La administración de Joe Biden sancionó este jueves a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras el fraude electoral, pero se abstuvo de apretar más las clavijas al sector petrolero cuando faltan menos de dos meses para las presidenciales en Estados Unidos, en las que la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, se postula para ocupar el máximo cargo en la Casa Blanca.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que entre estos altos cargos se encuentran miembros del CNE, entidad que proclamó la cuestionada victoria de Nicolás Maduro sin que el chavismo haya hecho públicas de momento las actas, así como varios magistrados del Tribunal Supremo.
La industria petrolera de Venezuela se halla bajo sanciones desde 2019. Washington las levantó parcialmente durante seis meses, pero las reimpuso en abril pasado al considerar que el mandatario Nicolás Maduro había incumplido sus promesas electorales. La medida de la administración demócrata ha sido criticada porque oxigenó al régimen chavista.
Aún así, la Casa Blanca ha decidido otorgar licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron o la española Repsol y la francesa Maurel & Prom.
Este jueves volvió a castigar al entorno de Maduro, esta vez por «fraude electoral» y por reprimir a la oposición «en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza».
La oposición sostiene que su candidato Edmundo González Urrutia ganó ampliamente los comicios y es el presidente electo, de acuerdo con las actas de votación en su poder. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos insisten en pedir a las autoridades que se publique el escrutinio detallado, algo que ha sido ignorado por el régimen chavista que permanece en el poder con el apoyo de la cúpula militar señalada de vínculos con el narcotráfico como el Cártel de los Soles.
Ahora, Washington se limitó a imponer sanciones económicas a 16 funcionarios judiciales, incluida la presidenta de la Corte Suprema, líderes de la autoridad electoral, la Asamblea Nacional, militares y miembros de los servicios de inteligencia.
¿Qué hay detrás?
Ni palabra del sector petrolero. ¿Por qué?
El gobierno «es muy cauteloso en tocar las licencias que tienen principalmente Chevron», pero también dos petroleras europeas, explicó Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, en la Universidad de Rice, en Texas.
Se debe a que la vuelta a una política de «restablecimiento de todas las sanciones puede impactar a la economía venezolana y ese impacto puede terminar generando más inmigrantes de Venezuela».
La migración irregular es uno de los principales temas electorales que preocupa a los estadounidenses debido al caos migratorio. Màs de 10.5 millones de migrantes han llegado a EEUU desde que Biden y Harris llegaron a la Casa Blanca en enero de 2021, una crisis que afecta ya a las ciudades estadounidenses debido a la carga económica que representa.
Otras variables
Pero hay otro motivo: «piensan que en el pasado eso no fue efectivo para lograr que el gobierno venezolano negociara y prefieren tener algún tipo de vínculo que les permita al menos negociar», añade el experto.
Para Maduro las licencias son importantes pero «si se las quitan está dispuesto a quedarse» en el poder, considera Monaldi.
Hay otras variables en juego. El espacio que dejara Chevron podrían ocuparlo Rusia o China en el país teóricamente con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero con una industria destruida durante los 25 años de presencia del chavismo.
Por de pronto el presidente ruso Vladimir Putin ha invitado a Maduro a la cumbre de los países emergentes BRICS, prevista en octubre en la ciudad rusa de Kazán.
«Intereses nacionales»
Un funcionario estadounidense esquivó este jueves la pregunta de por qué no habían apuntado al petróleo.
«Seguimos muy de cerca los acontecimientos políticos y económicos en Venezuela, y estamos comprometidos a calibrar nuestra política de sanciones de manera adecuada en respuesta tanto a los hechos sobre el terreno como a los intereses nacionales más amplios de Estados Unidos», respondió en rueda de prensa telemática.
Desde el Congreso hay presiones para que Joe Biden mueva ficha.
El presidente del comité judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin, presentó esta semana un proyecto de ley para poner fin a «la fortaleza financiera de Maduro».
«El régimen de Maduro actualmente utiliza los ingresos petroleros que dependen de la participación de Estados Unidos para mantener su estado policial», afirma Durbin.
Monaldi duda que la propuesta tenga viabilidad y estima que habrá que esperar hasta después de las elecciones para ver qué pasa.
Podría haber «una nueva política sobre todo en el caso de que ganara Trump», quien ya impuso al país caribeño una batería de sanciones, incluido el embargo al petróleo y al gas, como medida de presión para intentar provocar la caída de Maduro.
Venezuela vio caer su producción de 3 millones de barriles por día hace más de una década a 400.000 en 2020 como consecuencia de la corrupción, la mala gestión y las sanciones estadounidenses. En la actualidad extrae unos 870.000 barriles diarios.
Este colapso ha provocado una diversificación de la economía, que depende menos del petróleo y más de otras actividades como las remesas.
Según un informe de la oenegé Transparencia Venezuela, «el contrabando de drogas, oro, combustible y la corrupción en puertos y aduanas ha aumentado en los últimos años».
AFP/DLA
