El pasado 28 de julio el pueblo venezolano fue protagonista de una gesta heroica, que contarán a sus hijos y nietos en los años por venir. Frente a todos los obstáculos y amenazas, la gente votó masivamente, de manera pacífica y democrática, y además permaneció en las mesas para garantizar la transparencia del proceso y la custodia de las actas. Ese día, los venezolanos hicieron valer la primera estrofa del Himno Nacional: «¡Gloria al bravo pueblo!».
Por si fuera poco, María Corina Machado, de manera inesperada y silenciosa, puso en práctica una estrategia brillante: el escaneo y transmisión de más del 80% de las actas, con las firmas de los testigos y los correspondientes códigos QR. Luego de lo cual fueron cargadas en la página web resultadosconvzla.com para que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, pudiera verlas.
Los resultados fueron devastadores para el oficialismo. Edmundo González le había propinado una verdadera paliza al chavismo, obteniendo el 67% de la votación, frente al 30% de Maduro. Acorralado por tales circunstancias, Maduro se hizo proclamar ganador por un CNE servil, sin presentar las actas, y desató el baño de sangre que había anunciado durante la campaña electoral.
Lo ocurrido en Venezuela constituía un problema de gran envergadura para la izquierda internacional. Uno de sus principales aliados, el «hijo de Chávez», había cometido un fraude monumental a plena luz del día y estaba masacrando al pueblo. ¿Cómo hacer un control de daños para que la izquierda no se hundiera junto con él?
Fue entonces cuando el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla desplegaron a tres de sus principales alfiles, Lula, López Obrador y Petro, quienes se dieron a la tarea de cambiar los hechos, a través de su especialidad: inventar relatos. Se autoproclamaron mediadores de la crisis venezolana y comenzaron a desviar la atención de lo ocurrido el 28.
El primer paso fue ignorar las actas oficiales presentadas por la oposición y «exigir» a las autoridades electorales la presentación de Éstas, pero sin poner un plazo ni denunciar que el CNE estaba parcializado a favor de Maduro, como si lo hizo el Centro Carter. Este plazo indefinido le permitió al dictador aplastar las protestas, infundir el terror, y ordenar juicios en contra de María Corina Machado y Edmundo González para obligarlos a resguardarse, es decir, a aislarse del pueblo.
El segundo paso fue convencer a Estados Unidos y a Europa de esperar a la presentación de las actas por parte del CNE y de no reconocer a Edmundo González como presidente electo (como ya lo habían hecho Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú, Panamá y Uruguay), porque, según el trío, reconocer a González «obstaculizaba las negociaciones». Además, ellos jugaron un papel protagónico para sabotear una resolución de la OEA en contra de Maduro.
El tercer paso fue tratar de apartar al presidente Milei, expulsando a los funcionarios diplomáticos de la embajada de Argentina, donde estaban asilados seis miembros del equipo de María Corina. Lula aprovechó esta circunstancia para asumir su «protección». Tanto Milei como María Corina se vieron obligados a agradecerle el gesto. Evidentemente, el presidente brasileño pudo haberle exigido a Maduro un salvoconducto para ellos, pero no lo hizo.
Y el cuarto paso, en pleno desarrollo, es lanzar propuestas a la comunidad internacional para encubrir el crimen que cometió Maduro, como la de repetir las elecciones o establecer una negociación directa entre el dictador y Edmundo González, pero sin la participación de María Corina Machado. La intención de esta maniobra es fracturar la unidad opositora y agitar el fantasma de la traición.
En resumen, la supuesta mediación de este trío solo ha servido para darle oxígeno a Maduro, paralizar a la comunidad internacional y debilitar a la oposición. La solución a la crisis venezolana consiste en desestimar los relatos difundidos por Lula, AMLO y Petro, y regresar a los hechos. Urge denunciar el golpe de Estado sangriento propinado por Maduro, validar las actas oficiales que se encuentran en la página resultadosconvzla.com y seguidamente reconocer a Edmundo González como presidente electo.
Este trio de mediadores autonombrado debe ser apartado, o al menos balanceado con otros negociadores confiables, que ofrezcan a Maduro condiciones para que reconozca su derrota y abandone el país, garantizándole su seguridad y la de sus familiares.
