Este sábado 7 de septiembre, el líder opositor Edmundo González Urrutia se vio forzado a abandonar Venezuela y asilarse en España. El pasado 2 de septiembre, el Juzgado Especial Primero para Casos de Terrorismo había emitido en su contra una orden búsqueda y captura acusándolo, sin fundamento alguno, de seis delitos graves, incluyendo entre ellos usurpación de funciones, conspiración y sabotaje, cuyas penas acumuladas superan los 50 años de prisión.
Más allá del intento de neutralizar la figura del excandidato presidencial y desacreditar las actas comiciales publicadas en internet que muestran que en las elecciones del 28 de julio obtuvo casi el 70% de los votos, la injusta criminalización de una figura de tan alto perfil político e internacional como González Urrutia responde a la estrategia de Nicolás Maduro de promover en Venezuela un clima de terror generalizado donde nadie, sin importar su inocencia o relevancia, pueda sentirse a salvo de ser una víctima más de la violencia del Estado.
Aplicación sistemática del terrorismo de Estado
Este uso del terror como instrumento de control social por parte del Estado venezolano viene siendo condenado de forma reiterada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su comunicado del pasado 15 de agosto, la CIDH volvió a advertir a la comunidad internacional que el régimen de Maduro estaba «utilizando el terror como una herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar su poder autoritario”.
En la misma dirección, el pasado 2 de agosto, varias organizaciones venezolanas de derechos humanos publicaron el informe «Crisis postelectoral y de DD.HH. en Venezuela”, donde se documenta de forma exhaustiva cómo en el país se ha venido instaurando una «política pública generalizada y coordinada de terrorismo de Estado”. En la introducción de este informe, a manera de testimonio, se deja constancia de que, a consecuencia del clima de terror que impera actualmente en Venezuela, «por primera vez, desde su aparición como parte del tejido asociativo del país, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales se abstienen de firmar, con su nombre, un reporte unitario sobre la situación de la dignidad humana”.
El uso sistemático del terror como política de Estado busca acentuar la sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos, silenciar las voces críticas, desmovilizar a la sociedad y aislar a la disidencia. Para lograr estos objetivos, el régimen chavista se ha valido de una serie de medidas e instrumentos altamente represivos, entre los que destacan: la vigilancia masiva de la población, la represión arbitraria y aleatoria, la instrumentalización del sistema judicial al servicio del terror, y el uso de la violencia extrema contra cualquier forma de disidencia.
Vigilancia masiva de la población
Como parte de su estrategia del terror, el régimen de Maduro ha venido desarrollando un vasto sistema de vigilancia social. Este sistema combina tecnologías avanzadas, como el reconocimiento facial y el monitoreo del ciberespacio, con plataformas digitales de delación ciudadana y estructuras partidistas de vigilancia comunitaria. La finalidad última es promover dentro de la sociedad venezolana la sensación de que el Estado es omnipresente y capaz de invadir a voluntad los espacios íntimos de la vida ciudadana.
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, en su reporte ante el Consejo permanente de la OEA el pasado 28 de agosto, alertó que el régimen venezolano estaba «intensificado la represión en la esfera digital, utilizando la tecnología para elaborar perfiles, vigilar e intimidar a los opositores. Se ha documentado el bloqueo de sitios web, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. así como el uso de aplicaciones que incitan a los ciudadanos a dar información unos sobre otros”.
El pasado 30 de julio, Nicolás Maduro anunció la habilitación de una nueva función de la aplicación VenApp «para que allí se registren de manera confidencial los datos de los delincuentes que han atacado al pueblo, e ir por ellos”. Esta plataforma digital de delación ciudadana se suma a la ya existente red de informantes anónimos conocidos como «Patriotas Cooperantes” y a la estructura local de «jefes callejeros” del partido de gobierno PSUV. Con estas herramientas, el régimen busca fomentar un ambiente de desconfianza mutua en las comunidades y generar en los ciudadanos el temor constante de ser denunciados por cualquier expresión que pueda interpretarse como disidencia.
El régimen ha buscado incrementar la percepción de la omnipresencia estatal mediante el despliegue de drones y cámaras de videovigilancia en zonas de protesta. La sensación de que la vida de las personas siempre está sujeta a la vigilancia estatal se acentúa mediante inspecciones arbitrarias y aleatorias de los dispositivos móviles de los ciudadanos, tanto en espacios públicos como en lugares de trabajo. Un conjunto de ONG venezolanas denunció en una carta abierta el 5 de agosto que «se reportan frecuentemente detenciones por parte de las fuerzas de seguridad para examinar el contenido de teléfonos particulares, incluyendo fotos, cuentas de redes sociales y conversaciones de WhatsApp. Estas revisiones resultan en detenciones basadas en el contenido encontrado».
Represión arbitraria y aleatoria: Operación Tun-Tun
Otra estrategia clave del régimen chavista para infundir terror en la población es el empleo de medidas de represión arbitrarias y aleatorias. Un ejemplo destacado de este tipo de medidas es la operación «Tun-Tun», que consiste en allanamientos, redadas y detenciones ejecutadas sin previo aviso ni órdenes judiciales. Estas acciones a menudo culminan en arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y torturas. Si bien estas operaciones se dirigen principalmente contra activistas y opositores, también se han extendido a familiares de disidentes. Esta forma de represión indiscriminada genera una profunda sensación de vulnerabilidad en la sociedad, ya que se hace imposible prever quién podría convertirse en víctima y por qué motivo.
Las operaciones más recientes de este tipo se ordenaron para enfrentar las protestas ciudadanas en rechazo a la proclamación fraudulenta de Nicolás Maduro. Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. Entre los apresados no solo se encuentran manifestantes, sino también miembros y testigos electorales, activistas y dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, personas que publicaron mensajes críticos en redes sociales e, incluso, más de 100 adolescentes de entre 14 y 17 años, de los cuales 86 fueron liberados recientemente bajo medidas cautelares. Para aumentar el terror en la población y disuadir a futuros manifestantes, Maduro creó dos nuevas cárceles de máxima seguridad, donde los detenidos estarán sometidos a procesos de «reeducación» política.
Sistema judicial al servicio del terror
Las arbitrariedades del régimen no se limitan a las detenciones, sino que se extienden a todo el proceso judicial. Una vez detenidas, las personas quedan en una situación de absoluta indefensión dentro de un sistema judicial diseñado para apoyar la política de terrorismo de Estado implantada por el régimen. Jueces y fiscales, actuando bajo órdenes directas del Ejecutivo, someten de manera sistemática a los procesados a juicios manipulados, donde se les niegan las garantías procesales mínimas. Además, se les imputan cargos infundados de delitos graves como traición a la patria, terrorismo, conspiración o instigación al odio. Estas falsas acusaciones, que conllevan severas sanciones, permiten mantener a los opositores en prisión por tiempo indefinido, convirtiéndolos en la práctica en rehenes políticos del régimen.
Estas medidas no solo buscan castigar a los disidentes, sino que aspiran a promover el miedo dentro de la población venezolana, que observa cómo cualquier ciudadano puede terminar siendo víctima impotente de un sistema judicial totalmente instrumentalizado.
Uso de la fuerza letal y la violencia extrema
Otra de las estrategias clave del régimen chavista para instaurar un clima de terror en Venezuela ha sido el uso de la fuerza letal y la violencia extrema para reprimir los actos de disidencia ciudadana. Precisamente por este tipo de acciones ejecutadas por el gobierno en el contexto de las protestas de 2014 y 2017 es que el régimen de Maduro se encuentra bajo investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
A pesar de la investigación en curso de la CPI, durante las recientes protestas postelectorales, las fuerzas de seguridad del Estado, en coordinación con grupos paramilitares afines al régimen, volvieron a reprimir a manifestantes desarmados de manera «escandalosamente brutal», según lo describió Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Esta despiadada represión resultó en el asesinato de 24 ciudadanos y dejó a 192 personas heridas. El mensaje del régimen detrás de estos actos inhumanos es que el poder del Estado no respeta límites y cualquier forma de disidencia puede ser respondida con fuerza letal y violencia extrema.
El avance en Venezuela de un estado generalizado de miedo puede llevar a muchos a sobrestimar la fortaleza del régimen chavista. Sin embargo, el hecho de que Nicolás Maduro haya optado por recurrir al terror para hacerse obedecer es una clara evidencia de que no existen razones legítimas que motiven a los venezolanos a obedecerle voluntariamente. Un régimen de este tipo, sostenido únicamente en la violencia y el terror, más temprano que tarde será víctima de las mismas tempestades que siembra. Esto es especialmente válido en el caso del pueblo venezolano, decidido como está a luchar para vivir en libertad, tal y como lo ha hecho a lo largo de su historia.
Ramón Cardozo Álvarez / DW
