“Yo soy venezolano. Tengo miedo de que puedan venir por mí y decir que tengo tatuajes”, dice Daniel González.
Como él, muchos inmigrantes venezolanos en EE.UU. viven con la incertidumbre de ser señalados injustamente, en medio de una política que ha puesto en la mira a quienes tienen tatuajes o características que podrían vincularlos —sin pruebas— con el crimen organizado.
“No son tatuajes de pandillas ni nada… (…) Pero sí estoy bastante preocupado porque tengo muchas personas buenas acá que tienen el mismo miedo y que, incluso, tienen aquí hasta 15 o 20 años, y nunca había tenido tanto pavor o tanto terror a lo que está sucediendo hoy en día”. dice.
Hace siete años que Daniel González llegó a Estados Unidos desde Venezuela, y es beneficiario de un Estatus de Protección Temporal (TPS). Cuenta que, desde hace meses, a cada lugar al que va lleva su permiso de trabajo y otros documentos por si se enfrenta a un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Pese a tener estatus legal en EE.UU., teme que por su nacionalidad y tener tatuajes — uno de los argumentos del Gobierno del presidente Donald Trump para deportar a migrantes venezolanos a El Salvador— pueda ser visto como un posible delincuente asociado a la banda Tren de Aragua.
“Tengo que tener la mayor cantidad de información posible para que no digan que ‘tú estás aquí ilegal o ya tienes algún cargo penal’ o algo”, dice a CNN.
El 16 de marzo, Estados Unidos deportó a El Salvador a 238 venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, a quienes el presidente Nayib Bukele envió al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como parte un acuerdo vigente con Washington. El Gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones pese a un fallo judicial que detuvo la medida. Los detenidos no han sido identificados oficialmente y tampoco han sido sometidos a proceso penal alguno. Se espera que el caso llegue incluso a la Corte Suprema de EE.UU.
ICE afirma que realizó una investigación “cuidadosa” para verificar que las personas deportadas forman parte de grupos criminales.
Días atrás, el presidente Donald Trump desmintió que su Gobierno haya deportado a personas equivocadas a El Salvador y aseguró que las deportadas eran “realmente malas”.
El temor de González, al igual que el de tantos otros migrantes venezolanos, tiene sus razones. Tras las deportaciones, los familiares de muchos de esos detenidos aseguran que sus allegados no son criminales, y que fueron deportados pese a no tener ninguna vinculación delictiva.
Personal de seguridad hace guardia durante el día en que migrantes venezolanos llegan en un vuelo después de ser deportados de Estados Unidos, en Caracas, Venezuela, el 24 de marzo de 2025. Leonardo Fernández Viloria/Reuters
Desde Maracaibo, Jaannelys Parra Morillo afirma que su esposo, Mervin José Yamarte Fernández, no tiene antecedentes delictivos.
Cuenta que su cuñado fue quien identificó a su esposo entre los deportados al verlo en imágenes difundidas en medios. CNN no puede confirmar independientemente que Yamarte esté entre los migrantes venezolanos deportados a El Salvador. El Gobierno de Venezuela no ha respondido a las consultas sobre el tema.
En una entrevista con CNN, Parra pidió que investiguen su caso. “No porque sea venezolano tiene que ser del Tren de Aragua”, dijo.
Argumenta que los tatuajes de su esposo no tienen ninguna relación con organizaciones delictivas. “Yo estoy segura de mi esposo; lo conozco bien, llevo 11 años con él. Yo sé que no es un mal muchacho. No pertenece al Tren de Aragua”, insistió.
Yurliana Andreina Chacín Gómez buscó durante días a su hermano Jhon Willian después de verlo, afirma, en un video entre los enviados a El Salvador, acusado por el Gobierno de Trump de tener lazos con la pandilla de origen venezolano. “No es un criminal”, aseguró.
“Es como que nos pusieran una diana en la frente”
Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, una ONG que aboga por los derechos de los migrantes, explica que el temor de los venezolanos en Estados Unidos afecta a todos y que aumenta cada vez más, “independientemente de su estatus inmigratorio”.
“Desde que empezó la campaña electoral del presidente Trump, en aquel momento candidato, los ataques se dirigieron especialmente a la comunidad venezolana, sin discriminar”, dice Ferro a CNN.
Ferro señala que las políticas inmigratorias han generado “mucho miedo” en la comunidad: no solo por la incertidumbre sobre el futuro, sino también por el rechazo y la discriminación. “Es como que nos pusieran una diana en la frente”, dice.
El impacto psicológico de lo que viven muchos, asegura, “es terrible”. “La incertidumbre de qué va a pasar, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con lo que tengo, con mi negocio, con mi casa, qué va a pasar con mis hijos, si a mí me detienen. (…) Hay gente con ataques de ansiedad, con ataques de pánico, con crisis nerviosas”.
La activista de derechos humanos dice que desde su organización consiguen asistencia psicológica a quienes no tienen recursos y la necesitan. Una tarea que ha sido difícil: “No hemos dado totalmente abasto. Son muchos casos de personas que están teniendo problemas de salud mental gracias a esta situación de incertidumbre y de desesperación”.
Temor e incertidumbre de la comunidad venezolana en EE.UU.
Lady Junek Vargas León, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en migraciones, explicó anteriormente a CNN que la suspensión de programas como el “parole” humanitario, la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de algunos países, y la eliminación de la aplicación CBP One —que permitía a los migrantes solicitar citas para un proceso migratorio regular— han acelerado los procesos de deportación y, con ello, un impacto mayor en los migrantes.
De acuerdo con los datos más recientes de la Oficina del Censo de EE.UU., en este país viven más de 900.000 venezolanos. Se estima que unos 700.000 de ellos perderán sus permisos de trabajo al revocarse algunos de los beneficios inmigratorios, reporta la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), otra ONG.
Charlotte Nava Maya es electricista en el estado de California. Vive hace cuatro años en Estados Unidos y asegura que desde su llegada desde Venezuela “jamás” sintió un temor similar. Sus rutinas cambiaron: dice que ahora es mucho más cuidadoso a la hora de ir a ciertos lugares, evita sitios que antes frecuentaba y trata de mantenerse lo más posible en su casa.
Agrega que ese mismo temor lo ve en muchos de sus compatriotas. “Casi todo el mundo está preocupado. Casi todos los venezolanos, que somos varios en el trabajo, están preocupados por lo que está ocurriendo. Es como si hubiera una persecución, como una persecución exactamente para cierto tipo de personas”, dice.
Esta imagen obtenida el 16 de marzo de la Oficina de Prensa de la Presidencia de El Salvador muestra a policías salvadoreños escoltando a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, recientemente deportados por el gobierno de Estados Unidos para ser encarcelados en el Centro de Internamiento del Terrorismo (CECOT). Oficina de Prensa de la Presidencia de El Salvador/Folleto/Reuters
En Florida, Susana Pérez también vive días de angustia. En febrero de 2023, después de diez años sin ver a su madre, que estaba en Venezuela, ella obtuvo el TPS y volvieron a vivir juntas en Estados Unidos. Pero el plazo otorgado a su madre vence en abril.
De acuerdo con lo ordenado por la secretaria de Seguridad del Gobierno de Trump, Kristi Noem, las protecciones para unos 300.000 venezolanos beneficiarios del TPS finalizarán el 7 de abril, tras lo cual podrían ser deportados. Hay otros 250.000 —beneficiados desde 2021— que perderán su TPS en septiembre.
Pérez dice que está asustada desde que cambiaron las medidas. “Pensaba, cuando veía esas noticias, qué diferente el panorama de hace unos años cuando con alegría recibía a mi madre acá, y ahora pasa esto y digo: ¿Cómo es posible? ¿Cómo todo puede dar un vuelco de esta manera en tan solo años, meses?”.
En esos diez años en los que estuvo separada de su madre, Pérez tuvo una hija, que no conocía a su abuela. Desde que su madre llegó a EE.UU, ha forjado un vículo estrecho con su nieta. Ahora su temor es que deban separarse una vez más.
“Esto ha sido esperar, ver cómo muchas personas están en incertidumbre, familias, personas trabajadoras, personas que han estado aportando a este país y que no saben qué va a ser de ellos en los próximos días”, cuenta desde su casa en Jacksonville.
Agrega que muchos otros venezolanos “se están esforzando día a día también por impulsar este país, por cumplir con sus derechos, por cumplir con sus deberes, sobre todo. Y eso es lo que yo pienso debería pesar”.
Para Nava, la situación es un asunto de supervivencia. “Toca sobrevivir. Toca vivir cuatro años, sobrevivir estos cuatro años de gobierno y a ver qué pasa con el siguiente”.
Ferro recomienda “saber cuáles son los derechos de uno en este país, estar informado”, además de tener claro qué es una orden de un juez, cómo se presenta, y “cuáles son tus derechos si tú estás en tu casa y cuáles son tus derechos si te llevan detenido”.
Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Uribe & Uribe APLC, dijo a CNN que es importante que cada persona consulte a un abogado de inmigración que pueda ayudar a entender su caso y evaluar si existe alguna alternativa que le permita regularizar su estatus.
CNN
