La Justicia española dió el visto bueno a la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, exresponsable de la Oficina Nacional del Tesoro del país suramericano y exenfermera personal del ex presidente Hugo Chávez. La mujer, detenida en abril en Madrid junto con su marido, es reclamada por su país para ser juzgada por blanqueo de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito en relación con el caso de los llamados «Panama Papers», que estalló en abril de 2016. Las autoridades venezolanas sospechan que utilizó el despacho de abogados de Mossack Fonseca, que está en el centro del escándalo, para crear empresas con fines «presuntamente delictivos».
El tribunal de la Audiencia Nacional considera ahora que se dan todos los requisitos penales para proceder a la entrega de la reclamada a Venezuela y desestima sus alegaciones de «persecución política». El tribunal español considera que, sin desconocer que existe un clima de convulsión e inestabilidad política y social en el país latinoamericano, las alegaciones que presentó son «genéricas».
Cargos públicos en beneficio propio
«No acredita, ni siquiera a modo de sospecha fundada, que la persecución por los delitos a que se refiere la demanda extradicional fuera por tener ideas contrarias al régimen o que exista un peligro concreto de que vayan a ser anulados los derechos de la encausada», argumentaron los magistrados en su auto.
Las autoridades venezolanas consideran que los cargos públicos que ocupó Díaz Guillén «fueron utilizados para la obtención de beneficios económicos propios» que le permitieron a su vez «adquirir bienes» tanto en su país como en el exterior. La decisión judicial no es firme y puede ser recurrida.
DW/EFE
