La negociación entre el Gobierno de Venezuela y la oposición está en suspenso mientras el Tribunal Supremo sigue sin pronunciarse sobre la participación de la candidata más crítica con Maduro.
El Gobierno venezolano tiene desde hace un mes la pelota en su cancha, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La prolongada crisis política del país —en la que la comunidad internacional ha mediado para conducirla hacia unas elecciones con garantías— está nuevamente ante un año decisivo. Y lo será tanto como lo permita el presidente Nicolás Maduro. Los últimos pasos en la negociación entre el chavismo y Estados Unidos, en el marco de los acuerdos alcanzados con la oposición en Barbados, llevaron a la dirigente opositora María Corina Machado a presentar un reclamo ante la instancia judicial por una inhabilitación de facto por una supuesta irregularidad con poco fondo jurídico.
En los últimos años, el chavismo ha frenado toda competencia en elecciones precisamente utilizando su brazo judicial. El pasado 15 de diciembre venció el plazo para tramitar los recursos a las inhabilitaciones de candidatos. Ese día, Machado acudió al Supremo. El descanso navideño, la elección de una nueva junta directiva en el tribunal y un cierre por inventario de causas hasta nuevo aviso han servido a la Sala de lo Político Administrativo del TSJ para retrasar una respuesta que mantiene a gran parte del país en ascuas y, al mismo tiempo, negar el acceso al expediente a los abogados de la dirigente.
La semana pasada fue designada la nueva presidenta de la máxima instancia judicial de Venezuela, Caryslia Rodríguez. La magistrada no solo es abiertamente militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); también fue concejal de esa formación y pertenece al entorno cercano de la primera dama, Cilia Flores. Además, preside la Sala Electoral que ordenó la suspensión de las primarias opositoras en las que resultó elegida Machado con el 92% de los votos, una semana después de haberse realizado. En su discurso de nombramiento, la nueva presidenta del TSJ instó a los magistrados a “lograr grandes victorias como lo requiere este momento tan estelar de la historia del país”.
El aparato chavista afronta, con estas premisas, un gran dilema. La negociación con la oposición ha planteado una transacción entre conceder garantías democráticas a cambio de la flexibilización de las sanciones al país para ampliar el margen de maniobra financiera de Caracas. En medio de esa encrucijada está Machado. La crisis venezolana ha entrado en un atolladero con dos escenarios extremos. El primero es dar luz verde para su participación como candidata de la oposición cumpliendo la palabra empeñada en los acuerdos de Barbados. Y el segundo, bloquearle el paso nuevamente con los costos que implique en la interlocución que el Gobierno de Maduro ha logrado con Estados Unidos.
La decisión, en semanas
La decisión debería anunciarse en las próximas semanas. “Se espera que la decisión se produzca dentro del mes de enero, pues no está vencido el plazo. Pero las demoras evidencian cierto nivel de dilema para el Gobierno. Contesta que no puede dar por terminada la negociación, y evidentemente le interesa sacar todo lo que pueda sacar de ahí [los acuerdos con EE UU]”, sostiene Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.
Fijar la fecha de la elección presidencial —que según los acuerdos de Barbados debe ser en el segundo semestre de este año—, un cronograma sobre el cual trazar una ruta para avanzar en otros aspectos, como la inscripción de nuevos votantes o la solicitud de la observación electoral, es una petición que reiteran desde distintos sectores. “Exigimos la convocatoria con fecha de la elección presidencial, a la que iremos con nuestra candidata, María Corina Machado, quien representa ese cambio que deseamos todos los venezolanos”, dijo en un comunicado esta semana la Plataforma Unitaria, que reúne a la mayor coalición opositora del país.
El Gobierno también ha dilatado esta respuesta. Qué tan competitivos serán los comicios de este 2024, si se producen, es un asunto que todavía está por definirse. “La elección será tan abierta como se pueda y tan cerrada como necesite el Gobierno”, apunta Alarcón. “El chavismo está ahora en una situación muy desventajosa. Si dice que no a la participación de Machado tendría que ir a una elección que no reconocería la comunidad internacional, en la que mantendría el poder, pero no recuperaría legitimidad, por eso lo que puede hacer es jugar con los tiempos de la elección. Si dice que sí puede participar, está en una situación de riesgo de perder el poder porque el país reclama un cambio”. En los sondeos de opinión más recientes, de finales de 2023, el 85% de los venezolanos exigía un nuevo Gobierno y en este grupo un 40% declaraba su filiación chavista.
Entre los dos escenarios extremos también hay un punto intermedio. Consiste en lograr ciertas condiciones como la observación electoral o cumplir recomendaciones que dio la Unión Europa durante su participación en las elecciones regionales y locales de 2021. Y al mismo tiempo, imponer un bloqueo a la carrera de Machado que obligue a pensar en un sustituto y así alimentar la división y la competición interna en las filas opositoras. La política de Estados Unidos, en un año de campaña presidencial y elecciones, es un factor clave. En abril, cumplidos los seis meses de licencias, debería revisarse nuevamente la flexibilización de las sanciones con las que un grupo de petroleras se han acercado a conversar con el Gobierno para retomar proyectos con PDVSA. Pero la migración de venezolanos también ha entrado en la discusión con Washington. Junto a las licencias y el intercambio de presos, también se activaron vuelos de deportación de venezolanos sin papeles desde Estados Unidos.
Aun así, en medio de la incertidumbre, Maduro ha acusado a la oposición de preparar supuestos atentados “terroristas” y la semana pasada pidió activar en todo el país la llamada “furia bolivariana”, un plan en el que civiles, militares y policías tendrán la tarea de combatir cualquier acción que consideren desestabilizadora contra el Gobierno. Mientras, Machado ha comenzado a crear sus equipos de campaña y continúa movilizándose por el país como dando por hecho que podrá competir.
Florantonia Singer/ El País de España
