«No me permiten acceder al sistema e inscribir mi candidatura a las elecciones en Venezuela. Si me niegan mi derecho a inscribirme, se lo están negando a todo el país», ha clamado Corina Yoris, la candidata elegida por la oposición democrática para sustituir a María Corina Machado.
En esta ocasión no existe inhabilitación de ningún tipo, ni sanción judicial ni siquiera una excusa legal. Simplemente una nueva maniobra sucia de la revolución, a través del bloqueo de las tarjetas electorales, para que su líder, Nicolás Maduro, no se enfrente a la nueva candidata, una jubilada que apenas recibe cuatro dólares mensuales por su pensión después de una vida dedicada a la docencia.
«Yo no tengo mancha alguna encima, no puedo ser inhabilitada bajo ningún aspecto», enfatizó Yoris tras 72 horas de constantes insultos («Marioneta Villana», según la ex ministra Iris Varela) y acusaciones, que incluso se inventaron una doble nacionalidad para que no pudiera participar en las elecciones. El propio Nicolás Maduro aprovechó su postulación para calificar como «titiritera» a la filósofa de 80 años, además de repetir los insultos habituales de «lacayos de la derecha» y «arrastrados al imperialismo». «El 28 de julio habrá elecciones con ustedes o sin ustedes. Esto es una democracia plena», ha dicho Maduro.
«Estamos presenciando la ejecución en cámara lenta, por parte de la cúpula en el poder, de un golpe de Estado a la soberanía popular. El proceso está en desarrollo», ha advertido el ex candidato opositor César Pérez Vivas en una jornada de máxima tensión, tan trascendental como si fuera un día electoral. Un fraude electoral con cuatro meses de adelanto.
De esta forma, el chavismo vuelve a hacer historia al protagonizar un capítulo más de su autoritarismo electoral, tan parecido al de Nicaragua y al de Rusia. Cuando apenas faltaban unas horas para que acabara el plazo para las postulaciones presidenciales, a Yoris ni siquiera se le permitió acudir a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar una prórroga a la desesperada. «La ciudad está tomada militarmente», ha denuciado la académica, un despliegue habitual ante la llegada al ente electoral de Maduro para formalizar su candidatura.
Dos partidos opositores, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), disponen de tarjeta electoral para participar en las elecciones presidenciales de julio, tras salvarse de la última purga. Otro controvertido partido de alcaldes opositores, Fuerza Vecinal, con relaciones escabrosas con el gobierno, también dispone de tarjeta electoral.
Preocupación en los paises vecinos
En cambio, ningún problema para postularse han tenido los 10 candidatos ya admitidos por el chavismo. Fuentes de los negociadores han confirmado a EL MUNDO que desde el gobierno se les ha hecho saber que no se aceptará de ninguna forma el registro de Yoris. El bloqueo contra ella es definitivo, pese a la «grave preocupación» hecha pública en un comunicado conjunto por los gobiernos de Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Costa Rica y Perú.
«Estas restricciones impiden el avance hacia elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en la hermana Venezuela», ha denunciado el comunicado.
El veto de Maduro contra las dos Corinas ha estrechado al máximo una rendija que siempre fue mínima para los demócratas. En un evidente intento de romper la unidad opositora, los negociadores del gobierno deslizaron el nombre de unos candidatos «potables» contra los que Maduro sí se atrevería a competir en las urnas.
En esa lista figuran personajes como el gobernador de Zulia, Manuel Rosales; Ramón Guillermo Aveledo, antiguo secretario de la MUD y hombre cercano a Henrique Capriles; el excandidato a las primarias, Andrés Caleca; y el jefe de la delegación negociadora, Gerardo Blyde.
En esa lista, por supuesto, no tienen cabida ni opositores beligerantes ni mujeres. Pero lo que también exige la revolución es que María Corina se haga a un lado para que no transfiera su masivo apoyo popular.
El autoritarismo electoral también ha golpeado con dureza al Partido Comunista de Venezuela (PCV), aliado histórico del chavismo, al que no sólo se le ha impedido presentar a su candidato, Manuel Isidro Molina. También ha tenido que presenciar cómo un falso secretario general, impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entregaba el apoyo del gallo rojo a Maduro, criticado con dureza desde hace tiempo por su «capitalismo salvaje». Y cuando consiguieron el apoyo de otro partido para postularle, lo bloquearon de inmediato.
Para acompañar estos chantajes de última hora, el gobierno prepara una ley exprés contra el fascismo y el antifascismo «en el ejercicio de la política y de la vida nacional», tal y como informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esta nueva legislación contra la oposición tiene previsto repasar lo sucedido durante las protestas de 2014 y 2017, además del triunfo opositor en las parlamentarias de 2015. Todo ello «en consideración de la situación internacional cuya paz y estabilidad están amenazadas por expresiones neofascistas enconadas en centros de poder al servicio del norte global».
El «¡No pasarán!», como repitió Delcy, vociferado otra vez por la máquina trituradora de la Historia.
Daniel Lozano / El Mundo
