Una jueza federal amplió su orden que impide temporalmente que el gobierno del presidente Donald Trump traslade o deporte a cualquier persona de Colorado según una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII que se ha visto envuelta en una batalla en la Corte Suprema de Estados Unidos.
La jueza del Tribunal de Distrito, Charlotte N. Sweeney, citó la orden emitida el fin de semana por el máximo tribunal que prohíbe la remoción de cualquier persona del norte de Texas donde, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el gobierno se preparaba para deportar a venezolanos invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 sin darles el aviso legal requerido, como se estipula en un fallo previo del máximo tribunal.
Sweeney prolongó su congelamiento de las remociones de Colorado hasta el 6 de mayo e indicó que podría extenderlo aún más.
Exigió al gobierno federal que proporcione un aviso de 21 días a cualquier persona a la que busque deportar para que pueda impugnar su remoción. También expresó su escepticismo sobre la legalidad del uso de la ley por parte de Trump para afirmar que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos.
“Como mínimo, ‘invasión’ significa más que la descripción de la Proclamación sobre la ‘infiltración’, ‘guerra irregular’ y ‘acciones hostiles’ del TdA contra Estados Unidos”, escribió Sweeney, refiriéndose por sus siglas a la pandilla de origen venezolano.
A principios de este mes, la Corte Suprema permitió las deportaciones según dicha ley, pero exigió al gobierno que proporcione a los afectados una oportunidad “razonable” para impugnar las remociones en la corte. La ley solo ha sido invocada tres veces en la historia, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, y la Corte Suprema aún no ha escuchado argumentos sobre si Trump puede usarla contra una pandilla.
Varios jueces federales, entre los que está Sweeney, emitieron órdenes para frenar temporalmente las deportaciones en sus áreas, en respuesta al fallo inicial de la Corte Suprema. La ACLU pidió al máximo tribunal que detenga las remociones de un centro de detención de inmigrantes en el norte de Texas, donde un juez no prohibió las deportaciones, porque dijo que a los migrantes venezolanos se les dio aviso en inglés de su remoción en proceso y no se les informó que tenían derecho a impugnarla en la corte. El tribunal prohibió esas remociones en una inusual orden la mañana del sábado.
El gobierno federal argumentó que era demasiado pronto para que los tribunales actuaran porque no trataba de remover a los demandantes individuales que presentaron la demanda en ese momento. Pero Timothy Macdonald, un abogado de la ACLU, argumentó que eso era un “truco” que podría hacer que el gobierno deporte rápidamente a alguien en el momento en que un tribunal decida que no tiene jurisdicción sobre su caso.
Sweeney estuvo de acuerdo, extendió su orden y programó argumentos sobre si debería hacerla permanente.
AP/ NICHOLAS RICCARDI
