Junto con el control total del aparato estatal, la manipulación de las necesidades materiales de la población y el uso de violencia extrema contra los opositores, el régimen de Maduro ha sostenido su poder sobre una narrativa respaldada por un sistema comunicacional hegemónico, que presenta al chavismo como representante mayoritario del pueblo venezolano, especialmente de los sectores populares.
El escrutinio de las elecciones presidenciales del 28 de julio no solo ha echado por tierra esta falsa narrativa, sino que las burdas maniobras del régimen torciendo de forma fraudulenta los resultados electorales provocaron el estupor y la indignación de la población venezolana, la cual durante varios días salió a las calles de Venezuela para manifestar su claro rechazo y exigir que se proclamara Edmundo González como presidente de la república.
Ante la legítima reacción de la sociedad venezolana, el régimen de Maduro ha recurrido a la aplicación masiva de la fuerza con el objetivo de desmovilizar lo antes posible las protestas ciudadanas. Todo indica que su propósito es ganar tiempo para que, en violación del Estado de derecho, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, bajo su control, descalifique las actas electorales recabadas por la oposición, que dan como ganador a Edmundo González,y ratifique la proclamación infundada de Nicolás Maduro realizada por el CNE.
Numerosos detenidos
En un periodo de apenas nueve días, del 29 de julio al 6 de agosto, las fuerzas gubernamentales han privado de libertad a 2.229 ciudadanos acusándolos de terrorismo, según declaraciones del propio Nicolás Maduro. Esta cifra de arrestos masivos en tan corto espacio de tiempo, comparada con los 2.553 arrestos documentados por PROVEA durante los 134 días de protestas en 2017, evidencia un recrudecimiento sin precedentes en la intensidad represiva del régimen. En poco más de una semana, el régimen de Maduro ha detenido a un número de ciudadanos equivalente al 87% de los arrestados durante los más de cuatro meses de intensas protestas en 2017.
Los detenidos abarcan un amplio espectro de ciudadanos, incluyendo alcaldes, periodistas, líderes políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos que participaron en el proceso de recogida de las actas de escrutinio. Hasta el momento, los organismos de seguridad del Estado han arrestado a cinco alcaldes: Rigoberto Ovallos, del municipio Antonio Rómulo Costa; José Mosquera, de Lagunillas; Yonnhy Liscano, de Ayacucho; Jordan Sifuentes, de Mejía; y Fernando Feo, de Tinaquillo. También se encuentran privados de libertad los líderes de partidos políticos de oposición: Freddy Superlano y Roland Carreño, de Voluntad Popular; María Oropeza y Andrés Ruiz, de Vente Venezuela; Rita Capri y David Villarroel, de Primero Justicia; y Carlos Chancellor y Rafael Sivira, de La Causa R. Igualmente, la activista de derechos humanos Edni López fue apresada de manera arbitraria en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado que siete trabajadores de la prensa, entre periodistas y reporteros gráficos, han sido encarcelados desde el pasado 29 de julio.
Organizaciones de defensa de derechos humanos denuncian que la gran mayoría de los detenidos son acusados de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Estos delitos, además de ser castigados con penas muy altas, impiden que las personas puedan ser juzgadas en libertad. A estos detenidos el régimen les está negando el derecho a la defensa privada o a contar con abogados de las ONG. Estas organizaciones también denuncian la gran opacidad sobre el lugar de reclusión y las condiciones en que se encuentran los detenidos a raíz de las protestas postelectorales. El pasado martes 6 de agosto, Nicolás Maduro anunció que todos los apresados hasta el momento serán trasladados el próximo sábado 10, a las cárceles de «máxima seguridad” de Tocorón, en el estado Aragua, y Tocuyito, en el estado Carabobo, donde serán sometidos a trabajos y a procesos de «reeducación”.
Represión se concentra en zonas populares
En esta ocasión, la violenta política represiva del régimen frente a las legítimas protestas ciudadanas se ha enfocado en las zonas populares donde se iniciaron las protestas el 29 de julio, luego de que el CNE proclamara a Nicolás Maduro como vencedor de los comicios presidenciales. De acuerdo con Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, más del 90% de los ciudadanos detenidos son habitantes de estas humildes zonas y, por lo tanto, son personas muy vulnerables que cuentan con escasos recursos para enfrentar y defenderse legalmente ante estos arbitrarios procesos estatales.
Estas zonas populares no solo han sido objeto de brutal represión militar y policial, sino que también han quedado a merced de la violencia de los colectivos chavistas. Estos grupos paramilitares, bajo el amparo del concepto madurista de «unión cívico-militar-policial perfecta», ejercen un control territorial fuerte y violento en muchas barriadas populares del país. En los días posteriores a la elección presidencial, estos grupos armados han acompañado a la Policía Nacional en la represión de las protestas en las zonas populares y han sido directamente responsables de muchas de las víctimas fatales.
Represión mortal: 23 vidas perdidas
La ola de violencia y represión desatada por el régimen no solo ha resultado en arrestos masivos, sino que también han producido hasta el momento casi un centenar de heridos y ha cobrado la vida de 23 venezolanos. De acuerdo con el portal Monitor de Víctimas, la responsabilidad de estas muertes se distribuye de la siguiente manera: seis víctimas fueron asesinadas por colectivos (grupos paramilitares afines al régimen); ocho perdieron la vida a manos de las fuerzas militares; dos fueron abatidas por la policía; una murió en una acción conjunta de la policía y los colectivos; y en seis casos, los responsables aún no han sido determinados.
La brutalidad de esta represión política se evidencia en el hecho de que al menos tres de las víctimas fueron asesinadas con disparos de arma de fuego por la espalda, mientras que diez recibieron impactos letales en el cuello y la cabeza, indicando una clara intención de causar muertes y no de controlar las protestas.
Intimidación y acoso a la sociedad
A pesar de los llamamientos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, España y Portugal, que exigen que en Venezuela se respete el derecho de los ciudadanos a protestar y reunirse, el régimen de Maduro ha ordenado intensificar el control policial y militar sobre la población.
El pasado lunes 5 de agosto, la Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González por el presunto delito de «instigación a la insurrección». Esto ocurrió luego de que estos dirigentes emitieran un comunicado conjunto en el que pedían a los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales que cumplan con sus deberes institucionales y se abstengan de reprimir al pueblo venezolano.
En paralelo a las medidas de violencia y represión, el régimen está implementando diversas tácticas de intimidación y acoso contra los ciudadanos. Estas incluyen la anulación de pasaportes de numerosos líderes políticos y activistas sociales; la inspección de teléfonos celulares de transeúntes por parte de las fuerzas de seguridad, en busca de indicios de actividades antigubernamentales; el bloqueo o eliminación del uso de redes sociales como WhatsApp y X en el país; y el fomento del uso de herramientas digitales para que simpatizantes del gobierno denuncien a ciudadanos que hayan participado en protestas o que estén vinculados a la oposición
Aunque todas estas acciones coercitivas han logrado, en cierta medida, reducir la protesta social en espacios públicos y mantener un control temporal sobre la población venezolana, es demasiado tarde para ocultar un hecho ya conocido mundialmente: Maduro perdió las elecciones presidenciales. De hecho, cada acto de represión masiva, especialmente contra sectores populares, solo deja aún más claro ante la comunidad internacional el profundo rechazo de la población venezolana hacia el régimen de Nicolás Maduro. Su mandato, ahora más que nunca despojado de justicia y legitimidad, se sostiene únicamente en la mentira y la fuerza bruta.
DW
