La actual confrontación entre Nicolás Maduro y Nayib Bukele, desatada a raíz de la situación de los migrantes venezolanos deportados por el gobierno estadounidensea centros penitenciarios de máxima seguridad en El Salvador, expone una inquietante paradoja: el régimen responsable del mayor éxodo de la historia latinoamericana se presenta ahora como defensor de sus propias víctimas.
El mismo poder que forzó la migración de alrededor del 25% de la población venezolana —tragedia que negó sistemáticamente durante años— intenta instrumentalizar a su favor los sufrimientos de los migrantes y la delicada situación de los deportados. Con esta maniobra, busca proyectarse como garante de derechos humanos, mientras desvía la atención de sus propias violaciones y crímenes en Venezuela.
Esta instrumentalización no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática del régimen de Maduro que, en lugar de abordar las causas de fondo que han forzado la salida de millones de venezolanos, aprovecha deliberadamente los efectos devastadores del éxodo para consolidar su control político sobre el país. Un reciente estudio publicado por el Banco Mundial confirma esta realidad.
De negar la crisis a explotarla
Durante años, el régimen de Maduro negó el éxodo masivo venezolano, minimizando su magnitud, estigmatizando a los migrantes y desestimando las cifras de organismos como ACNUR y la OIM. En 2018, cuando estas agencias de la ONU estimaban que más de 2,5 millones de venezolanos habían huido del colapso económico y la represión gubernamental, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció una «campaña internacional” para presentar «el flujo normal” migratorio de los venezolanos como una crisis humanitaria que justificara una intervención. Mientras tanto, Nicolás Maduro tildó el éxodo de «noticia falsa” y se burló de los migrantes, pidiéndoles que «dejaran de lavar pocetas” en el extranjero y regresaran a Venezuela.
A medida que el volumen de migrantes aumentaba de forma alarmante, el discurso oficial mutó hacia la minimización de la crisis. En 2021, cuando los migrantes ya superaban los seis millones según datos de organismos internacionales, Maduro aseguraba que apenas «unos 600.000 venezolanos” vivían fuera del país. En 2023, con más de 7,5 millones de migrantes reportados por la Plataforma R4V y los sistemas de acogida regional desbordados, el régimen dio un nuevo giro al discurso oficial: evadir su responsabilidad y atribuir el origen de la crisis exclusivamente a las sanciones internacionales y al «bloqueo económico” promovidos por la oposición.
En su etapa más reciente, la narrativa del régimen de Maduro ha girado hacia una manipulación oportunista de la crisis migratoria. Dos factores clave han impulsado este cambio: por un lado, la fragmentación de millones de familias venezolanas debido a la migración forzada ha debilitado el respaldo de las bases del chavismo, convirtiendo la reunificación familiar en una demanda emocional poderosa, capitalizada por María Corina Machado durante la campaña presidencial de 2024. Por otro lado, la creciente visibilidad de venezolanos deportados o detenidos en el extranjero ha hecho insostenible seguir ignorando la tragedia migratoria ante el país, lo que ha llevado al régimen a presentarse como defensor de los derechos de los migrantes e intentar sacar provecho político del drama humano del cual él mismo es responsable.
Una cínica paradoja
La crisis migratoria venezolana ha alcanzado dimensiones históricas. Según la última actualización de la Plataforma R4V (03.12.2024), 7,9 millones de venezolanos viven actualmente como refugiados y migrantes en el extranjero. Esta catástrofe demográfica se agrava por la pérdida irreparable de vidas humanas. El Informe Anual 2024 del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM documenta que, en la última década, al menos 555 venezolanos han muerto y otros 209 han desaparecido en rutas migratorias.
Más allá del profundo impacto que supone para el desarrollo del país la pérdida de una cuantiosa parte de su capital humano más valioso, la tragedia venezolana se agrava porque el propio responsable de esta catástrofe ha sabido explotar sus efectos perversos para afianzarse en el poder. El estudio «Forced Displacement, the Perpetuation of Autocratic Leadership, and Development in Origin Countries”, publicado por el Banco Mundial en enero de 2025, evidencia cómo la migración forzada en Venezuela ha debilitado a la oposición, desarticulado los mecanismos de presión social y facilitado el auge del crimen organizado y de redes de financiamiento ilícito que hoy apuntalan al régimen de Nicolás Maduro.
El éxodo debilitó a las fuerzas opositoras
De acuerdo con el estudio del Banco Mundial, la gran mayoría de quienes se vieron forzados a abandonar Venezuela son votantes críticos del régimen, por lo que su éxodo ha debilitado significativamente a las fuerzas opositoras dentro del país. La investigación revela que, después de 2013, los municipios con mayores índices de desplazamiento forzado experimentaron una disminución sustancial tanto en la participación electoral como en el respaldo a candidatos opositores. Esta caída fue especialmente explotada por el régimen durante las elecciones presidenciales de 2024, cuando bloqueó sistemáticamente la participación del 99% de los casi cinco millones de migrantes con derecho a voto en el exterior.
Además de debilitar a la oposición, el éxodo limitó significativamente la capacidad colectiva para exigirle al régimen reformas políticas y sociales. La migración forzada provocó la salida de una parte sustancial de los ciudadanos más educados y productivos, afectando el capital humano que sostenía la organización comunitaria. Esta pérdida disminuyó la participación política local y redujo las posibilidades de control ciudadano.
Auge del crimen organizado
La desarticulación del tejido social venezolano producida por el éxodo también generó condiciones propicias para la expansión del crimen organizado. El estudio del Banco Mundial señala que los municipios más afectados, especialmente en zonas fronterizas, registraron un aumento de actividades vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. La salida masiva fue aprovechada por grupos criminales para ocupar territorios sin vigilancia ni control ciudadano. El vacío social y la debilidad institucional facilitaron la expansión de estructuras como el ELN, las disidencias de las FARC, el Cártel de los Soles, el Cártel de Paraguaná y el Tren de Aragua.
Lejos de combatir la expansión del crimen organizado, el régimen de Maduro lo ha integrado estratégicamente a su estructura de poder. El estudio del Banco Mundial documenta cómo políticos, fuerzas de seguridad y narcotraficantes han tejido redes simbióticas en las que los funcionarios estatales ofrecen protección e impunidad a grupos criminales, a cambio de recursos financieros, capacidad de movilización electoral y colaboración en la represión de la protesta y de la disidencia. Estas alianzas han permitido al chavismo perpetuarse sin necesidad de aplicar reformas económicas o sociales, apoyándose en mecanismos informales de control. Según el Índice de Economías Ilícitas 2023 de «Transparency Venezuela”, aproximadamente el 15 % del PIB nacional proviene directamente de actividades criminales.
El cínico aprovechamiento que ha hecho el régimen de Maduro de los perniciosos efectos de la migración forzada venezolana explica por qué no ha intentado remediarla; por el contrario, ha profundizado las causas fundamentales que la originaron —la represión política y la crisis humanitaria—. Con ello, ha perpetuado un círculo vicioso de deterioro institucional y descomposición social que hoy mantiene al país sumido en un estado de colapso generalizado, mientras el régimen consolida su control autoritario.
Ramón Cardozo Álvarez
