La ONG Provea al Estado venezolano «revelar inmediatamente la suerte y el paradero» de Eduardo Torres, activista y abogado de esa organización, quien permanece en paradero desconocido desde el pasado viernes.
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos ( Provea), Oscar Murillo, precisó en una rueda de prensa que ya son más de 90 horas sin que conozca la ubicación de Torres, de quien se tuvo noticias por última vez el viernes, cuando avisó que iba a su casa, en Caracas.
Al leer un comunicado suscrito por diversas organizaciones, Murillo pidió al régimen de Nicolás Maduro que adopte «las medidas efectivas para garantizar la vida, seguridad, la integridad física y el bienestar psicológico» de Torres.
Además, solicitó «garantizar su libertad plena, si se confirma» que el activista «ha sido víctima de desaparición forzada y detención arbitraria», y reclamó que se permita, en ese escenario, «el acceso a sus abogados de confianza».
Por otra parte, Murillo se refirió al pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre este caso, e indicó que el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aludió con «nombre y apellido a Eduardo Torres».
«Está exigiendo al Estado venezolano lo mismo que estamos exigiendo acá nosotros, pero no solamente es el caso de Eduardo, aquí hay que poner fin a esta oleada de represión política y de persecución que lo que busca es infundir, un ambiente de terror», agregó.
El coordinador de Provea describió «la desaparición» del activista como un «ataque directo» a la ONG de la que forma parte.
Por su parte, Emiselys Nuñez, esposa de Torres, exigió a Maduro, quien juró en enero como presidente tras su cuestionada reelección, que se pronuncie sobre el caso del activista.
«Queremos que Eduardo aparezca sano y libre», reclamó la mujer, quien indicó que su esposo «simplemente es un defensor por la dignidad de las personas, es un defensor por los derechos laborales» y sentenció que «no ha cometido ningún delito».
La ONG denunció que Torres, beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya había sido víctima de amenazas por su labor.
Este lunes, Provea introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de ‘habeas corpus’ en favor del abogado, que, a su juicio, está en situación de «desaparición forzada».
EFE
