En las fotografías se pueden observar los rostos de nueve inmigrantes, los tatuajes que los identificarían, algunos de ellos vinculados con el Tren de Aragua.
La administración del presidente Donald Trump sacó a la luz los antecedentes penales y fotografías, en las que se evidencian los tatuajes de los presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua (TDA) detenidos en Texas y que el gobierno espera deportar bajo una ley del siglo XVIII.
El gobierno, que aboga ante la Corte Suprema por la suspensión del bloqueo temporal de emergencia que prohíbe las expulsiones de inmigrantes venezolanos a El Salvador, hizo público los rostros de los presuntos miembros del grupo criminal, declarado organización terrorista por el presidente republicano.
La orden ha creado discrepancias en el seno del Supremo. El magistrado Samuel Alito publicó el domingo su opinión contraria a la suspensión ordenada por la corte sobre las expulsiones de migrantes basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros que ha permitido el encarcelamiento de presuntos criminales venezolanos en cárceles de El Salvador; una paralización que el juez considera «cuestionable y sin precedentes».
Alito y su colega Clarence Thomas, ambos conservadores, fueron los únicos en oponerse a la decisión mayoritaria entre los nueve miembros de la institución. Alito, duda de que la apelación que llevó al veredicto emitido el sábado contra la orden de Trump siguió los procedimientos correctos.
En el grupo que esperaban deportar se encuentran nueve inmigrantes irregulares identificados como Henry José Romero González, Alessandro Benedikt Desfiles Worwa, Cristian Andrés Andrade Vargas, Norge Yunaifer Rosales Ceballos, Félix Josué Rendón García, Darrin Moisés Daza Segura, Ronny Javier Rodríguez Tovar y Howard Emis Omana.
Miembros «confirmados» del Tren de Aragua
Las autoridades federales tomaron notas de las condenas penales previas y los cargos actuales de los sospechosos, a quienes el gobierno relaciona con el Tren de Aragua, organización del crimen transnacional que «invadió» el país y está «llevando a cabo acciones hostiles contra EEUU», según denuncias de las autoridades.
En las fotografías publicadas se pueden observar los rostros de los nueve inmigrantes, los tatuajes que los identificarían a cada uno, algunos de ellos vinculados con la banda criminal. Además de armas, joyas y dinero que habrían estado en posesión de los sospechosos.
«Estos son algunos de los pandilleros del Tren de Aragua detenidos en Texas que estamos tratando de deportar», dijo un alto funcionario del gobierno a Fox News, en referencia a algunos de los detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet de Texas, cuya deportación, que pretendía llevarse a cabo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, fue bloqueada temporalmente por la Corte Suprema.
¿Quiénes son los presuntos miembros del TDA que EEUU espera deportar?
Los presuntos miembros del TDA que el gobierno republicano espera deportar serían:
- Henry José Romero González: De acuerdo con las autoridades, Romero González tiene acusaciones criminales pendientes por tres cargos de agresión, delitos contra una persona y posesión ilegal de un arma. En las fotos publicadas por el gobierno, se muestra al sospechoso en un auto deportivo con varios tatuajes, un reloj caro y una gran cantidad de dinero en efectivo. En una de las imágenes, se ve al venezolano, quien viste un chaleco de trabajo reflectante, sosteniendo un arma de fuego.
Henry José Romero González, un presunto Tren de Aragua, con un arma y el fajo de dinero que le habrían incautado.
- Alessandro Benedikt Desfiles Worwa: El inmigrante, cuyos tatuajes que los relacionarían con la banda aparecen en las fotos, enfrenta cargos criminales por agresión agravada con un arma y apuntar y presentar armas a una persona, según la administración republicana.
Alessandro Benedikt Desfiles Worwa y los tatuajes que lo vncularían al TDA.
- Cristian Andrés Andrade Vargas: El venezolano, que aparece con varios tatuajes en las fotografías, incluido uno de una pequeña corona en la ceja izquierda, enfrenta cargos criminales por robo y drogas peligrosas, según las autoridades.
Cristian Andrés Andrade Vargas es otro de los presuntos miembros del TDA que EEUU espera deportar.
- Norge Yunaifer Rosales Ceballos: El inmigrante fue condenado por fuga criminal para evadir el procesamiento y tiene cargos por tráfico de inmigrantes y resistencia a un oficial. Una de las fotos muestra un gran tatuaje que Rosales Ceballos tendría detrás de su oreja derecha.
Norge Yunaifer Rosales Ceballos fue condenada por fuga criminal para evadir el procesamiento.
- Félix Josué Rendón García: El presunto miembro del TDA, que tendría un tatuaje en letras árabes con una fecha debajo, tiene cargos criminales por posesión de drogas peligrosas.
Félix Josué Rendón García es otro de los inmigrantes venezolanos que espera su deportación.
- Darrin Moisés Daza Segura: El sospechoso, que al parecer tendría varios tatuajes, incluido uno que dice «Real hasta la muerte», asociado a los miembros del TDA, fue condenado por robo y hurto, según los funcionarios.
Darrin Moises Daza Segura fue condenado por robo y hurto.
- Ronny Javier Rodríguez Tovar: El inmigrante venezolano tiene múltiples condenas penales, entre ellas atropello y fuga, agresión, posesión de propiedad robada, conducir bajo la influencia del alcohol y hurto en tiendas, según las autoridades. También tendría cargos pendientes por agresión, resistencia a un oficial, agresión simple y conducir bajo la influencia del alcohol.
El inmigrante tendría en su posesión un dispositivo electrónico con «TDA» y «Venezuela» escrito en él.
- Howard Emis Omana: El venezolano, que publicaría en sus redes sociales fotos sosteniendo armas, enfrenta cargos criminales por agresión agravada con un arma.
EEUU también espera deportar a El Salvador a Howard Emis Omana
- Ángel Ignacio Cárdenas Bravo: De acuerdo con la administración Trump, Cárdenas Bravo enfrenta cargos criminales por agresión agravada a un agente del orden público, negligencia infantil con grandes daños corporales, resistencia a un oficial con violencia, agresión por violencia doméstica, porte de un arma oculta y posesión de un arma durante la comisión de un delito grave.
Ángel Ignacio Cárdenas-Bravo enfrenta cargos criminales por agresión agravada a un agente del orden público
La Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental proinmigrante que defiende los «derechos humanos» interpuso un recurso para evitar la «expulsión inminente» de los presuntos delincuentes.
Mientras, el Departamento de Justicia (DOJ) solicitó a la Corte Suprema el sábado por la tarde que rechace una solicitud de emergencia presentada por la proinmigrante organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para pausar temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a migrantes detenidos en Texas a El Salvador, según The New York Times.
Sin precedentes
El magistrado Samuel Alito y su colega Clarence Thomas, ambos conservadores, fueron los únicos en oponerse a la decisión mayoritaria entre los nueve miembros de la institución. Alito, duda de que la apelación que llevó al veredicto emitido el sábado contra la orden de Trump siguió los procedimientos correctos.
«Literalmente en mitad de la noche, la Corte emitió una medida sin precedentes y legalmente cuestionable (…) sin escuchar a la parte contraria en las ocho horas siguientes a la recepción de la demanda, con un dudoso respaldo fáctico para su orden y sin proporcionar ninguna explicación de su orden», argumentó el juez de la Corte Suprema SamuelAlito en un escrito.
«No teníamos ninguna buena razón para pensar que, en esas circunstancias, publicar una orden a medianoche era necesaria o apropiada», escribió Alito, en una opinión respaldada por Thomas, en contra de la exhibida por los otros siete magistrados de la corte.
Fiscal: «Supremo se precipitó»
El procurador general John Sauer también señala en un escrito de 15 páginas recogido por Bloomberg que la defensa de los detenidos se precipitó al acudir directamente al Supremo sin que instancias judiciales inferiores conociesen del caso y de sus alegaciones.
Sauer –principal representante legal del Ejecutivo ante la Corte Suprema– argumentó que «los tribunales inferiores no han establecido hechos esenciales en este caso» y que aún no se ha investigado adecuadamente «el momento, la naturaleza y la forma de la notificación del Gobierno» a los implicados.
En esta línea, reclamó al Supremo que, en caso de mantener su dictamen, aclare si este interfiere con el recurso por parte del Gobierno a otras vías legales para efectuar deportaciones, como las leyes migratorias vigentes.
The New York Post / Fox News / DLA
