“Las sanciones son más eficaces cuando se coordinan y se aplican multilateralmente con los aliados, y un diseño y una aplicación deficientes de las políticas de sanciones a menudo hacen que no tengan los efectos deseados”. Jonathan Hackenbroich
La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la licencia a Chevron y otras empresas petroleras para operar en Venezuela ha desatado una tormenta geopolítica y económica que redefine el conflicto entre Nicolás Maduro y la comunidad internacional. Más que una simple sanción, esta medida representa un movimiento estratégico que sitúa al madurismo en una encrucijada sin salidas fáciles, poniendo a prueba la solidez de la coalición que lo sostiene —integrada por la cúpula militar, Fedecámaras y las transnacionales del petróleo— ante una crisis de consecuencias inciertas.
Desde que la administración de Joe Biden flexibilizó algunas sanciones en 2022 en un intento de incentivar reformas democráticas, el régimen de Maduro ha jugado con la doble estrategia de prometer cambios mientras consolidaba su control sobre el aparato represivo. La revocación de la Licencia General 41 deja en claro que la paciencia de Washington se agotó. Haber ignorado los acuerdos de Barbados, sumado al incumplimiento de lo que se convino con el enviado especial Richard Grenell, ha convencido a la administración Trump de que la única vía para lograr avances democráticos es a través de la reactivación de la política de máxima presión.
El colapso económico como arma de presión
Chevron no es solo una empresa petrolera; es un actor clave en la frágil estabilidad económica de Venezuela. Con su salida se interrumpe un flujo de divisas vital que, hasta ahora, mantenía bajo relativo control la devaluación del bolívar. Se estima que la empresa inyecta cerca de 200 millones de dólares mensuales en la economía, un monto que desaparecerá de inmediato y cuyo impacto será devastador. El tipo de cambio paralelo ya muestra signos de volatilidad, y la escalada inflacionaria parece inevitable al financiar el gasto público con emisión de bolívares para costear el déficit fiscal. En este contexto, el madurismo enfrenta su peor pesadilla: una crisis económica sin capacidad de respuesta.
Sin Chevron y las otras empresas petroleras multinacionales, las opciones de Maduro se reducen drásticamente. La búsqueda de inversionistas alternativos en Rusia, China o Irán se enfrenta a dos obstáculos mayúsculos: el deterioro de la infraestructura petrolera venezolana y la creciente vigilancia internacional sobre los mecanismos de evasión de sanciones.
La semana pasada, Estados Unidos sancionó a decenas de personas y buques petroleros en China, los Emiratos Árabes Unidos, la India y otras jurisdicciones por supuestamente ayudar a financiar a Irán y su apoyo a grupos milicianos que lanzan ataques contra Estados Unidos y sus aliados.
Los mercados negro-asiáticos, aunque siguen comprando crudo venezolano con descuentos, operan bajo márgenes cada vez más estrechos, y la capacidad de producción del país se desplomará sin la asistencia técnica de las empresas petroleras occidentales.
El riesgo de una estrategia de asfixia
La estrategia de la administración Trump busca llevar al régimen de Maduro a un estado de máxima debilidad, aumentando los costos de su permanencia en el poder. El riesgo de una implosión descontrolada es una posibilidad latente. Las fuerzas democráticas, encabezadas por María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia como presidente legítimamente electo, deben articular la presión interna con una evaluación rigurosa del impacto político y social de un colapso total. La experiencia reciente en Venezuela evidencia que la crisis económica, lejos de traducirse en una presión efectiva sobre el régimen, ha fomentado la desidia y la desesperanza en una población obligada a enfocarse en la supervivencia diaria.
Maduro ha demostrado resiliencia al aferrarse al poder en medio de crisis extremas, apoyándose en el control del aparato de seguridad y en el uso sistemático del terrorismo de Estado para sofocar la resistencia popular. Sin embargo, el equilibrio de fuerzas podría alterarse si la crisis impacta directamente a la coalición que lo sostiene. Sin el flujo de caja proveniente de las exportaciones petroleras, los militares y la élite madurista podrían replantearse su lealtad a la dupla Maduro-Cabello, especialmente si esta deja de garantizar su estabilidad financiera.
Un punto de no retorno
El mensaje de Washington es claro: sin concesiones reales no habrá alivio económico para el régimen. Pero el margen de maniobra de Maduro es reducido. Negociar una transición a la democracia lo debilitaría políticamente y resistir a toda costa lo coloca en una trayectoria de colapso progresivo. En este contexto, Maduro enfrenta su dilema final: negociar una salida pactada o enfrentar un deterioro irreversible con consecuencias imprevisibles.
Para la administración Trump y la comunidad internacional, la clave está en evitar que la crisis económica se convierta en una catástrofe humanitaria de magnitudes aún mayores. La presión debe mantenerse, pero con una estrategia de transición clara que permita encauzar el proceso político sin desmoronar completamente la economía.
Venezuela ha llegado a un punto de inflexión. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas no solo determinarán el destino de Maduro, sino también el rumbo de una nación que ha resistido más de dos décadas de crisis. El régimen debe entender que la represión y la evasión ya no bastan para sostenerse en el poder. Al mismo tiempo, las fuerzas democráticas, la administración Trump y la comunidad internacional deben coordinar una estrategia que conduzca a una verdadera transición, evitando otro ciclo de frustración sin cambios reales. El objetivo es claro: libertad y democracia.
@antdelacruz_
Director Ejecutivo Inter América Trends
