El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso este domingo un acuerdo humanitario al gobierno de Nicolás Maduro para repatriar a 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y actualmente recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). A cambio, el mandatario salvadoreño solicita la liberación de un número equivalente de presos políticos en Venezuela.
Entre las figuras incluidas en la propuesta de Bukele se encuentran Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; y Corina Parisca de Machado, madre de la opositora María Corina Machado. El plan también contempla a casi 50 ciudadanos de otras nacionalidades, incluidos estadounidenses, alemanes y franceses.
La respuesta del régimen venezolano no tardó en llegar. A través del fiscal general Tarek William Saab, Caracas rechazó rotundamente la iniciativa y la calificó como un acto de “cinismo”. Saab acusó a Bukele de mantener a los migrantes bajo condiciones inhumanas y de violar gravemente el derecho internacional. Además, solicitó una “fe de vida” de los detenidos y un informe detallado sobre su situación judicial, acceso a defensa legal y condiciones médicas.
El fiscal chavista dijo también que el CECOT se ha convertido en “un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana” y señaló que el gobierno salvadoreño podría estar utilizando a los migrantes para obtener beneficios económicos.
La propuesta de Bukele se produce en un contexto de elevada presión internacional hacia el gobierno de Maduro, acusado por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch de mantener a más de 800 presos políticos. A pesar de las denuncias, Caracas continúa negando la existencia de detenciones por motivos políticos, asegurando que se trata de casos relacionados con delitos comunes o conspiración.
En paralelo, el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y El Salvador ha permitido la deportación de cientos de venezolanos desde 2023, algunos vinculados por las autoridades estadounidenses al Tren de Aragua.
En medio de esta controversia, un juez federal en Estados Unidos dio inicio el miércoles a un proceso para declarar en desacato al Gobierno de Donald Trump, al considerar que desobedeció deliberadamente una orden judicial que prohibía la expulsión de más de 200 migrantes. La mayoría de los afectados son venezolanos que fueron deportados a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel construida por el Gobierno de Nayib Bukele para albergar a miembros de pandillas y otros acusados de delitos graves.
