La Corte Suprema permitió el lunes al gobierno de Trump usar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a inmigrantes venezolanos , pero dijo que deben obtener una audiencia judicial antes de ser sacados de Estados Unidos.
En una decisión amargamente dividida, el tribunal dijo que la administración debe darles a los venezolanos que, según afirma, son miembros de pandillas “tiempo razonable” para acudir a los tribunales.
Pero la mayoría conservadora dijo que los desafíos legales deben tener lugar en Texas, en lugar de en un tribunal de Washington.
La acción del tribunal parece impedir que la administración reanude de inmediato los vuelos que el mes pasado transportaron a cientos de migrantes a una prisión de mala reputación en El Salvador. Los vuelos se produjeron poco después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar las deportaciones bajo una proclamación presidencial que calificaba a la pandilla Tren de Aragua de fuerza invasora.
La mayoría no dijo nada sobre esos vuelos, que despegaron sin garantizar la audiencia que los jueces ahora dicen que es necesaria.
En su opinión discrepante, los tres jueces liberales afirmaron que la administración ha intentado evitar la revisión judicial en este caso y que el tribunal «ahora recompensa al gobierno por su comportamiento». La jueza Amy Coney Barrett se sumó a parte de la opinión discrepante.Historias relacionadas
La jueza Sonia Sotomayor dijo que sería más difícil para las personas impugnar las deportaciones individualmente, donde sea que se encuentren detenidas, y señaló que la administración también ha dicho en otro caso ante el tribunal que no puede devolver a las personas que han sido deportadas a la prisión de El Salvador por error.
“Nosotros, como nación y como tribunal de justicia, deberíamos ser mejores que esto”, escribió.
Los jueces actuaron sobre la apelación de emergencia de la administración después de que el tribunal federal de apelaciones en Washington dejó en vigor una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de inmigrantes acusados de ser miembros de pandillas bajo la raramente utilizada Ley de Enemigos Extranjeros.
“A pesar de toda la retórica de los disidentes”, escribió el tribunal en una opinión no firmada, la orden del alto tribunal confirma “que los detenidos sujetos a órdenes de expulsión en virtud de la AEA tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar su expulsión”.
El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales. Es la segunda vez en menos de una semana que una mayoría de jueces conservadores le otorga a Trump al menos una victoria parcial en una apelación de emergencia después de que tribunales inferiores bloquearan partes de su agenda.
Hay otros casos pendientes, incluido el del plan de Trump de negar la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos cuyos padres se encuentran en el país ilegalmente.
Trump elogió al tribunal por su acción el lunes.
“La Corte Suprema ha defendido el Estado de Derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, asegure nuestras fronteras y proteja a nuestras familias y a nuestro país. ¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!”, escribió Trump en su sitio web Truth Social.
La orden original que bloquea las deportaciones a El Salvador fue emitida por el juez federal de distrito James E. Boasberg , juez principal del tribunal federal en Washington.Anuncio
Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentaron la demanda en nombre de cinco extranjeros venezolanos que se encontraban detenidos en Texas, horas después de que se hiciera pública la proclamación y mientras las autoridades de inmigración conducían a cientos de migrantes a aviones que los esperaban.
Boasberg impuso una suspensión temporal de las deportaciones y también ordenó el regreso a Estados Unidos de aviones repletos de inmigrantes venezolanos. Esto no ocurrió. El juez celebró una audiencia la semana pasada para determinar si el gobierno desacató su orden de devolver los aviones. El gobierno invocó el » privilegio de secreto de estado » y se negó a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido el impeachment de Boasberg. En una inusual declaración , el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que «el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial».
Mark Sherman / AP
