Un tribunal federal de apelaciones accedió el jueves 7 de septiembre por la tarde a la solicitud del estado de Texas (EE UU), gobernado por el republicano Greg Abbott, para mantener su barrera de boyas antimigrantes en el Río Bravo, situado en la frontera sur de Estados Unidos.
Esta disposición flotante permanecerá allí al menos hasta que se produzca una revisión adicional, tras la decisión de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE UU, con sede en Nueva Orleans (Luisiana).
El estado de Texas había argumentado en su petición que la ley federal de 1899 que prohíbe las construcciones no autorizadas en vías navegables choca con su derecho constitucional a repeler una supuesta «invasión» de población migrante en el enclave fronterizo y que la barrera les ha servido para «defenderse».
La decisión del tribunal de apelaciones contrasta con la tomada el miércoles por el magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, en la que señalaba que el grupo de boyas, de 300 metros de longitud, obstruía «la capacidad navegable» del cauce fluvial, reprendía al Gobierno estatal por no haber solicitado permiso y ordenaba retirarla antes del 15 de septiembre.
Ezra determinó también que el Gobierno estatal no había entregado «ningún tipo de evidencia creíble» de que la barrera de boyas hubiera reducido «significativamente» la migración irregular a través del Río Bravo.
Además, desde el propio Departamento de Justicia de EE UU se había instado a Texas a que quitara las boyas porque, ponían en «peligro a los migrantes», violaban dicha legislación federal y los tratados bilaterales con México.
A principios de agosto, las autoridades estadounidenses encontraron dos cadáveres de migrantes flotando sobre el río, cerca de las boyas.
Agencias
