Estas tarjetas de identificación «comunitarias» han ayudado en algunas zonas a migrantes en el estado a matricular a sus hijos en las escuelas o interactuar, por ejemplo con las autoridades policiales, como único medio de identificación que tienen. Sin embargo, para el senador Blaise Ingoglia, no se deben aceptar porque fueron expedidas a sabiendas de que «estas personas no están presentes legalmente en Estados Unidos».
Los republicanos en la Legislatura de Florida dieron este martes un primer paso para prohibir a las ciudades y condados aceptar tarjetas de identificación «comunitarias» emitidas a los migrantes indocumentados.
El senador Blaise Ingoglia propuso un nuevo proyecto de ley en ese sentido, el cual ya logró hoy una primera aprobación en uno de los comités y se une así a varias leyes antimigrantes impulsadas en los últimos años por el gobernador del estado, Ron DeSantis, quien aspira este año a la presidencia de EE UU.
Estas tarjetas de identificación «comunitarias» han ayudado en algunas zonas a migrantes en el estado a matricular a sus hijos en las escuelas o interactuar, por ejemplo con las autoridades policiales, como único medio de identificación que tienen.
Para Ingoglia, sin embargo, se tratan de tarjetas que atraen a otros migrantes indocumentados a Florida.
Según el republicano estas tarjetas no se deben aceptar porque fueron expedidas a sabiendas de que «estas personas no están presentes legalmente en Estados Unidos».
DeSantis, y el Congreso estatal, de mayoría republicana, han impulsado un paquete de medidas consideradas antimigrantes por grupos civiles y humanitarios.
La SB1718
El año pasado el republicano firmó la ley SB1718, una de las iniciativas migratorias más estrictas de Estados Unidos, vista por muchos como un arma política para afianzarse en la carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano.
La SB1718, que entró en vigor en julio, establece que las empresas con más de 25 trabajadores deben usar E-Verify, un polémico sistema federal que revisa el estatus migratorio de los empleados y que desde su implementación en el marco de esa ley estatal ha llevado a muchas compañías floridanas a tener que despedir trabajadores.
Penaliza además hasta con 15 años de cárcel el transporte de indocumentados a Florida, aun cuando se trate de familiares, compañeros de trabajo o allegados.
Asimismo, las licencias de conducir para indocumentados emitidas en otros estados ya no son válidas en Florida, y ahora los hospitales y centros médicos deben preguntar por el estatus migratorio de los pacientes, lo que ha generado entre los indocumentados miedo de ir al médico.
EFE
