“Si un país hace el esfuerzo para acelerar el avance económico, pero, deja atrás sus instituciones básicas, su potencial para crear riqueza se vería finalmente limitado.” Neuro J. Villalobos Rincon
El Desarrollo Económico sustentable, debe enfocarse en su sostenibilidad en el tiempo, y ser el eje central de la concepción democrática y del equilibrio social de la nación. El desarrollo económico sustentable se concibe como el desarrollo enfocado a garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico en términos del Producto Interno Bruto (PIB), la calidad de vida de los venezolanos vista integralmente, en términos de desarrollo humano y la preservación de nuestro medio ambiente en todas las actuaciones del Estado y de sus ciudadanos.
Tenemos que ser capaces de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer las capacidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, para lo cual se requiere de un proceso de cambios en el que la utilización de los recursos, la dirección de las inversiones y la orientación de los cambios tecnológicos e institucionales aumenten el potencial productivo actual y futuro para atender las necesidades humanas.
La democracia requiere de la construcción de un aparato productivo competitivo y diversificado que genere riqueza y bienestar social para el pueblo venezolano, de esta manera la transformación económica acompaña la profundización de la democracia, la disminución significativa de la pobreza y la reducción de las desigualdades. Una sociedad más equitativa, más justa, será también una sociedad más productiva, lo que hará de este modelo un esquema sostenible. El aparato productivo debe generar empleo digno para todos los venezolanos, incrementando asimismo nuestra inserción en la economía mundial en mejores condiciones que las actuales.
Eso nos lleva a transformar profundamente la relación entre sociedad, Estado, mercado y recursos naturales. Debemos reducir la dependencia del petróleo y el peso relativo de este recurso en la economía nacional mediante un fuerte crecimiento del PIB no petrolero como producto de la diversificación del aparato productivo y de un desarrollo regional equilibrado. Esta reactivación sería posible mediante la creación de estímulos fiscales a la exportación, mecanismos de cofinanciamiento a proyectos de reconversión industrial preferiblemente en desarrollos aguas abajo a nivel de la pequeña y mediana empresa (PYME) e instrumentación de programas para formar capital humano.
La democracia supone una política de desarrollo y diversificación de la economía, acompañada de un desarrollo regional equilibrado a través de una economía mixta, con orientaciones y regulaciones por parte del Estado que permitan subsanar las fallas que el libre juego de la oferta y la demanda no logre controlar, garanticen el crecimiento productivo, la generación de empleo, la lucha contra la pobreza y las condiciones que faciliten nuestra inserción en el proceso de globalización.
Un Estado promotor del desarrollo nacional que cree las condiciones macro y microeco nómicas propicias para la producción y el estímulo de diferentes mercados, con participación de la inversión privada nacional e internacional acompañadas de transferencia de tecnología, transformando las estructuras oligopólicas y monopólicas del mercado en otras regidas por la competencia, estableciendo reglas claras que garanticen la propiedad privada y la estabilidad jurídica de los inversionistas.
En este sentido es fundamental el diálogo social entre el Estado y las organizaciones de la sociedad (sindicatos, empresas, comerciantes, productores, gremios profesionales, universidades, asociaciones, comunidades organizadas y otras), con la finalidad de definir y acordar los planes de desarrollo, abordar en forma conjunta los problemas sociales y contribuir a la construcción de soluciones, de ser posible, fundadas en el consenso.
Los derechos humanos incluyen los derechos económicos y sociales: el derecho a constituir sindicatos, el derecho a la huelga, el derecho a la seguridad social y al bienestar para todos, incluyendo la protección de la infancia, la maternidad y la vejez; el derecho a la educación, a la formación profesional, a la salud, a la cultura, a la vivienda, al ocio y la seguridad económica. Es de particular importancia el derecho a un empleo estable y bien remunerado, que garantice la seguridad social del trabajador. Los derechos económicos no deben entenderse como prestaciones a sujetos pasivos y sin iniciativa sino como necesario punto de partida para la participación activa de los ciudadanos en la empresa social; no se trata de subvencionar la pobreza sino de crear las condiciones para una sociedad realmente integrada con bienestar social para todos.
