Nueve días después de que el teniente primero (r) del Ejército venezolano Ronald Ojeda fuera sacado por falsos policías desde su departamento en Independencia —amarrado y en ropa interior—, se confirmó que su cuerpo estaba dentro de una maleta, bajo una estructura de cemento, en un campamento de Maipú.
La data de muerte coincide con la fecha de su secuestro. Paralelamente, la PDI detuvo a un primer sospechoso del crimen, un joven venezolano de 17 años, en situación irregular en el país. “Esta es una investigación compleja, vinculada al crimen organizado”, había dicho más temprano el fiscal Barros.
El fiscal Héctor Barros, a cargo de la investigación del secuestro del teniente primero (r) del Ejército venezolano Ronald Ojeda, confirmó el viernes por la noche que el cuerpo encontrado por la tarde en Maipú, era del oficial de 32 años desaparecido 9 días antes.
“Se han realizado las pericias al cuerpo que fue encontrado en horas de la tarde por la Policía de Investigaciones en este lugar y, finalmente podemos, en base a las pruebas que se realizaron, confirmar que corresponden los restos a la víctima Ronald Ojeda”, dijo el fiscal.
Barros precisó que la data de muerte aproximada era de “entre 7 y 10 días”, lo que hace presumir que fue asesinado poco después de su secuestro.
Sus dichos pusieron fin a la búsqueda iniciada poco después de que el militar fuera sacado de su departamento en el piso 14 de un edificio de la comuna de Independencia, pasadas las 3 am del miércoles de 21 de febrero, mostraron los registros de las cámaras de seguridad.
La causa —declarada secreta— escaló a La Moneda, ya que una de las hipótesis es que el secuestro del oficial disidente fue realizado por personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, lo que generó críticas de la oposición, que cuestionó la cercanía de asesores del PC con ese gobierno.
El hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, rechazó que su gobierno estuviera detrás.
“Esta es una investigación compleja, vinculada al crimen organizado”, dijo el fiscal horas antes de confirmar su identidad.
El hallazgo en Maipú. El hallazgo ocurrió luego de que el viernes efectivos policiales realizaran diligencias en el campamento Vicente Reyes de Maipú, en busca de restos humanos.
La toma, ubicada camino a Melipilla, existe desde 2017, pero experimentó un crecimiento durante la pandemia. Tiene un sector habitado principalmente por migrantes haitianos, pero otros donde hay ocupantes de otras nacionalidades, además de chilenos.
Hasta allí llegó este viernes el fiscal Barros, además de efectivos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (Ecoh) del Ministerio Público.
Policías del Equipo de Reacción Táctica (Erta) de la PDI resguardaron el perímetro, mientras se realizaba la búsqueda.
“A las 18 horas se registró el hallazgo de un cuerpo humano que está siendo periciado en el sitio del suceso en Maipú”, publicó en X, el equipo Ecoh.
El fiscal Barros confirmó entonces que el cuerpo estaba sepultado debajo de una estructura de cemento, al interior de una maleta.
La detención. Este viernes también, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un sospechoso de tener conexión con el secuestro.
Se trataba de un adolescente de 17 años, quien fue llevado a la Brigada de Operaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI, para ser interrogado.
El fiscal Barros confirmó que el detenido era de nacionalidad venezolana, que estaba en situación irregular en el país y que había otras órdenes de detención pendientes.
Se trataba de la primera detención tras el secuestro del oficial disidente del régimen de Nicolás Maduro, con formación de fuerzas especiales.
La eficiencia del operativo. El secuestro fue rápidamente descrito como atípico, por la ausencia de solicitud de rescate.
Éste fue llevado a cabo por al menos 4 personas, que llegaron al edificio de Independencia simulando ser efectivos de la PDI.
Llevaban sus rostros cubiertos con pasamontañas y cascos tácticos, lo que dificultaba identificarlos a simple vista en las cámaras del edificio.
Estos sacaron al oficial disidente en ropa interior, con las manos amarradas en su espalda, mientras advertían a los vecinos que se asomaron que volvieran a sus departamentos. Lo anterior permitió establecer que tenían acentos extranjeros.
La eficiencia del operativo generó la sospecha de que tuvieran preparación militar.
La huida. El principio de la huida, captada por una cámara de seguridad del edificio, mostró como 2 encapuchados subieron a un Nissan Versa gris, que tenía una baliza puesta entre el panel y el vidrio.
El auto desapareció entonces de la grabación del estacionamiento de visita, hasta reaparecer luego abandonado. Su patente, según los primeros antecedentes, sería clonada.
El vehículo fue encontrado en la autopista Costanera Norte, cerca de la salida de General Velásquez. En el maletero había equipamiento con logos de la PDI.
Las pistas de la policía apuntan a que los autores subieron luego a al menos otros 2 vehículos, cuyo rastro también fue seguido.
La complejidad de la operación descartó que se pudiera tratar de delincuencia común.
Los posibles motivos. El 24 de enero de este año, el Ministerio de Defensa de Venezuela había incluido al teniente en un listado de 33 personas acusadas de “traición a la patria”, lo que entregó un móvil posible para su secuestro.
En la declaración acusaban al grupo de “conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando incluso, el asesinato del primer mandatario nacional”.
Los problemas de Ojeda con el régimen de Maduro se remontaban a 2017. El 5 de abril de ese año, el Primer Tribunal de Control de Caracas ordenó su detención y la de otros militares bajo los cargos de “rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria”, consignó entonces el medio Notizulia.
Fueron acusados de pertenecer al autodenominado Movimiento por la Libertad y la Democracia que desconocía a Maduro como comandante y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El 30 de noviembre de 2017, siete meses después de su detención, Ojeda Moreno y otros presos se fugaron de la cárcel militar de Ramo Verde.
Al año siguiente llegó a Chile desde Perú. Vivió en Quillota, Región de Valparaíso, antes de instalarse en Independencia, donde obtuvo calidad de refugiado.
Las hipótesis del caso abiertas por la fiscalía tras conocerse el caso eran que fue un delito vinculado al crimen organizado, o efectuado por agentes conectados con el régimen de Maduro o bien que se trató de un auto secuestro.
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