Han pasado ocho meses desde que Venezuela habló con contundencia en las urnas. El 28 de julio de 2024, millones de ciudadanos desafiaron la censura, la represión y la desesperanza para expresar una voluntad de cambio tan clara como arrolladora. Desde entonces, una pregunta atraviesa al país como un rezo civil: ¿Y ahora qué?
La respuesta de la oposición democrática, articulada en la Plataforma Unitaria, ha sido deliberadamente discreta, pero no por ello menos estratégica. En lugar de confrontaciones abiertas, ha apostado por redibujar el terreno político, fortaleciendo la conexión con la sociedad civil y consolidando el respaldo internacional. El reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo por gobiernos democráticos, así como la coordinación con la administración estadounidense —ahora con Donald Trump en la presidencia— para restringir el financiamiento del régimen a través del sector petrolero, forman parte de una hoja de ruta más amplia. Esta transición no se juega únicamente en Caracas, sino también en Washington, Bruselas, La Haya y en cada calle por donde anda dispersa la diáspora venezolana.
En paralelo, Nicolás Maduro busca reconfigurar a su favor el tablero político con una nueva cita electoral: las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo. Presentadas como un paso hacia la «lucha democrática», estas elecciones no son una salida institucional, sino una maniobra cuidadosamente diseñada para erosionar el mandato popular del 28 de julio. Lejos de buscar una renovación del Poder Legislativo, el régimen persigue otro objetivo: desgastar, dividir y deslegitimar a la oposición, mientras aparenta normalidad democrática ante el mundo.
Al invitar a sectores opositores a participar bajo reglas impuestas y sin garantías mínimas, el chavismo intenta transformar una fractura táctica en una complicidad política. La votación del 25 de mayo no representa un ejercicio democrático; es un intento de sepultar —sin escándalo— la soberanía expresada en las urnas.
No hay condiciones. No hay árbitro imparcial. No hay justicia electoral. Son los mismos actores, las mismas trampas, el mismo guion. Lo único que hay es una maquinaria de poder que opera bajo la lógica de la cooptación, la división y el desgaste. Y lo que se espera de las fuerzas democráticas no es que validen este juego viciado, sino que lo denuncien con toda claridad.
Lo más alarmante no es la trampa en sí, sino la disposición de algunos actores a caer en ella —y arrastrar a otros— por miedo a la irrelevancia, por cálculo personal o por simple inercia. Cada dirigente que se pliega a esta narrativa engañosa no solo desmoviliza a la ciudadanía, sino que traiciona el mandato del 28 de julio.
¿Qué hacer, entonces? Decir la verdad. Romper la inercia. Abandonar el espejismo del calendario impuesto por el régimen y reconectar con la realidad del país. La estrategia debe descansar sobre tres pilares: verdad, acción y coraje.
Verdad, para afirmar sin eufemismos que el 25 de mayo es una farsa.
Acción, para construir una agenda nacional que defienda los derechos fundamentales, incorpore a la diáspora y mantenga la presión internacional.
Y coraje, para actuar con coherencia, incluso si eso implica desafiar al poder o confrontar a supuestos aliados.
El liderazgo no consiste en administrar lo posible, sino en abrir caminos donde nadie más los ve. Venezuela no necesita operadores políticos. Necesita líderes. Y los necesita ahora.
Porque si algo está claro es que el tiempo ya no corre: arde.
@antdelacruz_
