Según voceros de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas se perdieron 98 vuelos internacionales semanales con la suspensión de viajes a varios países.
A media que se afianza en el poder, la coalición gobernante en Venezuela, liderada por Nicolás Maduro, le hace más complejo a los ciudadanos la posibilidad de retornar al país, pero también complica cualquier trámite asociado a cualquier intento de salir por fronteras terrestres, marítimas o aéreas de forma legal.
A partir de la denuncia internacional sobre los resultados de la elección presidencial del 28 de julio oficializados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el régimen de Maduro decidió unilateralmente suspender los vuelos comerciales desde y hacia Panamá, República Dominicana, Chile y Perú. Esta medida disminuyó en 54% la ya mermada conectividad internacional.
Según el gobierno esta suspensión “temporal” se tomó en rechazo “al injerencismo de gobiernos de derecha”. Incluso, desde el ministerio de Transporte se indicó que el gobierno “se reserva las acciones legales, en apoyo firme a las decisiones políticas del Estado, a fin de hacer respetar, preservar y defender el derecho inalienable de la autodeterminación del pueblo”
Según los voceros de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas (ALAV) con la suspensión de las rutas aéreas a estos cuatro países, se perdieron 98 vuelos internacionales semanales. A la fecha, solo se mantienen 83 vuelos internacionales, con un número de estos amenazados si se concreta la petición de la Asamblea Nacional de romper relaciones con España.
Para tener una idea de nivel de aislamiento de Venezuela basta con revisar la conectividad aérea de Cuba. La isla cuenta con 214 vuelos internacionales para EE. UU. y casi el doble de vuelos a otros destinos.
Según el Ministerio de Turismo del régimen cubano a partir de la apertura comercial posterior a la pandemia de Covid-19 la isla recibe semanalmente más de 400 vuelos internacionales.
Salvoconducto para entrar
La suspensión de relaciones con Panamá, República Dominicana, Perú, Chile se une a la ausencia de actividades consulares en Canadá, EE. UU. y Ecuador. La falta de actividades consulares afecta notablemente a los venezolanos en estos países que quieran retornar a su país -temporal o definitivamente- si carecen de un pasaporte venezolana vigente.
A partir del mes de septiembre los venezolanos solo pueden ingresar a su país sí tienen pasaporte vigente. En caso contrario deben solicitar un salvoconducto ante la embajada o consulado venezolano donde residan. Ante el caos generado por esta decisión del gobierno de Maduro se anunció que a partir del 14 de octubre se habilitaría un sistema electrónico para para atender a quienes residan en un país donde no haya representación diplomática. No obstante, al momento de escribir este texto el sistema no está operativo.
Solo están exentos de solicitar un salvoconducto los venezolanos con pasaporte vencido que tengan otra nacionalidad. No obstante, el gobierno ha sido enfático al recordar que, aunque se ingrese al país con el pasaporte que acredite una segunda nacionalidad, la única opción legal para salir es tener el pasaporte venezolano.
Obtener el pasaporte Venezuela (en Venezuela) puede llegar a costar hasta 200 dólares, lo que convierte a este documento en uno de los más costosos del mundo.
Violas las leyes venezolanas
Los abogados integrantes de la organización Acceso a la Justicia sostienen que la exigencia de salvoconducto para que los venezolanos con pasaporte vencido puedan ingresar al país no ha sido oficializada por el gobierno de Maduro, aunque las aerolíneas con vuelos a Venezuela y las oficinas migratorias en las fronteras terrestres han sido instruidas a no permitir viajes sin este documento.
Desde la perspectiva de los abogados de Acceso a la Justicia “la medida viola el derecho al libre tránsito establecido en el artículo 50 de la Constitución, el cual establece que los venezolanos pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Dicha disposición consagra que las personas pueden ausentarse de la República y volver sin más limitaciones que las establecidas por la ley”.
Además recuerdan que el permiso “no figura en ninguna parte del marco legal vigente. Ni la Ley Orgánica de Identificación ni la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía establecen que el pasaporte vigente sea el único requisito para el ingreso al país. Y la Asamblea Nacional (AN) tampoco ha aprobado ninguna otra disposición que prevea el nuevo requisito, lo que vulnera la reserva legal. Este principio señala que sólo el Parlamento puede establecer requisitos de alguna naturaleza a derechos como el ejercicio al libre tránsito en el país, aunque tampoco lo puede restringir porque, en ese caso, también la ley correspondiente sería inconstitucional (…) Una revisión más detallada del requisito permitió concluir que este, tal y como fue diseñado, vulnera lo previsto en el artículo 21 de la Constitución, el cual establece claramente que todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia”.
Para Acceso a la Justicia la solicitud de salvoconducto para los venezolanos con pasaporte vencido viola la igualdad ante la ley porque hace “una distinción entre ciudadanos con pasaporte vigente, con doble nacionalidad o con residencia legal en el país donde se encuentran, establece una clara distinción entre venezolanos, una situación que el texto fundamental prohíbe como ya se expuso arriba”.
Por otra parte, indica que “el endurecimiento de los requisitos para viajar a Venezuela parece formar parte de la estrategia de las autoridades contra la diáspora. No se puede olvidar que, durante la reciente ola de protestas en contra de los cuestionados resultados de las presidenciales del 28 de julio, Maduro y otros funcionarios denunciaron que algunos de los más de mil detenidos habían sido entrenados en el exterior para provocar desórdenes”.
Además, advierten que las autoridades no solo han acusado a retornados de participar en las protestas, sino que han castigado a quienes viajaron para votar o a los que fueron testigos de mesa, así como a activistas de derechos humanos y periodistas que han denunciado los excesos ocurridos en las últimas semanas anulándoles sus pasaportes.
Hasta principios de agosto la organización Espacio Público contabilizó 40 casos de esta naturaleza. Este tipo de medidas va en contra de la Constitución, que en su artículo 56 señala que «toda persona tiene derecho (…) a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley». También contraría lo previsto por la Ley Orgánica de Identificación, que no menciona supuestos por los cuales se puede anular un pasaporte”.
Según Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, la exigencia a los venezolanos que tienen el pasaporte vencido de tener que presentar un salvoconducto para viajar a su país natal es la última de una serie de medidas contra la diáspora. “No se puede olvidar que hace menos de 2 años el sistema para obtener los pasaportes fue modificado y los costos para obtenerlo aumentaron de forma exponencial, convirtiendo al documento en uno de los más caros del mundo.” El nuevo trámite, que también conlleva un costo, no hace más que dificultar la posibilidad de que los millones de venezolanos que se han visto forzados a exiliarse en los últimos años por la situación del país puedan reencontrarse con sus seres queridos. Asimismo, supone una clara violación a numerosas disposiciones constitucionales y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
@Puzkas/ DLA
