Es falso que en Venezuela no haya ni un preso político, como dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, en Colombia. Investigaciones nacionales e internacionales dan cuenta de los atropellos cometidos en el país por organismos de seguridad y de justicia desde hace 10 años y con una escalada de represión que tiene tras las rejas a más de 1.900 ciudadanos, la mayoría de ellos detenidos tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«En Venezuela no hay presos políticos, en Venezuela no hay ni un preso politico, Venezuela es un país libre de presos políticos, en Venezuela hay paz», dijo el ministro de Relaciones Exteriores venezolano Yván Gil, a Blu Radio de Colombia.
Declaración desde el minuto 2:01 hasta el 2:09
En Cali, Colombia, donde se encontraba a propósito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), Gil hizo la declaración sobre la supuesta inexistencia de presos políticos a Sylvia Patiño, coordinadora de Redacción de Blu Radio, luego de que ella le señalara: «Usted dice que en Venezuela se respira paz total, pero hay más de 1.200-1.300 presos políticos».
Patiño se quedó corta al cifrar las detenciones por motivos políticos. Foro Penal, ONG que nació como respuesta a la represión estatal en contra de ciudadanos considerados como disidentes u opositores a las políticas gubernamentales, principalmente practicada a través de sus cuerpos de seguridad y del Poder Judicial, contabiliza hasta el 28 de octubre 1.958 presos políticos, de los cuales 1.828 fueron detenciones hechas desde el 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro sin presentar las pruebas, lo que causó protestas a nivel nacional.
¿En Venezuela hay presos políticos?
La documentación sobre presos políticos en Venezuela es vasta. No solo localmente. Organismos internacionales como la OEA y la ONU han dado cuenta de la situación de represión y violencia política al menos durante los últimos 10 años.
A comienzos de octubre, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en su intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos acerca de la situación en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, informó del abultado número de presos políticos, incluidos niños y personas indígenas.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas, que investiga desde hace cinco años violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Maduro desde 2014, emitió en septiembre de 2024 un contundente informe sobre la escalada represiva sin precedentes observada en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, más fuerte tras los comicios presidenciales.
El informe sostiene que «las protestas postelectorales fueron brutalmente reprimidas y dejaron un balance de 25 muertos y centenares de heridos y detenidos, en la que constituye una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país».
«La misión documentó numerosas detenciones de personas vinculadas o que participaron en actos electorales protagonizados por la oposición política. Aunque no se restringieron a este período, este tipo de detenciones aumentó significativamente durante la campaña electoral (4 a 25 de julio de 2024). La misión documentó los casos de 121 personas (106 hombres y 15 mujeres) que fueron detenidas en el contexto de los actos de campaña de la oposición», se lee en el aparte de actos de campaña.
Posterior al proceso electoral se dieron «detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente, al tiempo que continuaron las detenciones selectivas de actores de la oposición y de la sociedad civil. El número de detenciones reportadas por las propias autoridades llegó a niveles solo comparables con las protestas de 2014, 2017 y 2019».
Después de los comicios y hasta el 31 de agosto, la misión también obtuvo información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas), que «fueron acusados de graves delitos como terrorismo, un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente». En algunos de los casos de las detenciones registradas, las víctimas fueron niños y niñas con discapacidad.
La misión identificó que las detenciones se dieron el contexto de las protestas espontáneas del 29 al 31 de julio, surgidas tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales y, de la operación Tun Tun que afectó a personas no expuestas políticamente, «pero que se decidieron a protestar en las calles o expresar su rechazo a los resultados electorales anunciados por las autoridades o reclamó transparencia en los mismos, particularmente en las redes sociales. La mayoría de las personas detenidas provenían de barrios populares y fueron identificadas por las fuerzas de seguridad tras la obtención de videos o fotografías o por la delación de personas afines al gobierno».
Además, el gobierno ha usado a ciudadanos extranjeros, detenidos en el país bajo acusaciones de terrorismo o conspiración, como fichas de intercambio con el gobierno de Estados Unidos, como ocurrió en diciembre de 2023, cuando Venezuela canjeó a cuatro estadounidenses por Alex Saab, empresario (supuestamente testaferro de Nicolás Maduro) detenido en EE UU desde octubre de 2021 por lavado de dinero.
Es falso, entonces, que en Venezuela no haya ni un preso político o que esté libre de presos políticos, como indicó el canciller Yván Gil, en su visita a Cali, Colombia.
Espaja.com
