“Todas las instituciones que tienen vida activa en el país deben entender que la profundización de la democracia se puede lograr en la medida en que el poder se acerque al ciudadano y el imperio de la ley soporte la vida en sociedad.” Neuro J. Villalobos R.
La definición de un programa de inversión destinado a la construcción y expansión de las estructuras físicas, unido a un plan especial de viviendas ejecutado por contratistas privados y organizaciones sociales promotoras de vivienda, es un factor fundamental en la generación de empleo. La creación de organizaciones sociales tales como: cooperativas, bancas populares de microcrédito, los modelos de producción alternativos y complementarios, como la cogestión y la autogestión permitirán fortalecer el capital social de la nación y su potencial productivo. En la política de desarrollo que se propone, el crecimiento productivo y la mayor equidad distributiva deben ser simultáneos y no sucesivos.
La solidaridad se expresa también en la participación económica, es aquí donde se organiza la producción de la riqueza de la nación. Junto a la recuperación de la inversión clásica de carácter privada o pública, nacional o transnacional, la democracia se apoyará en la capacidad y la fuerza de los nuevos emprendedores, de las cooperativas, de la autogestión de las pequeñas y las medianas industrias, las empresas altruistas, así como de las empresas “verdes” que promueven el uso de recursos energéticos alternativos no contaminantes. Estos son algunos de los nuevos modelos que complementan el rol de los empresarios privados y del Estado como impulsores del desarrollo económico en una nueva visión de la democracia.
La acción del Estado debe estar dirigida a constituir una estructura burocrática eficaz, con instituciones financieras adecuadas para el ahorro y la inversión, que impulsen una creciente economía no petrolera basada en cadenas y conjuntos competitivos. Los mercados financieros deben estar al servicio de los ciudadanos, entendidos como un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismos. La crisis financiera se ha convertido rápidamente en una crisis de la economía real. La falta de una regulación financiera fue el detonante de la crisis, una debilidad fiscal y considerables montos de deudas públicas han dificultado la habilidad de muchos gobiernos para formular políticas que respondan a ella.
Las soluciones a la crisis deben ser consistentes con los valores fundamentales de justicia y solidaridad social. Restablecer la confianza en los mercados financieros requiere de un innovador proceso regulador que garantice la seguridad y estabilidad del ciudadano común -los pensionados que pierden sus ahorros de vida, los propietarios que pierden sus hogares, los trabajadores que pierden sus empleos’- , y la creación de fondos de protección social, de desarrollo de la pequeña y mediana empresa que faciliten flujos de crédito y capital que les permitan garantizar el desarrollo tecnológico y el empleo estable y bien remunerado.
Como medida para garantizar una permanente estabilización de los precios, se propone la aplicación de una estricta política monetaria que incluya una rigurosa supervisión de la “monetización automática” o conversión del dólar petrolero a niveles adecuados, a fin de evitar la expansión indebida de la masa monetaria en el mercado. Alcanzar la estabilidad del tipo de cambio a través de políticas monetarias, fiscales y financieras, que en conjunto, garanticen el logro y mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, para lo cual se requiere una verdadera autonomía del Banco Central de Venezuela.
En el marco de un gobierno democrático, deberán crearse y ponerse en funcionamiento mecanismos institucionales que permitan racionalizar el uso de los excedentes de la renta, orientando gran parte de la misma a la inversión productiva, e impidiendo su utilización para financiar el gasto corriente lo cual pasa por instrumentar un sistema tributario equitativo con claros y transparentes propósitos redistributivos, y destinar parte de los excedentes a fondos de capitalización macroeconómica y previsión ante contingencias.
En materia tributaria se adoptarán medidas que incluyan la descentralización impositiva, la fijación de tasas de impuestos moderadas, la instrumentación del IVA con dimensión nacional y regional, la modernización del régimen aduanero y la reducción significativa de la evasión fiscal.
Neuro J. Villalobos Rincón
