Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, Venezuela ha enfrentado una crisis económica sin precedentes, marcada por hiperinflación, colapso de los servicios públicos y una drástica pérdida del poder adquisitivo.
En este artículo calculo el daño económico anual y acumulado entre 2013 y 2024 en tres dimensiones clave: inflación, cortes eléctricos y salario mínimo, cada uno derivado de decisiones independientes del gobierno.
La inflación, impulsada por una emisión monetaria descontrolada, los cortes eléctricos, resultado de la negligencia en el mantenimiento de las redes eléctricas, y el deterioro del salario mínimo, consecuencia de políticas salariales insuficientes, reflejan las elecciones económicas y administrativas del régimen.¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela
Basado en datos de fuentes independientes como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas-FVM), también Gacetas Oficiales de Venezuela, y estudios internacionales, este análisis cuantifica el impacto en millones de dólares, revelando un costo devastador que pone en evidencia las fallas estructurales de la gestión de Maduro.
El daño por inflación
El economista Ludwig von Mises (1881-1973) definió la inflación como un aumento de la cantidad de dinero en la economíaen lugar de simplemente un aumento de los precios. Según su perspectiva, la inflación es un fenómeno monetario causado por la expansión artificial de la oferta de dinero y crédito por parte del gobierno o los bancos centrales.
La inflación ocurre cuando hay un aumento en la cantidad de dinero en circulación sin un respaldo en producción real de bienes y servicios. Esto suele deberse a la intervención estatal, como la emisión de dinero para financiar déficits públicos, que ha sido el caso de Venezuela
El daño por inflación se mide como una fracción del PIB que se “pierde” debido a los efectos económicos negativos de la inflación excesiva. Esto incluye la erosión del valor real del PIB, la reducción del consumo, la interrupción de la producción y la pérdida de confianza en la moneda. Los porcentajes reflejan la magnitud de estos impactos en función de la tasa de inflación.
La estimación del daño económico por inflación, que oscila entre el 10% y el 60% del PIB anual según la intensidad de la inflación (moderada: <100%, alta: 100%-1,000%, hiperinflación: >1,000%), se fundamenta en teoría económica y evidencia histórica. Estudios como el de Stanley Fischer (1993) en The American Economic Review muestran que tasas de inflación superiores al 10%-15% reducen el crecimiento del PIB en aproximadamente 0.2%-0.4% por cada 10% adicional, justificando una pérdida mínima del 10% en años de inflación moderada como 2013 (56.2%). Para inflación alta y hiperinflación, Bruno y Easterly (1998) en el Journal of Monetary Economics documentan que tasas de tres dígitos en economías en desarrollo pueden costar entre el 5% y el 20% del PIB, mientras que casos extremos como Zimbabue (2008), analizados por Reinhart y Rogoff en This Time Is Different (2009), revelan pérdidas superiores al 50%-70% durante hiperinflación masiva (>1 millón %). En Venezuela, con un pico de 132,000% en 2018 y una caída del PIB del 80% entre 2013 y 2019 según el FMI, el rango de 10%-60% es un enfoque conservador que captura el colapso económico sin sobreestimarlo, reflejando el impacto devastador de las políticas monetarias internas.
El daño por Ingreso Mínimo Mensual deficitario
El daño económico causado por la erosión del ingreso mínimo en Venezuela, estimado en USD 117.372 millones entre 2013 y 2024, refleja el colapso del poder adquisitivo bajo las políticas de Nicolás Maduro.
Se estimó una constante de 2.5 millones de habitantes empleados en el país con ingreso mínimo mensial
Estudios como el de Card y Krueger (1995) en Myth and Measurementdestacan que la reducción real de los salarios mínimos disminuye el consumo de los hogares, afectando hasta un 1%-2% del PIB por cada 10% de pérdida en poder de compra, un efecto amplificado en economías dependientes del gasto interno.
En Venezuela, el ingreso mínimo cayó de USD 66,73 mensuales en 2013 a USD 21,20 en 2024 (mercado paralelo), mientras la canasta básica anual subió de USD 3.014 a USD 5,722, según Cendas-FVM.
Esta brecha, que dejó a millones de trabajadores incapaces de cubrir necesidades básicas, se alinea con análisis del Banco Mundial (2019), que estima pérdidas económicas de 10%-20% del PIB en países con salarios reales colapsados durante crisis prolongadas.
El cálculo conservador de USD 9.741 millones anuales promedio captura este impacto, evidenciando cómo la decisión soberana de no ajustar el ingreso mínimo mensual al costo de la canasta básica (el salario mínimo fijo en Bs. 130 desde 2022) agravó la pobreza y redujo la actividad económica, independientemente de sanciones externas.
El daño por apagones
El impacto económico de los cortes eléctricos en Venezuela, estimado en USD 40.185 millones entre 2013 y 2024, refleja el colapso del sistema eléctrico bajo la gestión de Nicolás Maduro, con pérdidas anuales que oscilan entre el 1% y el 5% del PIB según la severidad de las interrupciones.
Estudios del Banco Mundial (2007) en The Economic Costs of Power Outages indican que en economías en desarrollo, los cortes frecuentes pueden reducir el PIB entre un 1% y un 4% anual, mientras que Fisher-Vanden et al. (2015) en The Energy Journalestiman pérdidas del 2%-5% en países con dependencia energética alta y crisis prolongadas, como Nigeria (4% PIB).
En Venezuela, los apagones pasaron de 18.500 en 2013 a más de 233,000 en 2022, con eventos masivos como los de 2019 (5+ días sin luz) y 2024 (dos apagones nacionales), paralizando la producción petrolera, el comercio y los servicios básicos.
Este daño, que promedia USD 3.349 millones al año, se atribuye a la falta de inversión en el Complejo Hidroeléctrico Guri —responsable del 80% de la energía— y a la negligencia de Corpoelec, decisiones soberanas que no dependen de sanciones externas, sino de la gestión interna del régimen.
Sin electricidad, los puntos de venta dejaron de funcionar, obligando a millones a depender de efectivo en un país donde los bolívares escaseaban y perdían valor, lo que frenó el comercio diario y dejó a pequeños negocios en quiebra.
Los semáforos apagados generaron caos vial en ciudades como Caracas y Maracaibo, retrasando el transporte de bienes y personas, mientras que las bombas de gasolina, vitales para un país petrolero, quedaron inoperativas, formando colas interminables y paralizando desde camiones de alimentos hasta ambulancias.
En los apagones masivos de 2019, hospitales sin generadores perdieron pacientes, y en 2024, los cortes nacionales del 27 y 30 de agosto detuvieron operaciones clave de PDVSA, como el terminal José, afectando el 70% de las exportaciones.
Estos impactos, consecuencia directa de la negligencia en el mantenimiento del sistema eléctrico, ilustran cómo las decisiones internas del gobierno de Maduro convirtieron una necesidad básica en una crisis económica y social devastadora.
Sumando los daños
En total, las políticas de Nicolás Maduro han infligido a Venezuela un daño económico colosal de más de USD 468.859 millones entre 2013 y 2024, desglosado en USD 311.300 millones por una inflación que alcanzó el 132,000% en 2018, evaporando el valor del dinero; USD 40.185 millones por apagones que dejaron al país a oscuras, paralizando desde puntos de venta hasta las exportaciones petroleras; y USD 117.374 millones por un salario mínimo que cayó de USD 66 a USD 21 mensuales, condenando a millones a la miseria mientras la canasta básica se disparaba.
Estos USD 39.074 millones anuales promedio no son obra de sanciones externas, sino de decisiones soberanas: imprimir billetes sin control, desatender el sistema eléctrico y congelar el salario frente a una inflación desbocada.
Lejos de ser una fatalidad, esta ruina económica es el legado tangible de un régimen que priorizó mantenerse en el poder sobre el bienestar de su pueblo, dejando tras de sí un país donde el dinero no vale, la luz no enciende y el trabajo no alcanza.
Para el Ciudadano Común
Imagina que tu vida es como una mesa con tres patas: el dinero que tienes para gastar (salario), el precio de las cosas que necesitas (inflación) y la luz que hace funcionar todo (electricidad). Desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, esas tres patas se han roto por decisiones que él y su gobierno tomaron solos, no por sanciones de afuera. Juntas, estas fallas le han quitado al venezolano unos USD 39,000 millones cada año, dinero que pudo haber servido para ahorro, comida, medicinas, escuelas o carreteras. Vamos a verlo paso a paso:
Inflación: El dinero que se evapora
Maduro decidió imprimir billetes sin control para pagar deudas y gastos del gobierno, como si fuera magia. Esto hizo que los precios se dispararan: en 2013, una arepa costaba poco; para 2018, necesitabas millones de bolívares para comprarla.
Cada año, esta inflación loca se llevó unos USD 26,000 millones de lo que el país podía producir. Es como si quemaran la mitad de lo que ganamos todos juntos porque el dinero dejó de valer.
Por qué no son sanciones: Imprimir billetes es una orden del gobierno venezolano, no de Estados Unidos ni de nadie más. Ellos decidieron inundar el país con papel sin respaldo.
Salario Mínimo: Un sueldo que no alcanza
Maduro congeló el salario mínimo en 130 bolívares desde 2022 y lo dejó morir con la devaluación. En 2013, ganabas USD 70 al mes; hoy, esos 130 bolívares son $2.60 en el mercado real. Aunque te dan bonos (USD 30 -USD 50 con suerte), no compras ni una semana de comida para tu familia.
Esto le quitó unos USD 10,000 millones al año a los trabajadores. Multiplica la diferencia entre lo que ganas (USD 254 al año) y lo que necesitas (USD 5.723 para la comida básica) por millones de venezolanos: es una fortuna perdida.
Por qué no son sanciones: El salario lo fija Maduro por decreto, y los bonos los paga el gobierno con lo que recauda aquí. Nadie de afuera le dijo que no suba los sueldos o que deje que el bolívar se derrumbe.
Cortes eléctricos: Vivir a oscuras
Maduro no arregló las plantas generadores ni las líneas eléctricas, aunque Guri genera casi toda nuestra luz. En 2019, nos dejó sin electricidad por días; en 2024, tuvimos dos apagones nacionales y cortes diarios. Sin luz, las fábricas paran, los negocios cierran y hasta el petróleo se frena.
Esto cuesta unos USD 3,300 millones al año. Es como si apagaran una parte de lo que el país puede hacer cada vez que se va la luz.
Por qué no son sanciones: Mantener las represas, las plantas generadoras y los cables es responsabilidad del gobierno venezolano. Ellos manejaron el monopolio Corpoelec y decidieron no invertir en reparaciones, mientras culpan a “sabotajes” sin pruebas.
Los responsables de estos daños no están en la Casa Blanca. Están en el Palacio de Miraflores, en el Consejo de Ministros, en los ministerios de Economía y Finanzas, en el ministerio del Trabajo, en las oficinas de Corpoelec, en la torre del Banco Central de Venezuela y en las sedes del partido Psuv, el soporte político de estos desastres. Están en La Habana y también en Fuerte Tiuna.
@morandavid
