El Gobierno de Estados Unidos planea multar con 998 dólares al día a las personas con una orden de deportación si no abandonan el país. La decisión, amparada por una ley de 1996 que el presidente republicano ya usó durante su primer mandato en la Casa Blanca, también contempla expropiaciones de las propiedades de los expulsados si no pagan la cantidad requerida, según informa la agencia Reuters citando documentos oficiales.
La Administración de Trump tiene previsto además aplicar las multas de forma retroactiva durante los últimos cinco años, por lo que en algunos casos los deportados podrían enfrentarse a sanciones superiores al millón de dólares. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó a la mencionada agencia que los inmigrantes ilegales deben «autodeportarse» a través de una aplicación del móvil o «se enfrentarán a las consecuencias, y esto incluye una multa de 998$ por cada día que se queden más tiempo del permitido por su orden de deportación».
Desde el pasado enero, Trump ha iniciado una amplia campaña antiinmigración desafiando los límites de la legislación estadounidense al aumentar los arrestos y las deportaciones. De hecho, ha recurrido a una ley de 1798 tradicionalmente reservada para tiempos de guerra para expulsar de territorio norteamericano a más de dos centenares de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la banda criminal del Tren de Aragua. Las multas que pretende implantar tendrían como objetivo a los 1,4 millones de migrantes que han recibido de un juzgado una orden de deportación.
El mandatario republicano ya utilizó la citada ley de 1996 para imponer multas de cientos de miles de dólares a nueve migrantes que buscaban refugio en iglesias. El Gobierno acabó rebajando las sanciones, que se quedaron en unos 60.000 dólares a cuatro de estos individuos. En 2021, nada más llegar a la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden enterró estas multas y derogó las políticas más agresivas de Trump contra los migrantes.
Las incautaciones de bienes propuestas contra los migrantes que incumplan las órdenes finales de deportación podrían afectar a los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que convivan con ellos, según Reuters. FWD, una organización que defiende los derechos de este colectivo, estima que hay más de diez millones de personas con estatus ilegal o temporal viviendo en EEUU con ciudadanos estadounidenses en lo que se considera «familias con estatus mixto».
A principios de marzo, la Administración Trump presentó una aplicación para móviles que permitiría a los inmigrantes «autodeportarse» para evitar ser arrestados. Bajo el nombre de CBP Home (Aduanas y Protección Fronteriza) ofrece la posibilidad, según el Gobierno estadounidense, de cumplir con la burocracia rápidamente y «que aún tengan la oportunidad de regresar en el futuro y vivir el sueño americano», según explicó Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional.
En unos correos electrónicos a los que ha tenido acceso Reuters se comprueban las presiones de la Casa Blanca a la oficina de Protección Fronteriza para gestionar el tema de las multas, la expropiación de bienes de los migrantes que no paguen y la venta de sus activos. Sin embargo, la CBP, según información interna, afirma que aplicar este sistema de sanciones podría generar nuevos costes administrativos y retrasos en la aplicación de las órdenes de deportación.
Agencias
