluyen condenas por delitos menores como identificación falsa o recepción ilegal de beneficios públicos, además de traficar o albergar a inmigrantes, reingresar ilegalmente, delitos federales por actividades relacionadas con pandillas o conducir bajo la influencia de alguna sustancia intoxicante.
Se desconoce de momento el número preciso de solicitantes de asilo que fueron condenados por crímenes, pero 74.000 de las 143.000 personas arrestadas por agentes del ICE durante el año fiscal 2019, que terminó el 30 de septiembre, fueron condenadas o arrestadas por conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, además de estar en Estados Unidos sin autorización.
Esos crímenes son adicionales a otras prohibiciones vigentes en las leyes federales de asilo.
Los cambios fueron implementados para que los departamentos “sean capaces de destinar más recursos a la adjudicación de casos de asilo presentados por extranjeros no criminales”, según un comunicado conjunto de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional difundido el miércoles.
Para el año fiscal 2018, había unas 105.000 solicitudes de asilo de quienes llegaron a Estados Unidos y no estuvieron en procesos de deportación. El número se redujo en un 25% respecto al año fiscal previo.
Durante el mismo periodo, el número de solicitudes de asilo por migrantes que ya estaban en el proceso de deportación aumentó aproximadamente un 12%, a 159.473, la mayoría de los casos de migrantes procedentes de México y Centroamérica.
Según datos de DHS, el número total de personas a quienes les han otorgado asilo aumentó a 46%, 38.687, en 2018. Los principales países de origen fueron China, Venezuela y El Salvador.
AP
