Según informa la agencia EFE, el Gobierno del presidente Donald Trump eliminó de forma sorpresiva una lista oficial de “ciudades santuario” que había generado controversia desde su publicación
La medida fue ejecutada sin explicación pública por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desatando críticas y preguntas sobre la fiabilidad de la información institucional.
La lista, publicada el 29 de mayo, identificaba a 36 estados con jurisdicciones que supuestamente no colaboraban con las autoridades migratorias federales.
California destacaba en el documento por su alto número de ciudades que han limitado su cooperación con ICE.
Errores del DHS provocan indignación
Sin embargo, en un giro inesperado, el sitio web donde se alojaba la lista fue retirado sin aviso ni comunicado oficial que explicara la decisión.
El episodio generó indignación entre alcaldes y funcionarios de ciudades conservadoras que aparecían erróneamente clasificadas como “santuarios”.
Una de las más señaladas fue Huntington Beach, en el condado de Orange, bastión tradicional del Partido Republicano.
El alcalde de esa ciudad, Pat Burns, expresó su rechazo tajante a la inclusión de su localidad en la polémica lista federal.
Alcalde exige rectificación inmediata
Burns calificó el error como un acto de “negligencia” por parte del gobierno y exigió una rectificación inmediata.
Recordó que el concejo municipal había votado en enero por unanimidad a favor de colaborar activamente con las agencias migratorias.
Ese compromiso incluye apoyo explícito a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El silencio del DHS tras la controversia ha sido interpretado como un intento de evitar enfrentar las consecuencias de un fallo institucional evidente.
La política migratoria de Trump persiste
La lista se enmarcaba en una orden ejecutiva firmada por Trump el 28 de abril, en la que se instruía a las autoridades a identificar públicamente a las jurisdicciones que no cumplían con la ley migratoria federal.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la fiscal general, Pam Bondi, encabezaban la iniciativa de denuncia pública.
Noem había advertido que cada jurisdicción recibiría una notificación formal por violar la ley federal y enfrentar posibles sanciones penales.
Hasta ahora, el alcalde Burns no ha confirmado si Huntington Beach recibió alguna comunicación oficial.
Ciudades santuario exigen explicaciones claras
La eliminación de la lista se percibe como un retroceso en la estrategia migratoria del presidente, centrada en endurecer las políticas de detención y deportación.
El DHS había exigido a las jurisdicciones enlistadas que modificaran “de inmediato sus políticas” para alinearse con las prioridades de Trump.
Muchas ciudades han defendido su postura argumentando que carecen de los recursos necesarios para apoyar operativos de inmigración.
Otras han insistido en que esa cooperación daña la relación de confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales.
DHS y Trump bajo presión legal
Trump ha convertido el concepto de “ciudad santuario” en uno de los pilares retóricos de su discurso migratorio desde su primer mandato.
Durante ese periodo, su administración intentó congelar fondos federales a las jurisdicciones que se negaban a colaborar con ICE.
Diversos actores impugnaron judicialmente esa medida y muchos tribunales fallaron en contra del Gobierno federal.
La nueva lista parecía repetir errores del pasado al incluir a gobiernos aliados de Trump como si fueran opositores a su agenda migratoria.
Errores en lista de ciudades santuario
La repentina desaparición del listado en línea solo intensificó las críticas y alimentó sospechas de manejo político de datos oficiales.
Expertos legales han advertido que divulgar información errónea podría acarrear demandas por difamación o violaciones a la autonomía local.
También subrayan que este tipo de errores mina la credibilidad de las políticas migratorias federales ante la opinión pública.
La situación expone las tensiones constantes entre el Gobierno federal y muchas administraciones estatales o municipales.
Conflicto político alrededor de las ciudades santuario
Además, deja en evidencia los riesgos de utilizar listas públicas como herramientas de presión política sin un respaldo técnico sólido.
Para muchos analistas, este nuevo traspié confirma que la ofensiva contra las “ciudades santuario” responde más a motivos ideológicos que a criterios jurídicos.
El retiro del listado representa un revés importante para la narrativa de “ley y orden” que Trump busca mantener en su agenda electoral.
Mientras tanto, las ciudades afectadas injustamente siguen esperando una disculpa formal o una explicación transparente desde Washington.
Agencias
