La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar un fallo judicial que autorizó la venta de acciones de Citgo para cobrar compensaciones por expropiaciones de activos petroleros, mineros y deudas de acredores de PDVSA.
Los reclamos del régimen de Nicolás Maduro respecto a Citgo sobrepasan los 20.000 millones de dólares, según la consultora EMFI Scurities, con sede en Londres.
El control de la empresa fue dado a la oposición en 2019 por Estados Unidos, que desde ese año no tiene ningún vínculo oficial con el desgobierno de Maduro y considera como única institución «legítima» al Parlamento de mayoría opositora electo en 2015, que defiende su continuidad pese a que su mandato terminó en 2021.
La narcodictadura de Maduro responsabiliza al antiguo Parlamento, que «sesiona» de forma virtual en el extranjero, por un «grave perjuicio» al patrimonio del país, una acusación indignante hecha por un régimen que ha lucrado, traficado y vendido riquezas pertenecientes al pueblo venezolano con total impunidad.
«Han impedido a las autoridades ejercer las acciones necesarias para la protección de Citgo (…), cuestionó el comunicado del régimen.
Se refiere al acuerdo entre el gobierno y la oposición en una mesa de negociación que media Noruega para realizar las presuntas «elecciones presidenciales» en el segundo semestre del año con «observación» internacional.
El pacto fue celebrado por el gobierno de Joe Biden, protagonista en el proceso, y que ha oxigenado a la dictadura venezolana mediante la flexibilización de las sanciones al petróleo, el gas y el oro venezolanos bajo la condición de que se celebren presuntamente «elecciones libres».
Ninguna dictadura permite elecciones realmente libres
Ninguna dictadura en toda la historia de la humanidad ha permitido elecciones verdaderamente libres y realmente democráticas, menos en Venezuela donde el régimen controla todas las instancias jurídicas y electorales y hasta la máxima instancia: el Tribunal Supremo.
Todo no es más que una gran fachada para ganar tiempo y con el único propósito de perpetuarse en el poder bajo una construida falsa imagen de «gobierno democrático», cuando en realidad es una dictadura supeditata y controlada por la de Cuba, y enmarcada en un sistema socialista corrupto en todos los estratos gubernamentales.
Maduro indicó que «apelará a todas las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas a su disposición para evitar la venta de Citgo».
La directiva ad hoc de Citgo -designada por la oposición- había pedido a la Corte Suprema que revisara el fallo emitido por un juez federal que dio luz verde a la venta de acciones de Citgo.
Otro juez en Houston falló a favor de un grupo de acreedores que decidió sumarse a la subasta.
Con la respuesta de la Corte Suprema, el sistema legal de Estados Unidos confirma a PDVSA como la misma entidad jurídica que Venezuela y, por tanto, sus activos pueden ser rematados para pagar deudas.
La subasta de Citgo
La decisión abre el camino a la subasta de Citgo, un proceso que empezó a mediados de octubre, pese a estar condicionado por acciones legales que restan en casos pendientes.
El tribunal de distrito en Delaware que emitió la sentencia a favor de los acreedores en marzo del 2022 será el responsable de mediar en la subasta de los activos de Citgo.
La venta de Citgo podría convertirse en la mayor subasta judicial, un proceso que se extenderá durante casi todo un año debido a que el 15 de julio se ha fijado la fecha para la audiencia final de venta.
Con regularidad, las naciones y las empresas públicas se consideran entes separados, pero algunas compañías han esgrimido que PDVSA es un «alter ego» de Venezuela, por lo cual sería un activo disponible para pagar compromisos de PDVSA y del régimen.
Como era de esperar, la narcordictadura venezolana protestó sobre lo que consideró un «despojo» de la refinadora Citgo -filial de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos-, blanco de un embargo por parte de acreedores a la nación sudamericana.
AP/AFP/DLA
