El director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), Gonzalo Himiob, afirmó este viernes que en Venezuela hay 582 presos políticos.
«Hasta el día de hoy tenemos registrados 582 presos políticos en el país, entre los que se encuentran adolescentes, mujeres y militares».
De acuerdo con lo que publicó La Patilla, subrayó que se ha convertido en una práctica rutinaria los casos en que los efectivos policiales persiguen a familiares o allegados de personas que están siendo buscadas por razones políticas.
«Esto es violatorio a los derechos humanos y al debido proceso», agregó.
Hace apenas una semana, la Asamblea Nacional venezolana denunció la desaparición forzosa de cuatro presos políticos en el país caribeño. La legisladora antichavista Delsa Solórzano aseveró a periodistas que los militares Luis de la Sotta, Igbert Marín Chaparro y Ruperto Molina, así como el civil Carlos Marrón, «están en condición de desaparición forzada» y que, a su juicio, la vida de los cuatro está en riesgo.
«Queremos insistir en la presunción de desaparición forzada porque hace muchas semanas que no se permite que estos sean visitados», añadió Solórzano, que forma parte de la comisión de política exterior de la Cámara.
La diputada también dijo que esclarecer estos casos «es de urgencia para Venezuela», y estimó que los detenidos permanecen en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde hace semanas murió el militar Rafael Acosta Arévalo, un caso que la Fiscalía maneja como «asesinato».
«Lo último que se supo de estos ciudadanos es que estaban siendo sometidos a torturas en un cuarto de castigo, y estas torturas bien sabemos que cuando las aplica el Dgcim pueden producir terribles resultados, como lo que ocurrió con el capitán Acosta Arevalo», prosiguió Solórzano.
Marín Chaparro fue detenido en marzo de 2018 bajo acusaciones de liderar un complot contra el Gobierno de Maduro; Ruperto Molina fue apresado en mayo de 2018 por presunta rebelión y traición a la patria; mientras que De la Sotta fue aprehendido por supuesta conspiración en 2017 y Carlos Marrón fue detenido en abril de 2018, acusado de legitimar capitales.
Asimismo, Solórzano señaló que el Parlamento tiene «conocimiento de que todos los presos políticos en Dgcim siguen siendo torturados» de forma física y psicológica, e insistió en que las condiciones de detención son deplorables.
