La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó por unanimidad solicitar al fiscal general Tarek William Saab aplicar la Ley Libertador Simón Bolívar contra diputados de la AN de 2015.
El presidente del Parlamento con mayoría chavista, Jorge Rodríguez, indicó que el grupo de legisladores del período 2015-2021 envió una carta al jefe de misión de la Oficina Externa de EE. UU. para Venezuela, Francisco Palmieri, en la que le indican que la AN elegida en 2015 es la única institución democrática que existe en Venezuela, y que aprobó un ‘estatuto para la transición’ de acuerdo a una reunión secreta realizada por los diputados.
«Esto lo hacen porque necesitan los reales antes de que cambie el gobierno de EE. UU., las partidas millonarias de los dividendos de Citgo, de los activos que nos robaron a los venezolanos, porque en este momento, cada uno de los diputados secretos percibe una partida de $5.000 mensuales cada uno», señaló Rodríguez.
La solicitud al titular del Ministerio Público consiste en aplicar medidas contempladas en la mencionada ley, como la inhabilitación política hasta por 60 años, extinción de dominio y las concernientes a delitos de orden penal tipificados en este instrumento legal.
Contra quién pidió Rodríguez aplicar Ley Simón Bolívar
Las medidas recaerían en las diputadas Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez.
Rodríguez subrayó que tal sesión secreta es algo completamente ilegal e inconstitucional y que la comunicación es violatoria de la Constitución.
“Esta carta es la demostración fehaciente que debe aplicarse de inmediato a la señora Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, lo que está establecido en materia de inhabilitación política y delitos de orden penal tipificados en la Ley Simón Bolívar y de Extinción de Dominio”, afirmó Rodríguez.
Refirió que los integrantes de la AN de 2015, en esa reunión secreta en Miami, se autodenominaron “asamblea vitalicia”, lo que, a su juicio, «viola las leyes de la República».
En este sentido, Rodríguez pidió que se deben aplicar las penas previstas en la referida ley, como la inhabilitación política, extinción de dominio y acciones penales, a quienes violan flagrantemente la Constitución y las leyes del país.
