“Hemos cerrado un ciclo negativo. La apertura petrolera fue el intento de quitarle definitivamente a los venezolanos su riqueza natural más poderosa, más grande”. Hugo Chávez, Primero de Mayo, 2007
Cómo los Contratos de Participación Productiva (CPP) desmantelan “la soberanía petrolera” de Chávez
En síntesis
El problema
Bajo la fachada de atraer inversión extranjera y esquivar sanciones, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado una estrategia elemental: firmar Contratos de Participación Productiva (CPP), al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, y la Ley Orgánica de Hidrocarburos sancionada en 2001. Esta medida otorga a operadores privados control total de los activos petroleros. Una maniobra sin precedentes desde la nacionalización del crudo en 1976 y menos desde 2007, cuando por orden de Hugo Chávez se transfirió el control de las asociaciones estratégicas a empresas mixtas en las que el Estado, a través de Pdvsa, tendría la mayoría accionaria.
El impacto
Los CPP no solo desvían las ganancias de la nación hacia redes paralelas de poder, sino que suprimen la estructura legal construida para salvaguardar el recurso estratégico del país. Maduro está erosionando por dentro la arquitectura institucional del chavismo fundacional y sustituyéndola por una red de contratos opacos que financian la represión y el clientelismo.
La respuesta
Para restaurar la legitimidad institucional, Venezuela necesita una auditoría independiente de todos los CPP, la derogación de la Ley Antibloqueo y una reforma legal transparente que reestructure la industria, sin privatizaciones encubiertas.
¿Privatización o captura institucional?
En regímenes autoritarios, las amenazas a la democracia no suelen llegar con tanques, sino con contratos —un proceso gradual y sutil de debilitamiento de las instituciones y las normas políticas—. Este es el caso del país bolivariano. Mientras el mundo pone su atención en las recientes elecciones, las sanciones o los crímenes de lesa humanidad, Nicolás Maduro ha accionado un mecanismo seudolegal sigiloso, pero devastador: los Contratos de Participación Productiva.
El régimen presenta estos contratos como una solución pragmática ante el colapso productivo y las sanciones económicas. Pero la realidad es otra. Se trata de un mecanismo que deja a Pdvsa sin funciones operativas al entregar los campos petroleros y gasíferos a actores privados con 100% de control, y canalizar las rentas hacia estructuras de poder que no rinden cuentas a nadie.
De Chávez a Maduro: el cambio del modelo
En 2001, Hugo Chávez promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) para reafirmar el control del Estado sobre el petróleo. En ella se establece que:
- La propiedad de los hidrocarburos es del Estado hasta el punto de venta.
- La participación privada está limitada al 49%, siempre subordinada a Pdvsa.
- Toda empresa mixta debe pasar por aprobación parlamentaria.
Dos décadas después, Maduro ha dinamitado esa arquitectura institucional desde adentro. En 2020, impuso la Ley Antibloqueo —aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020)—, una norma de excepción que le permitiría firmar contratos sin aprobación legislativa, sin transparencia y sin límite en la participación privada.
CPP: contratos sin república
Los Contratos de Participación Productiva que se rigen por la Ley Antibloqueo tienen las siguientes características:
- Otorgan 100% de la operación y control del campo al privado.
- El Estado transfiere parte del petróleo en el punto de fiscalización, sin comercialización pública.
- La empresa recibe hasta 65% del valor neto del crudo producido.
- No existen licitaciones públicas ni control parlamentario.
La siguiente tabla resume el cambio estructural que implican los CPP:
| Criterio | Ley de Hidrocarburos (2001) | Contratos CPP (Ley Antibloqueo 2020) |
| Propiedad del recurso | Del Estado hasta la venta comercial | Transferida parcialmente en punto fiscal |
| Participación privada | Máximo 49%, en empresas mixtas | Hasta 100%, sin empresa mixta |
| Control operativo | PDVSA o filiales estatales | Operación 100% privada |
| Transparencia | Requiere aprobación parlamentaria | Confidencialidad total. Opaca. |
| Uso de la renta | Desarrollo nacional | Sostenimiento del régimen autoritario |
¿Dónde está Pdvsa?
El modelo CPP vacía de contenido a la empresa nacional. Pdvsa no actúa como operadora, ni siquiera como accionista relevante. Se convierte en una fachada burocrática, mientras las empresas privadas —muchas sin trayectoria conocida— se apoderan de los activos productivos. Estos contratos desplazan incluso a las «empresas mixtas», figura establecida en la Ley Orgánica de Hidrocarburos como mecanismo legal de participación privada.
Esta privatización funcional, disfrazada de «alianza estratégica», evade deliberadamente la legalidad venezolana y convierte al Estado en arrendador de sí mismo, sin herramientas para supervisar, intervenir o renegociar.
Una economía sin soberanía
Según los flujos de caja estimados por los propios promotores del modelo, el Estado podría recibir entre 40% y 65% de la renta del proyecto. Sin embargo, la distribución real es opaca y sin auditoría. Lo que sí se conoce —por informes independientes y filtraciones— es que los recursos generados por los CPP no se destinan al presupuesto nacional, el principal instrumento de la política pública, sino a:
- Pagos en divisas a las Fuerzas Armadas.
- Financiamiento de aparatos de inteligencia y represión.
- Esquemas de importación paralela, corrupción.
- Lavado de activos a través de criptomonedas y paraísos fiscales.
Este no es un modelo de recuperación económica. Es una máquina de extracción de rentas destinada a perpetuar el poder de la organización criminal en Miraflores.
¿Y los inversionistas?
Para los actores privados, los CPP ofrecen acceso a reservas con alto potencial a cambio de alto riesgo. Pero el incentivo económico viene acompañado de un marco jurídico frágil, expuesto a:
- Impugnación en un cercano proceso de transición democrática.
- Nulidad por inconstitucionalidad (al violar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Constitución de 1999).
- Posibles sanciones internacionales si se prueba connivencia con corrupción o financiamiento de redes represivas.
En otras palabras: alta rentabilidad a corto plazo, pero riesgo existencial a mediano plazo.
Un régimen sin reforma, pero con contratos
A diferencia de reformas legales en otros países —como la apertura petrolera en México o Brasil—, el modelo CPP no responde a un debate nacional ni a un nuevo pacto constitucional. No hay discusión pública ni objetivos estratégicos claros. Solo hay necesidad desesperada de divisas y control del poder.
Esto no es una transformación institucional, sino su negación sistemática. El madurismo desmantela los frenos y contrapesos republicanos mientras simula normalidad con contratos privados.
Recomendaciones estratégicas
Auditoría urgente: Una comisión técnica internacional debería revisar la legalidad y condiciones de todos los contratos firmados bajo la Ley Antibloqueo.
Derogación legislativa: La Ley Antibloqueo debe ser invalidada por violar principios fundamentales del derecho público y constitucional de Venezuela.
Reforma con legitimidad: Un nuevo marco legal es necesario para modernizar la industria de los hidrocarburos con transparencia, soberanía y sostenibilidad fiscal.
Reinstitucionalizar Pdvsa: La empresa debe recuperar su rol técnico y estratégico, y no ser una simple vitrina para operaciones privadas.
Conclusión: un país vendido en silencio
Los CPP no son solo un problema económico. Son en definitiva una amenaza a la soberanía nacional. Maduro está entregando el petróleo porque necesita dólares para sostener un sistema que ya no puede mantenerse por sí solo.
Esta es la verdadera arma secreta de Maduro: una red de contratos opacos que sustituye las leyes, socava las instituciones y destruye el pacto social desde dentro. Barril por barril, se entrega el país, traicionando el legado de Hugo Chávez: la defensa intransigente de la “soberanía petrolera” como columna vertebral de la nación.
@antdelacruz_
