Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, detenido en medio de la crisis poselectoral en Venezuela, falleció el jueves en la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito (Carabobo, centro), explica el comunicado. Su hijo, también llamado Jesús Álvarez, de 22 años, explicó que al conocer la noticia en redes sociales se trasladó al servicio de medicina forense, donde apenas le mostraron una fotografía del cadáver para su reconocimiento. No lo había visto desde que fue detenido, dijo a la AFP una fuente del OVP.
«En dicha foto vio a su papá irreconocible: demacrado, con barba, extremadamente delgado (…). Observó que tenía el pómulo hinchado, con signos evidentes de un golpe», añadió el OVP. Cuando la familia de Álvarez intentó iniciar los trámites para retirar el cuerpo, los funcionarios de Tocuyito aseguraron que «no hay ningún muerto». «Mi papá era una persona sana, no padecía de nada. Allí lo castigaban solo por tener hambre. Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban», lamentó Álvarez hijo.
El joven también tiene a su madre detenida y exige su liberación. «Yo no quiero que ella también muera (…), encerrada ahí, siendo inocente, igual que mi padre, (…) un hombre de 44 años que todavía tenía aspiraciones para su familia, todavía tenía tanto que darnos a nosotros», expresó Álvarez, de 22 años, en un video publicado por la ONG.
Álvarez es el segundo fallecido en custodia desde que estallaron las protestas contra Maduro, que dejaron 27 muertos y casi 200 heridos. El primero fue Jesús Manuel Martínez, de 36 años y miembro del partido de la líder opositora María Corina Machado. Murió en un hospital de la ciudad de Barcelona (este) por un problema cardíaco, asociado a una diabetes tipo II. Antes, ya habían denunciado el «asesinato» bajo arresto del opositor Edwin Santos.
Más de 2.400 personas fueron detenidas tras las protestas que siguieron a la proclamación de Maduro para un tercer mandato de seis años, entre denuncias de fraude de la oposición. Las autoridades informaron de la excarcelación de unas 300, más de cien esta misma semana, aunque la ONG Foro Penal, que defiende a «presos políticos», solo ha logrado registrar unas 208, adolescentes incluidos. Los familiares de los detenidos han venido pidiendo su liberación y han denunciado que sus parientes han sido víctimas de torturas, malos tratos y deficiencias alimentarias en los penales.
La mayoría de los detenidos lo fueron durante las protestas. Sin embargo, de acuerdo al Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Álvarez -padre de tres hijos- fue detenido «arbitrariamente» el 2 de agosto junto con su esposa cuando se encontraban en su vivienda, en el estado Bolívar (sur), «sin orden de captura» por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), debido a una «supuesta investigación». Posteriormente, indicó la ONG, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) los acusó de «terrorismo e instigación al odio».
lgc (afp, efe)
Un segundo detenido en las protestas que siguieron a la cuestionada reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro murió en prisión, denunció este sábado (14.12.2024) el hijo del recluso, quien denunció que las autoridades negaron el fallecimiento de su padre. «A mi papá lo castigaron y lo mataron en la cárcel», acusó en un comunicado del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, detenido en medio de la crisis poselectoral en Venezuela, falleció el jueves en la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito (Carabobo, centro), explica el comunicado. Su hijo, también llamado Jesús Álvarez, de 22 años, explicó que al conocer la noticia en redes sociales se trasladó al servicio de medicina forense, donde apenas le mostraron una fotografía del cadáver para su reconocimiento. No lo había visto desde que fue detenido, dijo a la AFP una fuente del OVP.
«En dicha foto vio a su papá irreconocible: demacrado, con barba, extremadamente delgado (…). Observó que tenía el pómulo hinchado, con signos evidentes de un golpe», añadió el OVP. Cuando la familia de Álvarez intentó iniciar los trámites para retirar el cuerpo, los funcionarios de Tocuyito aseguraron que «no hay ningún muerto». «Mi papá era una persona sana, no padecía de nada. Allí lo castigaban solo por tener hambre. Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban», lamentó Álvarez hijo.
El joven también tiene a su madre detenida y exige su liberación. «Yo no quiero que ella también muera (…), encerrada ahí, siendo inocente, igual que mi padre, (…) un hombre de 44 años que todavía tenía aspiraciones para su familia, todavía tenía tanto que darnos a nosotros», expresó Álvarez, de 22 años, en un video publicado por la ONG.
Álvarez es el segundo fallecido en custodia desde que estallaron las protestas contra Maduro, que dejaron 27 muertos y casi 200 heridos. El primero fue Jesús Manuel Martínez, de 36 años y miembro del partido de la líder opositora María Corina Machado. Murió en un hospital de la ciudad de Barcelona (este) por un problema cardíaco, asociado a una diabetes tipo II. Antes, ya habían denunciado el «asesinato» bajo arresto del opositor Edwin Santos.
Más de 2.400 personas fueron detenidas tras las protestas que siguieron a la proclamación de Maduro para un tercer mandato de seis años, entre denuncias de fraude de la oposición. Las autoridades informaron de la excarcelación de unas 300, más de cien esta misma semana, aunque la ONG Foro Penal, que defiende a «presos políticos», solo ha logrado registrar unas 208, adolescentes incluidos. Los familiares de los detenidos han venido pidiendo su liberación y han denunciado que sus parientes han sido víctimas de torturas, malos tratos y deficiencias alimentarias en los penales.
La mayoría de los detenidos lo fueron durante las protestas. Sin embargo, de acuerdo al Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Álvarez -padre de tres hijos- fue detenido «arbitrariamente» el 2 de agosto junto con su esposa cuando se encontraban en su vivienda, en el estado Bolívar (sur), «sin orden de captura» por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), debido a una «supuesta investigación». Posteriormente, indicó la ONG, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) los acusó de «terrorismo e instigación al odio».
AFP / EFE
