Un juez federal en Washington D.C. abrió este jueves la posibilidad de declarar al Gobierno de Trump en desacato por haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
Durante una audiencia esta tarde, el juez James Boasberg se mostró escéptico ante los argumentos del abogado del Gobierno y señaló incluso que es posible que la Administración haya actuado «de mala fe» para acelerar los vuelos y evitar el escrutinio judicial.
«Si realmente hubieran creído que todo lo que hicieron ese día fue legal y podía sobrevivir a una demanda, no creo que hubieran actuado de la manera que lo hicieron», indicó Boasberg.
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para deportar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, que surgió en cárceles venezolanas.
Un día después de que Trump invocara la ley, el juez Boasberg bloqueó su uso, justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes, y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso el presidente Donald Trump sugirió llevar a un juicio político al juez Boasberg.
En la audiencia, el juez increpó al abogado del Gobierno sobre la sucesión de eventos del día en que despegaron los vuelos e indicó que la Administración decidió acelerar la expulsión de los migrantes para evitar que los tribunales se interpusieran.
«Estuvieron dispuestos a hacer esto lo más rápido posible para evitar una orden judicial y arriesgaron subir a personas a esos aviones que no deberían estar ahí», insistió el juez.
Decenas de familiares de los migrantes, ahora detenidos e incomunidados en la megaprisión CECOT, notoria por denuncias de abusos a los derechos humanos, han señalado que sus seres queridos no tienen récord criminal y han defendido que están siendo encarcelados injustamente.
El abogado del Gobierno indicó no tener conocimiento sobre los funcionarios que tomaron, en últimas, la decisión de seguir adelante con los vuelos pese a que la organización ACLU había presentado ya una demanda y el letrado defendió que la Administración actuó dentro de la legalidad.
El juez Boasberg aclaró que no espera tomar una decisión sobre este caso esta semana y llamó a las partes a una nueva audiencia el próximo martes.
El caso, enmarcado en la agresiva política migratoria del Gobierno Trump, que ha asegurado que la banda criminal transnacional Tren de Aragua está «invadiendo» el país, está haciendo que se cuestione la separación de poderes en EE.UU.
EFE
