Más de un mes después de que el socialista autoritario pareciera haber perdido de manera aplastante, su control del poder parece más seguro que nunca. Son la oposición y sus partidarios quienes se están quedando sin opciones.
En primer lugar, el gobierno de Biden le ofreció incentivos al presidente venezolano Nicolás Maduro. Prometa celebrar una elección justa y competitiva y respetar el resultado, le dijeron los funcionarios al socialista autoritario, y suspenderemos las agobiantes sanciones estadounidenses a su industria petrolera estatal.
Ahora, está empezando a blandir garrotes. Esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó un avión de lujo utilizado por Maduro. Los funcionarios del gobierno están considerando agregar más nombres a la ya larga lista de venezolanos sancionados por Estados Unidos y están considerando imponer más restricciones de visas para personas cercanas al gobierno.
Sin embargo, más de un mes después de que Maduro aparentemente perdió las elecciones de manera aplastante, su control del poder parece más seguro que nunca. Son la oposición —y sus partidarios en Washington y la comunidad internacional— quienes se están quedando sin opciones.
Aunque las encuestas de salida independientes y los recibos de las máquinas de votación sugieren que el rival Edmundo González derrotó a Maduro por un margen de 2-1, el autócrata se ha declarado ganador y ha desatado una ola de represión violenta que los defensores de los derechos humanos dicen que es la peor hasta ahora bajo el estado socialista fundado hace 25 años por Hugo Chávez.🌎
Maduro se jacta de haber arrestado a más de 2.000 personas , en su mayoría opositores políticos y manifestantes pacíficos a los que acusa de terrorismo. Sus fuerzas de seguridad han detenido a niños de hasta 13 años , según el grupo de derechos humanos Foro Penal. Se les ha relacionado con varios asesinatos , informa Human Rights Watch.
Ahora la represión amenaza con intensificarse: la semana pasada, Maduro nombró a su aliado de línea dura Diosdado Cabello para supervisar las fuerzas policiales del país. Y el lunes, un juez venezolano ordenó el arresto de González, quien, según Estados Unidos y otros países, claramente derrotó a Maduro en las elecciones del 28 de julio.
“Cuando me toque entregar el mando se lo voy a entregar a un presidente chavista y revolucionario”, dijo Maduro en declaraciones televisadas esta semana.
El gobierno de Biden está “considerando una serie de opciones para demostrarle al señor Maduro y a sus representantes que sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias”, dijo a los periodistas esta semana el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
Estados Unidos lleva mucho tiempo interviniendo en los asuntos de Venezuela. El gobierno de Biden ve interés en frenar la migración venezolana hacia la frontera estadounidense y asegurar el acceso a las mayores reservas de petróleo comprobadas del mundo.
Pero parece haber poco interés en adoptar medidas más enérgicas.
“Nadie quiere hacer estallar a Venezuela con más sanciones económicas”, dijo una persona en contacto con funcionarios de la administración Biden que, al igual que otros entrevistados para este informe, habló bajo condición de anonimato para divulgar detalles de conversaciones privadas. “Hay mucha frustración. No hay mucho optimismo ni esperanza en este momento de que algo vaya a funcionar”.
Eso ha limitado las opciones de Washington. “Maduro está poniendo orden en su casa. Les está haciendo una señal obscena a los estadounidenses”, dijo Geoff Ramsey, miembro del Atlantic Council en Washington. “Ya hemos usado la mayoría de las flechas que teníamos en la mano”.
Otra persona dijo que el “consenso” es mantener a Venezuela fuera de los titulares hasta noviembre. “La administración actual no quiere que este sea un tema central de cara a las elecciones”, dijo la fuente.
Los funcionarios estadounidenses han dicho que están abiertos a negociar con Maduro y han expresado su disposición a incentivar su salida del gobierno. Han apoyado el esfuerzo de los presidentes izquierdistas de Colombia, Brasil y México para llevarlo a la mesa de negociaciones, pero no ha dado resultados.
Los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Andrés Manuel López Obrador de México aún no se han reunido con Maduro, pero esperan hacerlo en las próximas dos semanas, según una persona familiarizada con las conversaciones. Quieren establecer un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Colombia y Brasil quieren entablar conversaciones con Cuba, un aliado cercano de Venezuela que podría, a cambio de concesiones estadounidenses, ayudar a llevar a Maduro a la mesa de negociaciones, dijo la persona.
Para Maduro, el costo de dejar el cargo es alto. Él y sus aliados han sido acusados por un tribunal estadounidense de narcoterrorismo.
“La gente no abandona el poder si siente que acabará en la cárcel”, dijo Tamara Taraciuk Broner, quien dirige un programa de estado de derecho en el Diálogo Interamericano, con sede en Washington.
Quedan pocas opciones
Antes de las elecciones, la oposición consideró que éstas eran su mejor oportunidad para derrotar a su némesis. Y, de hecho, todo salió tan bien como pudo. González disfrutaba de una ventaja de dos dígitos en las encuestas antes de la votación; ese día, parecía haber logrado la victoria abrumadora que, según los líderes de la oposición, obligaría a Maduro a negociar una transición.
Ahora la oposición sigue una estrategia de protestas periódicas y pide ayuda a la comunidad internacional.
“Sin duda creo que Estados Unidos debería hacer mucho más, y he sido muy clara con ellos y con otros países”, dijo el jueves a la prensa María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Un tribunal le prohibió a Machado, la política más popular de Venezuela, presentarse como candidata contra Maduro.
Pocos sectores de la economía venezolana han escapado a las sanciones estadounidenses. El gobierno de Biden, temeroso de causar más daños que puedan amenazar el suministro de petróleo e inspirar a los migrantes a huir, no parece estar interesado en revocar las licencias a las compañías petroleras para operar en Venezuela.
Sancionar a individuos permite a la administración afirmar que está siendo dura con Maduro sin dañar la economía en general.
Pero la medida es en gran medida simbólica. Maduro ha tratado las sanciones estadounidenses como una insignia de honor y ha organizado ceremonias para premiar a los venezolanos sancionados con réplicas de la espada que empuñaba el héroe nacional Simón Bolívar.
Algunos legisladores estadounidenses, incluidos los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott de Florida, han acusado a la administración de debilidad y han pedido medidas más duras.
Caleb McCarry, quien trabajó en la política hacia Cuba durante la presidencia de George W. Bush, ha instado a la comunidad internacional a hacerse a un lado y dejar que los venezolanos negocien su propio camino a seguir.
McCarry dijo que los extranjeros han subestimado hasta qué punto Maduro está dispuesto a llegar para evitar ceder el poder a una oposición de línea dura. “No creo que la comunidad internacional tenga las herramientas para obligar [a los funcionarios venezolanos] a aceptar un gobierno dirigido por sus enemigos”.
Algunos dicen que la oposición y sus partidarios sobreestimaron tanto la posibilidad de sembrar división dentro del gobierno como la probabilidad de que Maduro pudiera verse presionado a negociar.
“Creo que pusimos más esperanzas de las que se merecían en la comunidad empresarial y en el ejército”, dijo Elliott Abrams, quien se desempeñó como enviado especial para Venezuela en el gobierno de Trump. “Esperábamos que salieran a salvar al país. No lo hicieron”.
Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver, atribuye a la aparente victoria electoral de la oposición el haberle quitado toda la legitimidad que aún tenía Maduro. Pero la acérrima retórica anti-Maduro de Machado ha hecho improbable una negociación con el gobierno socialista.
“Ha habido demasiadas ilusiones”, dijo una persona familiarizada con las discusiones entre las partes. “La gente de todos los bandos sigue aturdida y se pregunta si esto no es un callejón sin salida y qué hacer a partir de ahora”
Piden orden de captura contra Maduro
Estados Unidos podría levantar la acusación contra Maduro y olvidarse de los millones de dólares que, según los fiscales, robó mediante actos de corrupción. Pero aún está siendo investigado por supuestos crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional.
Organizaciones venezolanas y destacados defensores de los derechos humanos de América Latina exigen que se tomen medidas sobre lo que algunos consideran una última opción. Instan a la CPI a acelerar su investigación y emitir órdenes de arresto.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, ha estado investigando denuncias de que las fuerzas de seguridad de Maduro detuvieron arbitrariamente, torturaron y ejecutaron a sus oponentes políticos , crímenes que, según los activistas, están sucediendo nuevamente durante la represión.
“La CPI es la única institución que puede exigir cuentas a Maduro”, dijo Génesis Dávila, presidenta del grupo de derechos humanos Defend Venezuela.
Una orden de arresto podría tener un impacto “feroz” sobre Maduro, dijo Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal de la CPI y fiscal adjunto en el exitoso juicio de 1985 contra los brutales líderes de la junta militar argentina. “Su propia gente podría arrestarlo”.
El tribunal enfrenta cada vez más críticas por lo que algunos consideran una relación inapropiadamente estrecha con el gobierno. Mientras Khan investiga a Maduro, ha establecido una oficina en Caracas para ayudar al gobierno a mejorar sus propias capacidades de investigación.
Algunos críticos ven en ello lo que consideran un conflicto de intereses más preocupante. La cuñada de Khan, la abogada penal internacional Venkateswari Alagendra, se ha unido al equipo que defiende al gobierno venezolano ante la CPI.
Cuando Alagendra compareció ante el tribunal en representación del equipo en noviembre, nadie objetó su papel. El equipo presentó una apelación legal de la investigación, dijo; Khan “se opuso a ella con mucha vehemencia” y “desafortunadamente, perdimos”.
“La composición del equipo legal que representó a Venezuela en los procedimientos en los que la Fiscalía defendió con éxito su derecho a hacer valer su jurisdicción en esta situación es un asunto de dominio público”, dijo la oficina de Khan en un comunicado. “Entendemos que ninguna de las partes en los procedimientos planteó objeciones en ese momento”.
Un código de conducta para la oficina del fiscal ordena a sus miembros abstenerse de cualquier conflicto que pueda surgir de “interés personal en el caso, incluyendo una relación conyugal, parental u otra relación familiar cercana, personal o profesional con cualquiera de las partes”.
La oficina de Khan dijo que está “monitoreando de cerca” los acontecimientos en Venezuela y está analizando “de manera independiente e imparcial” los presuntos crímenes.
Ana Vanessa Herrero y Samantha Schmidt / TWP
