La Alcaldía de Nueva York ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo de la ciudad que «modifique o suspenda temporalmente» una ley de 1981 que le obliga a dar techo a cualquier persona que lo solicite para responder así a la crisis migratoria que ha atraído a la ciudad a 122.700 inmigrantes en un año y medio.
La petición de la Alcaldía coincide con un viaje que el alcalde Eric Adams emprendió a cuatro países latinoamericanos -México, Ecuador, Colombia y Panamá- para «contrarrestar las campañas» que prometen todo tipo de ventajas a quienes viajen a Nueva York: «Solo queremos darles una narrativa real de que los albergues están llenos y que no encontrarán empleo automáticamente», afirmó Adams.
El departamento legal de la alcaldía introdujo una nueva moción al tribunal en la que argumenta que Nueva York «ha hecho más que ninguna otra ciudad en los últimos 18 meses para responder a esta crisis humanitaria», pero «el rumbo explosivo de nuevas entradas en los (servicios de) cuidados de la ciudad no muestra signos de flaquear».
«Hay una percepción global de que (la ley de 1981) amplía a todo el planeta un derecho general a obtener un alojamiento provisto por la ciudad», señala la moción, que se queja de que la entrada de inmigrantes responde a «fuerzas que se originan por completo fuera de la ciudad y mayormente fuera de Estados Unidos».
De los inmigrantes llegados a Nueva York en este año y medio una gran mayoría son latinoamericanos -principalmente venezolanos-, pero en los últimos meses también se ha detectado el arribo de cientos de personas de África del Oeste (Mauritania, Senegal o Mali), además de lugares tan remotos como Pakistán o Bangladesh.
La llegada masiva de inmigrantes ha costado a la ciudad 2.100 millones de dólares.
Agencias
