Estados Unidos ha elaborado una lista de unos 60 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y familiares que podrían ser sancionados en las primeras medidas para responsabilizar a los perpetradores del fraude electoral del pasado 28 de julio.
Así lo reportó la agencia Reuters, según informaron dos fuentes familiarizadas. La lista incluiría a funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Supremo de Justicia y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Las sanciones impondrían prohibiciones de viaje contra funcionarios chavistas y familiares específicos, y prohibirían a entidades estadounidenses hacer negocios con ellos.
Entre los funcionarios se encuentran miembros del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la policía de contrainteligencia militar, todos ellos señalados de contribuir al atropello de la voluntad popular en el país y a la ola de violencia desatada desde aquel domingo. En caso de ser alcanzados por esta medida, ninguno de ellos podrá viajar a Estados Unidos ni realizar negocios con entidades del país.
De todas formas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos solamente entregó al Departamento de Estado el listado preliminar, sin brindar precisiones de cuándo estarían los nombres definitivos o cuándo entrarían en vigencia las sanciones.
A la par, la Administración de Joe Biden sigue apoyando junto con los aliados y organismos internacionales el reclamo por la publicación de las actas por parte del CNE y el cese de la violencia contra los civiles, que pacíficamente exigen el respeto de su voluntad expresada en las urnas.
“En coordinación con nuestros socios estamos considerando una serie de opciones para incentivar y presionar a Maduro para que reconozca los resultados de las elecciones”, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en los últimos días, a la par que resaltó que el incumplimiento de sus deberes por parte del órgano electoral chavista despojó de “cualquier credibilidad” la victoria del régimen.
El portavoz estadounidense también apuntó que en Washington están “muy preocupados por la represión arbitraria y la detención indiscriminada de partidos de la oposición por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas”, que ya han dejado decenas de políticos arrestados, así como a 1.503 civiles.
En el pasado, la Casa Blanca ya había ordenado sanciones sobre funcionarios chavistas que, de hecho, se mantienen hasta el momento. En 2023, en forma de incentivo tras la firma del Acuerdo de Barbados, el Ejecutivo decidió relajar algunas sanciones sobre el país centroamericano aunque en abril de este año decidió reestablecerlas en su totalidad dada la falta de apego del chavismo a los compromisos que había asumido.
