La campaña electoral hacia el 28J pone de manifiesto el gravísimo error que selló con casi nula oposición uno de los nefastos cambios de la Constitución castrochavista aprobada el 15 de diciembre de 1999 en pleno deslave del litoral guaireño.
El huevo de aquella venenosa serpiente anuló la sabia ley constitucional de 1961 que prohibió el voto a los militares, porque el superpoder castrense es históricamente el factor determinante del retardo en la implantación del sistema democrático y causa de su inestabilidad. Asunto evadido por la mayoría de los políticos durante la democracia, menos por el estadista Rómulo Betancourt, quien lo llamó “constante ruido subterráneo” y el régimen actual instauró como sonora heroica hazaña bolivariana.
El texto mismo de la consagración militarista revela costuras tramposas que forja la naturaleza chavista. Un concepto contradictorio cubierto de lenguaje jurídico les otorga “derecho al sufragio”, pero “sin que les esté permitido optar por cargos de elección popular, ni actos de propaganda o proselitismo político partidista”. Premisa ilógica pues el votante quiere que su tarjeta elija y hará lo posible para que su deseo se cumpla. Es al pie de la letra una farsa continua ejecutada por el partido oficialista unido a la cúpula del generalato que comanda desde Fuerte Tiuna con sus ministerios fallidos, columna angular de los palaciegos en Miraflores.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no necesitan tocar el tema públicamente porque su plan de gobierno es civilista de raíz. La democracia es poder del pueblo para el pueblo, aunque suene populista. Entrega las bases de una legalizada autodeterminación liberal que conlleva la convivencia civilizada en una sociedad protegida por militares ceñidos a su digna labor constitucional para resguardar fronteras y su intervención en casos de urgencia nacional debido, por ejemplo, a desastres naturales. Lo contrario hizo el cuerpo militar chavista desde su bautizo mismo, pues durante los desastres ocasionados por el deslave “brillaron” por su ausencia indiferente, incluido su rechazo revolucionario a la ayuda de especializados equipos estadounidenses que hubieran salvado muchas vidas. En veinticinco años abundaron militares forjados por expertos injerencistas cubanos que graduaron varias promociones de los secuestrados en técnicas delincuenciales. Son las bandas llamadas Organismos de Seguridad, torturadores y verdugos en acción diaria.
El poder del excampesinado junto al del venezolano común y corriente despojados de sus derechos vitales configuran el acompañante voluntario de los actuales candidatos opositores en este distinto ciclo donde día a día crece una multitudinaria masa rural y citadina en irrenunciable ruta electoral.
Para tantos electores sin derecho al voto que elige -desde su expaís y la diáspora- pues el régimen se los anuló, valen tres importantes libros testimoniales que horadan el fenómeno de la actual Venezuela fascista remilitarizada. De Diego G. Maldonado, La invasión consentida (Editorial Debate, 2021); de Antonio Ledezma, su estudio La Tumba. Secuestro en Venezuela (Libros Almuzara 2022) y del general Iván Darío Jiménez, prologado por el historiador Tomás Straka, Venezuela fracturada. La otra cara de la historia (2022).
Con o sin el uniformado Plan República, con y sin megafraude, con o sin elecciones el 28J porque el régimen en pánico las suspende, con o sin Nicolás Maduro sustituido por Delcy Rodríguez Gómez, hay un hecho irreversible. Avanza la Venezuela que perdió la inocente paciencia y el paralizante miedo. Para el ya y el mañana cercano avanza el tránsito hacia la imperfecta pero liberadora República Civil.
