La Corte Suprema de Justicia falló el lunes a favor de que el gobierno de Donald Trump puede implementar una nueva regla que vincula el uso de asistencia pública con los méritos o requisitos para que un inmigrante pueda recibir, por ejemplo, la residencia legal permanente.
También afectará a quienes pidan cualquier tipo de beneficio migratorio, como por ejemplo renovar una visa o soliciten una ampliación de tiempo de estadía legal en Estados Unidos.
La decisión 5 a 4 anuló los fallos de cortes inferiores que mantenían bloqueada la política que fue anunciada en agosto del año pasado e iba a entrar en vigor a mediados de octubre.
“La norma afectará a cualquier persona que busca ser admitida en el país luego de ser aprobado el trámite de residencia”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Pero la regla habla de inmigrantes. En cuanto a los no inmigrantes, la nueva política no es clara al respeto”, agrega.
Guerrero dijo además que “todavía tenemos que ver cómo el gobierno va a aplicar el nuevo reglamento, a partir de cuándo y cómo los agentes federales de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración la van a implementar”.
Te explicamos qué debes tener en cuenta tras el dictamen y cuáles son los puntos clave:
Por qué la nueva regla
La nueva norma de carga pública tiene como objetivo suspender y/o limitar la entrada al país de extranjeros que puedan convertirse en una carga para el Estado.
Tenga en cuenta que si utilizó asistencia pública durante 12 meses en los últimos 36 meses, lo más probable es que su trámite sea rechazado.
Qué dijo el gobierno
Tras el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó de “victoria” el dictamen que “revirtió un mandato judicial preliminar” que impedía que la agencia hiciera cumplir la interpretación reguladora de la sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), “que hace inadmisible a un extranjero si es probable que en algún momento se convierta en carga pública”.
¿Es definitivo el fallo?
No. El fallo de la Corte Suprema es temporal. Las demandas en contra de la nueva regla proseguirán en las cortes inferiores, pero mientras tanto el gobierno podrá exigir a los inmigrantes que soliciten residencia permanente que demuestren que no se convertirán en una carga para el país.
¿Cuándo entrará en vigor?
El DHS debe anunciar el reglamento final y la fecha de entrada en vigor de la nueva regla. “Pero más importante es que, cuando lo anuncie, explique cómo los agentes de la USCIS aplicarán la norma y aporte ejemplos”, dijo Guerrero.
“¿En qué casos rechazarán un trámite y en qué casos no?”, preguntó. ¿Y si alguien viajó a Estados Unidos en 2010, tuvo hijos y todavía tiene una deuda en el hospital le negarán la residencia? ¿Cómo los agentes interpretarán esto? ¿Hasta dónde llegará la discrecionalidad que les otorga la nueva política? ¿Se puede apelar una decisión negativa?
¿Por qué el cambio?
Ken Cuccinelli, la máxima autoridad en funciones de del DHS y exdirector de la USCIS, dijo que “la autosuficiencia e independencia son valores estadounidenses principales que no deben ser descartados durante un litigio, sino que deben ser alentados y adoptados por la próxima generación de inmigrantes. Planificamos implementar esta regla en su totalidad en 49 estados y estamos seguros de que ganaremos el caso en sus méritos” durante la batalla que continúa librándose en tribunales inferiores.
Qué dicen las organizaciones
Alexandra Cawthorne Gaines, vicepresidenta del Programa de Pobreza a Prosperidad del Center for American Progress (CAP), fustigó el fallo y dijo que “la Corte Suprema ayudó y fue cómplice del gobierno y su guerra contra las personas que luchan para llegar a fin de mes”.
“La regla de carga pública no hará que nuestro sistema de inmigración funcione mejor. Simplemente apunta a niños que dependen del programa de almuerzo escolar para comer; a personas discapacitadas que buscan atención médica y a familias que luchan financieramente en su camino a alcanzar el sueño americano”, agregó.
«Esta decisión prematura es tan innecesaria como extraordinariamente cruel en su efecto”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “Ayuda a avanzar en el objetivo claro de la agenda blanca, nativista y xenófoba del gobierno de Trump: mantener a todos los inmigrantes alejados”, indicó.
El National Immigration Law Center (NILC) dijo que el fallo de la Corte Suprema es “un duro golpe” para la comunidad inmigrante, “pero no debemos tener miedo” a la hora de iniciar un trámite de residencia o para “convertirnos en ciudadanos de Estados Unidos”.
A quiénes afectará
A todos los extranjeros que tramitan una visa de inmigrante, ya sea por una petición familiar de residencia legal permanente (Formulario I-130) o por una petición laboral (Formulario I-140).
Es decir:
Los familiares de un ciudadano que hace la petición y que se podrían ver afectados son el cónyuge, un hijo soltero mayor de 21 años, un hijo casado de cualquier edad o un hermano.
Los familiares de un residente que hace la petición y que se podrían ver afectados son el cónyuge y un hijo
Cuando se trata de solicitar la ‘green card’ a través de un empleador y que también se pueden ver afectados por la regla de carga pública. Estas son las visas:
· EB-1: aptitud extraordinaria (profesores o ciertos ejecutivos y gerentes)
· EB-2: aptitud extraordinaria de segunda preferencia
· EB-3: trabajos especializados o profesionales
· EB-4: inmigrantes especiales
· EB-5: capacidad económica (inversores)
Quiénes estarán exentos
La nueva regla de carga pública anunciada por el gobierno explica que la medida no se aplicará a:
a) Cualquier extranjero que tenga una visa de inmigrante válida emitida antes de la fecha de vigencia de esta proclamación;
b) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados Unidos de conformidad con una visa especial de inmigrante, ya sea en la clasificación SI o SQ, que también sea ciudadano de Afganistán o Irak, o su cónyuge e hijos, si los hubiera;
c) Cualquier extranjero que sea hijo de un ciudadano de Estados Unidos o que desee ingresar a los Estados Unidos de conformidad con una visa IR-2, IR-3, IR-4, IH-3 o IH-4;
d) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados Unidos de conformidad con una visa IR-5, siempre que el extranjero o el patrocinador del extranjero demuestren a satisfacción del funcionario consular que la atención médica del extranjero no impondrá una carga sustancial sobre la atención médica al sistema de salud;
e) Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados Unidos de conformidad con una visa SB-1;
f) Cualquier extranjero menor de 18 años, a excepción de cualquier extranjero que acompañe a un padre que también esté emigrando a los Estados Unidos y sujeto a esta proclamación;
g) Cualquier extranjero cuya entrada sea más importante para los objetivos de aplicación de la ley según lo determine el secretario de Estado o su designado en base a una recomendación del fiscal general o su designado; o
h) Cualquier extranjero cuya entrada sería de interés nacional, según lo determine el secretario de Estado o su designado caso por caso.
Tampoco afecta la entrada de extranjeros que ingresen a los Estados Unidos a través de otros medios que no sean visas de inmigrantes, incluidos los residentes permanentes legales.
Los asilados y refugiados tampoco serán impactados por esta medida.
Con respecto a visas de no inmigrante aún se desconoce si se aplicará. “No lo sabemos todavía”, dice Guerrero. “Estamos esperando el reglamento final para conocer cómo el gobierno aplicará la nueva regla de carga pública en estos casos”.
Jorge Cancino / Univisión
