Según informa CBS, El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución impulsada por legisladores demócratas que pretendía restringir el poder del presidente Donald Trump para ordenar ataques militares contra presuntos barcos dedicados al narcotráfico en el Caribe.
La propuesta, enmarcada en la Ley de Poderes de Guerra, fue bloqueada por los republicanos tras una votación de 48 a 51, quedando sin el apoyo necesario para avanzar.
La medida, promovida por los senadores Adam Schiff (California) y Tim Kaine (Virginia), buscaba impedir que el ejército estadounidense se involucrara en hostilidades sin autorización del Congreso.
“El Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza de esta manera”, declaró Schiff, advirtiendo que los ataques podrían provocar un conflicto abierto con Venezuela.
Congreso dividido mantiene autoridad militar de Trump
Los ataques militares en el Mar Caribe han despertado preocupación entre legisladores de ambos partidos, que cuestionan su legalidad y la falta de transparencia.
El Congreso, según la Constitución, es la única institución con poder para declarar la guerra, y no ha otorgado permiso al Ejecutivo para realizar operaciones militares contra los cárteles de la droga.
Desde el 2 de septiembre, la administración Trump ha llevado a cabo cuatro ataques contra supuestos barcos de narcotráfico cerca de Venezuela, dejando al menos 21 muertos, según cifras oficiales.
En una notificación al Congreso, la Casa Blanca justificó las acciones asegurando que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles designados como organizaciones terroristas.
Senado rechaza resolución de guerra Trump y respalda ataques
El Gobierno ha identificado al Tren de Aragua (Venezuela), el Cártel de Sinaloa (México) y la MS-13 (El Salvador) como parte de esas organizaciones.
Trump sostiene que los grupos criminales representan una “amenaza armada” para la nación, al causar miles de muertes por consumo de drogas cada año.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la legalidad de las operaciones al señalar que “el presidente tiene autoridad para actuar ante amenazas inminentes contra Estados Unidos”.
Afirmó que los ataques son selectivos y buscan proteger a los ciudadanos estadounidenses de organizaciones que actúan fuera del marco legal internacional.
Demócratas cuestionan la legalidad de los ataques
Sin embargo, expertos en derecho constitucional como David Janovsky, del Constitution Project, sostienen que “la situación en el Caribe no justifica una defensa propia”.
La resolución de los demócratas argumentaba que designar a los cárteles como organizaciones terroristas no le otorga al presidente autoridad legal para usar la fuerza sin aprobación legislativa.
Kaine insistió en que la administración no ha proporcionado evidencia que respalde los ataques ni inteligencia suficiente para justificar la intervención militar.
“La Casa Blanca no sostiene que exista autorización del Congreso”, enfatizó, exigiendo que las operaciones cesen hasta obtener aval legislativo.
Rand Paul critica el poder bélico presidencial
La Ley de Poderes de Guerra de 1973 establece que el presidente debe consultar al Congreso antes de involucrar a las fuerzas armadas en hostilidades.
De no recibir aprobación, el mandatario tiene 90 días para retirar las tropas, según la normativa creada tras la guerra de Vietnam.
El senador Rand Paul, de Kentucky, criticó duramente los ataques, calificando de “despreciable e irreflexivo” justificar el asesinato de personas sin pruebas ni juicio previo.
“¿Qué evidencia tenemos de que esos barcos transportaban drogas?”, cuestionó Paul, subrayando los riesgos de actuar sin transparencia.
Riesgos internacionales y precedentes peligrosos
El senador Schiff advirtió que las acciones de Estados Unidos podrían sentar un precedente peligroso para otros países.
“Estamos haciendo estallar barcos a miles de kilómetros de nuestras costas”, dijo.
“¿Qué impedirá que otra nación use ese mismo argumento para atacar barcos en el Mar de China Meridional o en cualquier otro lugar?”
El rechazo de la resolución deja intacta la autoridad de Trump para continuar con los ataques en el Caribe.
Agencias
