Una jueza federal determinó el jueves que impedirá que el gobierno del presidente Donald Trump ponga fin al programa (conocido como parole humanitario) que permitía a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en Estados Unidos.
La jueza federal de distrito, Indira Talwani, afirmó que emitirá una suspensión a la orden para poner fin al programa, cuyo término estaba previsto a finales de este mes. El esfuerzo para ayudar a más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos forma parte de una labor jurídica más amplia para proteger a las personas procedentes de Ucrania, Afganistán y otros países que se encuentran en el país legalmente.
El mes pasado, el gobierno estadounidense revocó las protecciones legales para cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, preparándolos para una posible deportación en 30 días. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que perderán su estatus legal el 24 de abril.
Los beneficiarios de las protecciones llegaron con patrocinadores financieros y se les otorgaron permisos de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos. Durante ese tiempo, tenían que encontrar otras vías legales si querían permanecer en el país. El permiso ha sido un estatus temporal.
Trump ha estado eliminando las vías legales para que los inmigrantes lleguen a Estados Unidos y ha llevado a cabo promesas de campaña para deportar a millones de personas que están en el país ilegalmente.
En una moción antes de la audiencia, los demandantes señalaron que la acción del gobierno federal era “sin precedentes” y dijeron que resultaría en que las personas perdieran su estatus legal y su capacidad para trabajar. También calificaron la medida como “contraria a la ley en el sentido de la Ley de Procedimiento Administrativo”, que establece los procedimientos que las agencias deben seguir al hacer reglas.
Los abogados del gobierno de Trump argumentaron que los demandantes carecían de legitimación y que la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que afecta a los inmigrantes en el programa, conocido como CHNV, no violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. También dijeron que los demandantes no podrían demostrar que la terminación del programa era ilegal.
“La decisión del DHS de terminar el programa CHNV y las concesiones existentes de permiso bajo ese programa está dentro de esta autoridad legal y cumple con los requisitos de notificación del estatuto y las regulaciones”, escribieron. “Además, dada la naturaleza temporal del permiso CHNV y la incapacidad preexistente de los beneficiarios de CHNV para buscar un nuevo permiso bajo el programa, sus daños son superados por los daños al público si no se permite a la secretaria (Noem) descontinuar un programa que ha determinado que no sirve al interés público”.
El fin de las protecciones temporales para estos inmigrantes ha generado poca reacción política entre los republicanos, con excepción de tres representantes cubano-estadounidenses de Florida que pidieron evitar la deportación de los venezolanos afectados. Uno de ellos, la representante María Salazar de Miami, también se unió a unos 200 legisladores demócratas esta semana para copatrocinar un proyecto de ley que les permitiría convertirse en residentes permanentes legales.
Michael Casey / AP
