La alta comisionado para los Derechos Humanos de la ONU presentó su informe actualizado al Consejo de Seguridad donde evidenció que el régimen venezolano no tiene voluntad de atender las peticiones realizadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de acometer otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
Al presentar información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Bachelet dijo que su organismo «ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas de Venezuela».
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas, el cual identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.
«Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas», denunció Bachelet.
Lamentó que el régimen, en lugar haberse decidido a disolver las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales, haya optado por reafirmar su apoyo a este cuerpo policial.
La Oficina de la alta comisionada en Ginebra recibió del Ministerio Público de Venezuela información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, todavía aguarda los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
Bachelet destacó que «la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente», y consideró que la crisis hiperinflacionaria puede ser la más aguda en la historia de la región. Según resaltó, el salario mínimo equivale a dos dólares, menos de un tercio de los 7 que valía en junio, y la economía se ha dolarizado de facto.
Al respecto, reiteró sus preocupaciones por el potencial impacto de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen, ya que impactan en los programas sociales.
«Al día de hoy, el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria», advierte.
Señala además como factor negativo que «la dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades».
Otros problemas graves son las fallas en los servicios públicos, sobre todo en el estado Zulia. «El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación».
Bachelet reiteró su «preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de Unidos de América».
