Cuando el 8 de julio la Corte Penal Internacional anunció —sin estridencia, sin ceremonia— que había emitido órdenes de arresto contra los dos principales líderes del Talibán por crímenes de lesa humanidad, algo se estremeció en los márgenes del mundo. No en los titulares, que viven apresurados. No en los pasillos diplomáticos, ya acostumbrados a sus propias ficciones. Se estremeció —como una campana a medianoche— en quienes, desde el dolor, aún esperan justicia. Y entre esos pueblos que habitan a la intemperie del derecho, Venezuela se ve reflejada como en un espejo oscuro.
La acusación es brutal. Haibatullah Akhundzada y Abdul Hakim Haqqani —el líder supremo y el presidente del Tribunal Supremo talibán— no solo han dirigido un régimen opresivo: convirtieron esa opresión en doctrina de Estado. Han negado a niñas la educación. Encerrado a mujeres en sus casas, borrándolas de la vida pública. Castigado con violencia la disidencia, la diferencia, el deseo. Y lo han hecho, con una lógica meticulosa, burocrática, como solo saben hacerlo los regímenes que han desterrado la compasión y reemplazado la ley por el miedo.
Los crímenes, dice la Corte, se cometieron entre 2021 y 2025. Pero el horror —sabemos los que hemos vivido bajo sistemas totalitarios— no conoce calendarios. Se infiltra en la conciencia, en la costumbre, en la respiración misma. En Afganistán, ese espanto fue denunciado durante años por mujeres exiliadas, activistas clandestinos, periodistas silenciados. Y aunque todo parecía inútil, alguien escuchó. Aunque todo parecía olvidado, la justicia —esa forma de la memoria que no olvida— avanzó en secreto.
Porque esa es otra lección de este caso: la justicia internacional también actúa en las sombras. Las órdenes fueron emitidas en enero, pero se mantuvieron confidenciales. Como quien custodia un testimonio frágil, la Corte esperó. La decisión no fue apresurada. Fue minuciosa. Porque en estos casos, cada paso puede costar la vida de una víctima, de un testigo, de una verdad.
Y entonces, Venezuela.
En otro rincón del mundo, pero con la misma lógica del poder impune, un país entero ha sido sometido al miedo y el silencio. Allí también se ha sustituido el Estado por una maquinaria de control. Allí también se castiga el disenso, se niega la humanidad del otro, se convierte al adversario en enemigo. Y allí también, como en Afganistán, las víctimas han aprendido a sobrevivir sin justicia.
La investigación contra el régimen venezolano fue autorizada por la misma Corte en noviembre de 2021. Y aunque muchos, en su impaciencia, creen que el silencio es inacción, el precedente afgano demuestra lo contrario. El silencio puede ser parte del proceso. La confidencialidad, una estrategia. La lentitud, una forma de proteger a quienes aún se atreven a hablar.
En Filipinas, por ejemplo, la orden de captura contra Rodrigo Duterte no se conoció sino hasta su arresto, años después de iniciada la investigación. No fue un golpe mediático, sino una operación legal. No fue espectáculo, sino justicia.
Lo más inquietante —y más revelador— es que Venezuela ha respaldado políticamente al Talibán. En 2021, votó en contra de una resolución de la ONU que buscaba designar un relator especial para documentar los crímenes en Afganistán. En 2024, rechazó el informe de ese relator, minimizando los abusos y culpando a las sanciones. No fue un acto de pragmatismo diplomático: fue una declaración de afinidad.
Como si el régimen venezolano comprendiera, con lucidez siniestra, que lo que estaba en juego no era solo la defensa de otro Estado autoritario, sino la protección de su propio reflejo.
En sus ensayos más dolorosos, Albert Camus decía que la justicia no consiste en castigar, sino en evitar que el crimen se repita. Y quizás por eso la CPI aún persiste, en medio de críticas y escepticismos. Porque entiende que su tarea no es vengar el pasado, sino impedir que la historia continúe su curso de horror sin interrupciones.
Venezuela, como Afganistán, es una nación tomada por el miedo. Pero también es una nación tomada por el testimonio. Cada madre que ha denunciado la desaparición de un hijo. Cada abogado que ha defendido a un preso político. Cada mujer que ha marchado, aun sabiendo que podía ser arrestada. Todos ellos forman parte de una verdad que la Corte puede estar construyendo, palabra a palabra, en un expediente que aún no conocemos.
El drama ya está en marcha. La obra no se ha cerrado. Como en los grandes relatos trágicos, los actores han entrado en escena, pero el desenlace aún se escribe.
La CPI ha demostrado que puede actuar, aunque nadie lo vea. Que puede proteger, aunque no lo anuncie. Que puede detener, aunque parezca distante.
Lo único que no puede hacer la Corte —ni nadie— es reemplazar el valor de quienes, en medio del silencio, siguen exigiendo justicia. Y en eso, Venezuela aún tiene una palabra que decir.
@antdelacruz_
