Era de esperarse que llegaría el día que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se quitaran la máscara. El camino para llegar al acuerdo de paz firmado en 2016, construido por el ex ministro de la Defensa de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, ahora como presidente (2010- 2018), tuvo dos vías, una oficial con la intermediación de Noruega, Cuba y otros facilitadores internacionales, y la otra la de una Colombia que pedía la aplicación de la justicia a quienes violaron los derechos humanos e incurrieron en delitos como narcotráfico y lavado de dinero; así como no otorgar privilegios políticos y económicos a quienes entregaron las armas.
la segundo vía, liderada por el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), mostró su fuerza el 4 de octubre de 2016, cuando con un apretado 50,2% logra rechazar la propuesta impulsada por el mismo gobierno de Juan Manuel Santos. Al final, se impuso contra viento y marea, la tesis oficial diseñada en La Habana-Cuba, aunque los negociadores del gobierno explicaron que gran parte de los puntos de quienes adversaban el documento final se incluyeron. Pero la realidad mostró que en un proceso de paz debe haber consenso y es necesario escuchar la crítica de quienes lo adversa, tal como lo planteó John Stuart Mill (1806-1873): toda comunidad necesita su contribución crítica… Donde prevalece la conformidad, aún el sistema mejor organizado se estancará y declinará tarde o temprano.
Ocurrió en el proceso de pacificación centroamericano, donde la violencia, la debilidad institucional, la corrupción, el autoritarismo, la desigualdad y la pobreza crecen día a día. En el caso Colombia, luego de la firma del criticado acuerdo de paz, se demostró la hipócrita posición de los dirigentes de las Farc, quienes nunca entregaron la totalidad de sus armas, tampoco de sus bienes y dineros provenientes del narcotráfico, la extorsión y el secuestro; y utilizando las ventajas del acuerdo, las aprovecharon para mantener en secreto sus verdaderas intenciones. Los oficialistas argumentaban que aún con las imperfecciones, luego de la firma el número de muertos y enfrentamientos disminuyó.
Pero las cosas no salieron como se pensaban. El candidato presidencial apoyado por el Álvaro Uribe, Iván Duque, ganó la primera magistratura en 2018, y las denuncias y críticas al acuerdo de paz crecieron. El cuestionamiento a la JEP, el escándalo por narcotráfico y corrupción en el que se vio envuelto uno de los líderes del naciente partido de las Farc, Jesús Santrich, los asesinatos selectivos de presuntos ex guerrilleros, enlodaron el proceso, con el agravante de las crecientes denuncias de vínculos en el narcotráfico y de los evidentes vínculos entre la dirigencia subversiva y el ilegítimo mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Este paso dado, el pasado 30 de agosto de 2019, por un grupo disidente de las Farc encabezado por Iván Márquez, Jesús Santrich, Hernán Velásquez (El Paisa) y Henry Castellano (Romaña), no sorprendió a muchos. En noviembre de 2018, en Buenos Aires se reunieron miembros del Foro de Sao Pablo (la propuesta política construida por el eje Fidel Castro-Ignacio Lula da Silva), liderados por la corrupta expresidenta de Argentina Cristina Fernández y entre quienes se encontraban como asistentes el derrotado ex candidato presidencial de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, el inepto alcalde de Bogotá investigado por corrupción, y el ex mandatario Ernesto Samper (salpicado con el escándalo 8000-1994), aprobó la ejecución de acciones de protesta y saboteo para torpedear la gestión de los gobiernos liberales que se oponen a sus planes comunistas en la región, entre ellos Mauricio Macri e Ivan Duque.
Petro un excombatiente del M-19, es el candidato de las Farc y del resto de la izquierda colombiana. El apoyo financiero y militar de los grupos insurrectos es evidente y sus actos en el sur oriente de Colombia así lo demuestran. En esa región en donde él ganó en la segunda vuelta presidencial de 2018, aunque Iván Duque lo derrotó finalmente, es la zona donde están la mayor parte de los cultivos de coca, los laboratorios de procesamiento y los puertos de salida de la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos. Esa región se ha convertido en la de mayores protestas indígenas y sociales que le han complicado la gestión, entre otras, a Duque. A esto se une las crecientes denuncias del apoyo de Venezuela al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del ahora brazo armado de las Farc, a sus negocios de narcotráfico y de contrabando de oro. Todo esto con la anuencia del principal factor desestabilizador de Latinoamérica: Cuba.
Hasta cuando permitirá Estados Unidos que Cuba mantenga en zozobra a Latinoamérica? No se sabe. Lo que sí es evidente es que el reimpulsado imperio ruso de Vladimir Putin, la Cuba comunista de Raúl Castro y la golpeada potencia China, están en Venezuela, ahora convertida en el trampolín desestabilizador de la región. Las denuncias sobre la presencia de campamentos guerrilleros en la frontera colombo-venezolana y en el arco minero, evidencian la alianza entre la guerrilla neogranadina y el cartel de Nicolás Maduro. Pruebas sobran.
Hugo Delgado
Periodista
