El sábado 8 de junio de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pasó a otra fase de sus planes para controlar el poder, tal como lo están haciendo sus homólogos izquierdistas, Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y los maestros de la orquesta Fidel (+) y su hermano Raúl Castro en Cuba.
En vista de las dificultades institucionales para imponer su agenda, Petro decidió utilizar los pocos recursos de su gobierno para corromper a ciertos sectores de la oposición, minar a las organizaciones que eran modelo, como el sector salud que se había convertido en referencia para el continente, corromper y destruir a la industria petrolera (Ecopetrol) que está siendo utilizada para las triquiñuelas de su gestión, hasta colocarla al borde de la quiebra, tal como lo hicieron sus colegas Hugo Chávez y Nicolás Maduro con Petróleos de Venezuela.
Pero en los últimos días, Petro ha decidido brincar los obstáculos institucionales para realizar una consulta a la que le inyectarán más de 700 mil millones de pesos, con el claro objetivo de utilizar esos recursos para consolidar su matriz de apoyo, que ya algunos consultores la ubican en 30%, comprando (vía ayudas y bonos, tal como lo hace Nicolás Maduro y lo hizo Hugo Chávez), a los votantes de cara a las elecciones de 2026. A este tipo de contrincantes rastreros no se les puede menospreciar porque son capaces de cualquier cosa.
Al iniciar Petro su gestión, el profesor de macroeconomía de la Universidad del Zulia de Venezuela y de la Universidad del Atlántico de Colombia, Rafael Portillo Medina, dijo que el país entraba en una fase de prueba de su institucionalidad porque el ex guerrillero del M-19 iba intentar derribarlas. Esa estrategia de la izquierda no es novedosa, forma parte del guion cubano, en Venezuela -por ejemplo- funcionó porque los militares y la la sociedad fueron cómplices de esa trampa que le ha permitido al chavismo mantenerse en el poder durante 26 años.
A las 5 y 30 de la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el barrio Normandía de Bogotá, un joven de 14 años se acercó al senador y pre candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, hijo de la periodista asesinada por el cártel de Medellín, Diana Turbay, hija del expresidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, y le disparó en la cabeza. La herida fue grave. Sobre este asunto, lo más delicado fueron las dudas que dejó lo dicho por el presidente Petro, cerca de la medianoche de ese día.
Petro salió en defensa del joven sicario y también señaló que era parte de un programa social de miembros de la “primera línea”, una organización avalada por su gobierno, que actuó bajo su mando durante los disturbios que lideró contra la gestión del expresidente, Iván Duque. Para estos bandidos son similares a los los colectivos que operan en Nicaragua y en Venezuela.
Desde que se conocieron los primero detalles del atentado, llamó la atención que el sicario era un menor de edad, tal como sucedió décadas atrás con el asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Un factor común, pero días después del atentado, la periodista y aspirante a la presidencia, Vicky Dávila, declaró que los autores intelectuales eran las guerrillas de Iván Mordisco. Era la componenda perfecta para evadir las sospechas contra el gobierno de Petro, ya que el senador Miguel Uribe es uno de sus más críticos y por su juventud es llamado a ser le futuro del partido del Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, quien también denunció un plan para atentar contra su vida.
Poco después del atentado contra el senador Miguel Uribe, el presidente Petro convocó a una reunió a los partidos de la oposición, y el bloque no aceptó. Ahora amenaza con llamar a la consulta por decreto para acelerar sus reformas, sin considerar al Congreso de la República, porque el tiempo se le va y no ha hecho nada. Los analistas ya lo habían advertido que este gobierno se iba a caracterizar por la corrupción y la ineficiencia, tal como había sucedido en el mandato en la Alcaldía de Bogotá. Era evidente, pero los colombianos decidieron por el “Barrabas de la política colombiana”.
El capítulo del atentado de Miguel Uribe se puede convertir en el aliciente para afianzar la unidad de la oposición que ve en Petro una amenaza para la institucionalidad de la democracia. Los ataques de la guerrilla en el sur occidente de Colombia y la inestabilidad general que ha crecido durante la actual gestión, es consecuencia del desmantelamiento de la inteligencia militar, de limitar la capacidad operativa de las fuerzas armadas y policiales hasta convertirlos en “jarrones chinos”, estimulando así la impunidad y la inseguridad que ya están pasando factura a la economía y al país en general.
Los últimos acontecimientos solo están reafirmando el delicado camino que está transitando la democracia colombiana, la sociedad tiene que entender que este tipo de personajes no respeta las leyes, los valores y los principios que rigen el país. Para los comunistas de la vieja guardia, como lo es Petro, estas reglas deben derrumbarse para imponer su trasnochado marxismo, no importa que la realidad se haya encargado de demostrar su fracaso, pero los dinosaurios latinoamericanos se niegan a morir.
Los próximos meses van ser testigos de lo que es capaz Petro y los demócratas colombianos tendrán el reto de enfrentar las amenazas, porque el tiempo se le acaba y su única opción es la violencia y la corrupción, para garantizar los votantes que lo mantengan en el poder, a cualquier costo. Las investigaciones futuras sobre el atentado a Miguel Uribe traerán vientos sorprendentes que demostraran quienes son los autores intelectuales, que solo buscan advertir a los opositores que están dispuestos a cualquier cosa para mantenerse en el poder.
@hdelgado10
