«Los criterios ESG se han convertido en el principal instrumento para medir la sostenibilidad real en el ámbito de las organizaciones empresariales y sus grupos de interés”. CaixaBank
La presencia de Chevron en Venezuela ha generado una serie de dinámicas que afectan no solo los intereses económicos de la multinacional estadounidense, sino también la política exterior de la administración Biden-Harris y la estabilidad del régimen de Nicolás Maduro. Este escenario plantea un entramado complejo en el que actores con intereses divergentes buscan maximizar sus beneficios mientras mitigan sus riesgos. Las implicaciones de estas interacciones incluyen la permanencia en el poder de quien ha sido acusado de narcoterrorismo y corrupción por parte del gobierno de Estados Unidos, así como la defensa de los derechos humanos y la democracia, junto con los desafíos en torno a la responsabilidad corporativa y la transparencia.
Chevron es actualmente la única petrolera estadounidense que mantiene operaciones significativas en Venezuela, a través de cuatro empresas mixtas en las que tiene participaciones minoritarias junto con Pdvsa: Petropiar, Petroindependencia, Petroindependiente y Petroboscán. Su rol en el país la posiciona en el epicentro de un conflicto de intereses que involucra tanto consideraciones económicas como políticas.
La política de «máxima presión»
La legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela se vio gravemente cuestionada tras las elecciones presidenciales de 2018. Su toma de posesión el 10 de enero de 2019 fue rechazada por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, además de organizaciones internacionales como la OEA y el Grupo de Lima, a excepción de México. En respuesta, la administración Trump (2016-2020) adoptó una estrategia de “máxima presión” para debilitar al régimen, imponiendo sanciones económicas mediante la Orden Ejecutiva 13884. Esta orden prohibía a ciudadanos y empresas estadounidenses cualquier tipo de interacción con el gobierno de Maduro.
No obstante, Chevron recibió una licencia especial que le ha permitió continuar operando en Venezuela, aunque con limitaciones. En abril de 2020, el Departamento del Tesoro renovó dicha licencia con una restricción de las actividades a lo esencial para mantener operaciones mínimas, lo cual redujo su producción diaria a 60.000 barriles.
Flexibilización pragmática
Con la llegada de Biden a la presidencia, la política de «máxima presión» se recalibró en busca de un enfoque más pragmático. El gobierno de Estados Unidos optó por flexibilizar algunas sanciones con la esperanza de fomentar una solución negociada a la crisis venezolana. En este contexto, Chevron recibió en octubre de 2022 la Licencia General 41 (LG41), que le ha permitido aumentar la producción de crudo, perforar nuevos pozos y exportar petróleo venezolano.
Este nuevo marco no está regido por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006, sino por la «ley antibloqueo» aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro en 2020, la cual es considerada ilegítima por la administración estadounidense. Así, mientras el gobierno Biden-Harris estableció en la licencia impedir que el régimen de Maduro obtuviera ingresos de las ventas de petróleo de Chevron a las refinerías del Golfo (PADD3); en la práctica, estos ingresos siguen entrando al país mediante el pago de impuestos, regalías y otros conceptos.
El incremento en la producción y exportación de petróleo genera divisas cruciales para el régimen, lo que a su vez le permite mantener el control social y político, además de la represión interna. El más reciente informe de la ONU ha señalado que en Venezuela se vive una represión «sin precedentes».
El dilema de la transparencia
El contexto actual puede analizarse a través de la teoría de juegos. Chevron y Pdvsa se encuentran en un equilibrio subóptimo en el que ambos actores maximizan sus beneficios a corto plazo. Chevron mantiene una operación rentable y evita sanciones más severas, mientras que el régimen de Maduro asegura ingresos necesarios para mantenerse en el poder. Esta situación se asemeja a un dilema del prisionero, donde ambas partes prefieren colaborar en la opacidad, aun cuando esto conlleva altos costos reputacionales a largo plazo.
Para Chevron, los beneficios financieros son evidentes. Durante los primeros siete meses de 2024, las ventas de crudo venezolano generaron ingresos brutos de más de 2.470 millones de dólares. Además, la empresa ha suministrado productos esenciales a Venezuela, como nafta, gasolina, y lubricantes automotrices, indispensables para mantener su producción de petróleo y una parte para el oficialismo. No obstante, esta estrategia pone en riesgo la reputación de Chevron, especialmente en un contexto global donde los inversores y accionistas exigen cada vez más el cumplimiento de los estándares ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
El rol de los accionistas
Un actor fundamental en esta dinámica son los accionistas de Chevron, muchos de los cuales son grandes fondos de inversión de Estados Unidos y Reino Unido. Estos inversores enfrentan su propio dilema del prisionero: presionar a Chevron para que cumpla con los estándares ESG podría reducir las ganancias a corto plazo, pero ignorar la falta de transparencia en sus operaciones en Venezuela podría tener consecuencias reputacionales y financieras a largo plazo.
La creciente presión internacional para el cumplimiento de normativas ESG, sumada al deterioro de las condiciones en Venezuela, podría obligar a Chevron a cambiar su estrategia. Si los accionistas internacionales comienzan a exigir mayor responsabilidad y transparencia, los incentivos empresariales podrían cambiar. Asimismo, si las autoridades regulatorias estadounidenses o internacionales endurecen su postura, Chevron se vería forzada a reconsiderar su papel en Venezuela.
Conclusión
La relación entre Chevron y el régimen de Maduro es un delicado equilibrio donde la opacidad es la clave. Sin embargo, este equilibrio es insostenible a largo plazo. A medida que los estándares ESG se consolidan en el mundo empresarial y los inversores demandan mayor responsabilidad, Chevron deberá decidir si sigue maximizando sus beneficios a corto plazo o si asume un rol más activo en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.
Para la administración Biden-Harris, la política de flexibilización de sanciones ha demostrado tener limitaciones. Cualquier enfoque futuro hacia Venezuela debe ir más allá de las sanciones individuales. Estados Unidos necesita liderar un esfuerzo multilateral que combine sanciones más estrictas con una presión diplomática renovada para aislar al régimen de Maduro.
El fracaso en Venezuela representaría no solo una mayor tragedia humanitaria, sino también una pérdida significativa para la credibilidad de Estados Unidos en la región. Si el gobierno norteamericano no actúa con mayor firmeza, corre el riesgo de perder influencia en América Latina, dejando el campo libre para potencias como China y Rusia, que constituyen una amenaza creciente para la seguridad estadounidense.
Chevron, sus accionistas, la administración estadounidense y la comunidad internacional deben coordinar sus esfuerzos para facilitar una transición democrática en Venezuela, garantizando el respeto a la voluntad popular y dejando de financiar al régimen de Maduro. Las decisiones que se tomen hoy no solo podrían afectar los precios del combustible, sino que definirán el futuro de la democracia y los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
@antdelacruz_
